El problema de la vivienda es una de las principales preocupaciones actuales para la población española, siendo un escenario más acuciante para los jóvenes. Una realidad que no es ajena a la política europea y, por ello, desde el grupo europarlamentario The Left han dado forma a la voz de la ciudadanía. A través de una encuesta realizada por el Ateneo del Dato, ha quedado constatado que más de la mitad de la población, el 60%, cree que nadie debería tener más de tres viviendas en propiedad.
Entre muchos de los parámetros que se abordan en el estudio -con muestra de 2.200 personas y tomando percepciones del mercado de la vivienda en España, Portugal, Italia y Grecia-, que pasan por la inversión en vivienda o el exponencial precio de los alquileres, uno de los puntos clave en los que se centra es, precisamente, en la prórroga de los alquileres que próximamente se llevará a votación en el Congreso de los Diputados.
Punto por punto, la encuesta impulsada por la eurodiputada de Sumar Estrella Galán, integrada en el grupo europarlamentario The Left –cuya vicepresidencia ostenta la exministra de Igualdad, Irene Montero, y en la que están integrados eurodiputados de Podemos, Movimiento Sumar y EH Bildu- reitera que, en cuanto a la propiedad de un inmueble, el 32% de los encuestados creen que el límite debería estar en dos, mientras que el 10,4% opina que debería ser una. Siguiendo este hilo, el 75% considera que deberían pagar más impuestos aquellos caseros que tengan dos o más viviendas en propiedad.
De acuerdo con la encuesta, el 68,4% de los encuestados ve favorable limitar los precios del alquiler y, en distinción por términos ideológicos y/o políticos, piensan así el 55,5% de los votantes del Partido Popular y un 53,2% de Vox, aunque los que más son los socialistas del PSOE con un 57,1%. La cifra total asciende a un 76,6% entre aquellos que viven de alquiler.
Con respecto al acceso a la vivienda y a las consiguientes causas que han reducido la oferta para un alquiler de larga duración, un 71,6% refiere que la acumulación de muchas viviendas en grandes tenedores ha influido mucho o bastante, mientras que el 74,8% añade que esto se debe a la compra de viviendas con fines de inversión, incluso que este parámetro, en un 72,1%, debería frenarse si se trata de empresas o particulares. Como otra de las consecuencias de esta realidad, la encuesta apunta la culpa a las agencias y portales inmobiliarios que encarecen los precios, en un 75%.
Posteriormente, en términos de inversión en clave estatal, el 82,9% de la población vería con buenos ojos que el Gobierno destinase un 1% del PIB a esta necesidad, lo que implicaría multiplicar por diez la inversión actual para la construcción de vivienda pública en calidad de alquiler asequible, así como la rehabilitación de viviendas vacías.
Sobre la votación de la prórroga de alquileres
En este punto, la encuesta de The Left también aborda una cuestión que el próximo 28 de abril volverá a ser epicentro de la discusión política: la prórroga de los alquileres, en línea con el Real Decreto Ley 8/2026. En este sentido, el 73% de los encuestados apoya la medida, situándose en contra un 22,2%.
Este porcentaje también está suscrito a la ideología de los preguntados en la encuesta. Por ello, desde Sumar y PSOE muestran los porcentajes más altos, un 91% y 81%, respectivamente, aunque, contra todo pronóstico, también desde las derechas se sitúa una percepción positiva: los votantes del PP comprenden el 65%, mientras que los de Vox el 60%.
Con estas cifras sobre la mesa, la encuesta también plantea la posibilidad de replantearse la dirección del voto en caso de oposición en el Congreso. Por ello, un 48,7% de la ciudadanía afirma que se lo replantearía “mucho” o “bastante”, siendo los votos aún por determinar los de la derecha y ultraderecha, situándose estos porcentajes en el 32% y el 26%, respectivamente.
Bajo la misma premisa, incluso nueve de cada diez españoles (el 93,4%) considera que los precios de los alquileres actualmente son altos o muy altos, sin presentarse una diferencia excesiva entre inquilinos (95,5%) y propietarios (92,9%). Su impacto, a la par, se refleja en que un 48,6% reconocen que, entre ellos o gente conocida, han tenido que mudarse de vivienda en los últimos años por la subida del precio o la no renovación del contrato.