La grave situación que se está viviendo en las residencias de ancianos madrileñas a causa del coronavirus está dejando un escenario devastador. La Fiscalía General del Estado ha informado de la existencia de un total de 38 diligencias de investigación penal abiertas respecto a la situación existente en los centros de mayores, correspondiendo 19 de ellas a centros de Madrid.

El Comité de Riesgos Laborales de la Residencia Usera, en esta misma ciudad, ha remitido un escrito al Ministerio de Sanidad para alertar y pedir ayuda por la situación en la que se encuentra el centro: "Desde el 15 de marzo de 2020 hasta la fecha de hoy han fallecido 38 de los 157 residentes que había y de los 130 trabajadores que laboramos actualmente llevamos más de 40 compañeros de baja médica la mayoría con síntomas de coronavirus. Todo por la pésima gestión, irresponsabilidad e insensibilidad de la dirección del centro, y ahora con la complicidad de la empleada pública, quien dice que la empresa está haciendo las cosas muy bien, cuando han reaccionado demasiado tarde en todo", ha escrito. 

En el texto argumentan sus quejas ante la grave situación de desamparo: "No se nos ha proporcionado los EPI, incluso al principio de la pandemia han prohibido el uso de mascarillas a trabajadoras que por sus patologías presentaban riesgo. Han ocultado información a los trabajadores y al Comité de Empresa, negando la existencia de casos de coronavirus en el centro. Hasta el día 07-04-2020 estuvieron varios residentes que según criterio clínico estaban clasificados en los grupos A, B, C y D mezclados en la misma planta".

Las quejas no solamente incumben a la gestión y provisión de material sanitario o al acatamiento de las órdenes del Ministerio de Sanidad, sino también a la falta de personal. "Hemos dado queja de la alarmante falta de enfermeros, que de 11 contratados, dos han renunciado por la mala organización y falta de protección, 6 están de baja médica quedando activos solo 3 actualmente, que no son suficientes para cubrir los ratios mínimos, quedando sin enfermero en varios turnos. La empleada pública se excusa diciendo que no hay personal enfermero que quieran trabajar", subrayan. 

La Residencia Usera es de titularidad pública, pero de gestión privada por parte de la empresa Domusvi, y recientemente ha sido intervenida por una empleada pública de la Comunidad de Madrid. En este sentido, el Comité también muestra el rechazo recibido por parte de las autoridades a cargo de la residencia: "El día 14 de abril de 2020 entregamos un escrito al director del centro, que la empleada pública se negó a recibir, solicitando que se realice la prueba de detección de coronavirus a todos los usuarios y trabajadores y que nos informen de qué manera se va a planificar la realización de los test desde la coordinación del centro de salud, departamento médico y enfermería".

Esta información ha sido facilitada a ElPlural.com por la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores de Residencias, quienes ya habían denunciado ante este periódico "los incumplimientos gravísimos de las ordenes del Ministerio de Sanidad" por parte de varias de las residencias madrileñas.