La semana termina con un Gobierno de luto, traumatizado por el constante vapuleo de casos judiciales a su alrededor. La investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y las nuevas imputaciones en el 'caso Leire Díez' han puesto la legislatura de Pedro Sánchez en su momento más delicado, y los socios del Ejecutivo lo saben. Los 'delegados' de Sumar en Moncloa lo han detectado y buscaron este fin de semana rearmarse en Barcelona con más presión hacia el PSOE por una carpeta social cimentada sobre "vivienda, vivienda y más vivienda".
De momento, ninguno se abre a apoyar una moción de censura si el Partido Popular la presenta. Sin embargo, los partidos que apoyaron la investidura en 2023 sí han ido cambiando el discurso a medida que avanzaba la semana e iban saltando nuevos casos, lo que revela los nervios que provoca esta situación. Saben que el tiempo para conseguir que la estancia de Sánchez en la Moncloa les beneficie se puede estar acabando, y por eso tratan de aprovechar el que quede.
Esto incluye a Sumar, el partido minoritario del Gobierno, que defiende su continuidad. Aunque coinciden con el presidente en remarcar lo que ha conseguido este Ejecutivo, los magentas ya no aguantan sin pedir "explicaciones" al PSOE, como dijeron esta semana varios de sus portavoces y ministros. Los de Yolanda Díaz, que ya tienen su propio frente abierto sobre el futuro de la izquierda alternativa, se niegan a pagar los platos rotos del socio mayoritario, y pasan a la acción con un objetivo claro en mente: las medidas de vivienda.
Vuelve al juego la prórroga de los alquileres
Antes de que comenzara el carrusel judicial, justo después de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, el debate político lo copaba un asunto que Sumar quiere recuperar ahora. La prórroga de los contratos de alquiler, aquel Real Decreto-ley aprobado en marzo - crisis en Moncloa mediante -, en respuesta a los efectos de la guerra en Oriente Próximo, vuelve a ser objetivo prioritario para la coalición.
Hace ya un mes, el 28 de abril, que la medida no superó las dificultades para lograr mayorías del Gobierno, y el PP, Vox y Junts la tumbaron en el Congreso de los Diputados. Aquello ocurrió a pesar de que Sumar había conseguido negociar unas concesiones a los catalanes a las que el PSOE se negó, poniendo fin a la posibilidad de que los inquilinos pidieran prorrogar dos años su contrato de alquiler si este finalizaba antes de enero de 2028, además del límite del 2% a la actualización anual de la renta, que estuvieron en vigor durante 40 días antes de que decayeran en la Cámara Baja.
Durante los últimos días en los que el decreto parecía perdido, el ministro Ernest Urtasun anunció que había una puerta abierta, la cual se cerró poco después ante el inmovilismo de los socialistas. Sumar, que se echó a las espaldas esta negociación, anunció entonces que el Gobierno volvería a presentar el decreto "las veces que haga falta", según el ministro Pablo Bustinduy. Desde entonces, se ha estado negociando "lejos de los focos", según fuentes del partido que recoge Público, especialmente con Junts.
Los de Puigdemont pusieron una serie de condiciones a su 'sí' que en Sumar estaban "dispuestos a negociar", según el titular de Cultura, que incluían deducciones en el IRPF a quienes pagan un alquiler o hipoteca, ayudas a los caseros cuyos inquilinos se acogieran a la prórroga, o la reducción del IVA a los pequeños autónomos, que el PSOE ya se comprometió a apoyar a cambio del voto de Junts al otro decreto anticrisis.
El PSOE quiere un 'macrodecreto' con la regulación del alquiler de temporada
Hace meses, Sumar rechazaba de plano este tipo de medidas, lo cual les provocó un choque con el PSOE en octubre en el que llegaron a pedir la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Ahora el panorama es distinto, pues hay prisa por conseguir avances lo antes posible. Es por ello por lo que, en las últimas semanas, el socio minoritario ha metido en las negociaciones desbloquear el tope a los alquileres de temporada, varada en el Congreso desde noviembre de 2025.
Sumar, ERC, Bildu y Podemos llevaron esta proposición de ley a la Cámara Baja a tenor de una iniciativa legislativa popular (ILP) del Sindicato de Inquilinas, hace justo un año. El texto original proponía limitar los alquileres temporales a nueve meses, y considerar los contratos que superen ese tiempo como vivienda habitual, aumentando así la protección al inquilino a la que contempla la Ley de Arrendamientos Urbanos. La norma incluía también regular los precios de alquileres de habitaciones. El PSOE llegó a un acuerdo con el PNV para que apoyara la medida, pero los jeltzale impusieron aumentar el límite a doce meses.
En Sumar quieren aprovechar la coyuntura para desbloquear esta norma antes del verano, según el citado medio. Sobre la fórmula en la que se presentarían ambos decretos, juntos o por separado, fuentes de la coalición no se atan: "Lo que tenga más posibilidades de salir adelante", dicen. Los socialistas, que participan en estas negociaciones con Sumar y Junts a través de los Ministerios de Vivienda y Hacienda, prefieren insistir en la fórmula de juntar medidas, con un 'macrodecreto' de vivienda que incluya la prórroga de los contratos, el límite al alquiler de temporada, y las rebajas fiscales que exigen los catalanes.
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