Patricia Hernández, diputada PSOEEl Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid archivó en mayo la denuncia por amenazas y coacciones que José Iván Rosa Vallejo, marido de Soraya Sáez de Santamaría, interpuso contra los convocantes del “escrache” a la vicepresidenta del Gobierno.

Hace poco más de un año, la Audiencia Nacional acordó archivar también la causa abierta contra los convocantes de la manifestación del 25-S frente al Congreso de los Diputados al considerar que no existió delito contra las altas instituciones del Estado ya que la “larga sesión” del Congreso se desarrolló “normalmente” y el Código Penal tipifica como delito alterar el normal funcionamiento de la Cámara cuando estén reunidos.

Bien pues, el Gobierno actúa… no nos gustan las movilizaciones sociales, los jueces no nos dan la razón… quitemos de en medio a los Jueces…. ¡Se acabó el problema!

Y así participar en una manifestación o concentración frente al Congreso podrá ser sancionado con 600.000 euros. Sin que sea falta o delito, sin que sea infracción penal, sin que lo determine un juez, vía administrativa, vía gubernamental.

He visto decenas de concentraciones frente al Congreso, he visto a jubilados y jubiladas que reclamaban respuestas, al sentirse estafados por sus bancos que les engañaron con las preferentes. He visto como a las puertas del Congreso llegaban, de forma espontánea, decenas de funcionarios y funcionarias a protestar porque Rajoy acababa de anunciar que les suprimiría la paga extra. He visto emigrantes retornados, he visto a colectivos de personas con discapacidad, a mayores reclamar por sus pensiones... por ver, vi, a las puertas del Senado, a los que se llaman a sí mismos "provida" protestar contra lo que decíamos y aprobábamos dentro, la ley de salud sexual y reproductiva, el 3 de marzo de 2010.

A unas y a otros, el Gobierno les lanza un mensaje claro: "a callar" . El Gobierno pretende callarles, silenciarles, o en su defecto... que les salga muy muy muy caro protestar. Las posibles multas por estas concentraciones, o por convocarlas en internet o redes sociales, van desde 30.001 (sí, esta es la cuantía mínima) a los 600.000 euros, repito, seiscientos mil euros. Y todo esto por la vía administrativa, sin que lo decida un juez.

Es bastante sencillo, como los jueces no les daban la razón, sortean el control judicial: sencillo, sencillo. Y la consecuencia práctica de esta reforma es que infracciones administrativas tendrán una mayor sanción que infracciones penales, así será.

Pretenden reprimir por vía gubernativa derechos fundamentales de los ciudadanos, sin que participe un juez. Pretenden castigar a los ciudadanos por conductas que los jueces no consideran delictivas, sin las garantías de un proceso judicial y vulneran los derechos fundamentales básicos, como el derecho de manifestación.

El Gobierno criminaliza la protesta social y la persigue de una forma nada propia de sistemas democráticos. Cuidado a las manifestaciones a las que vas... cuidado lo que tuiteas (me acuerdo ahora del "tanto Twiter y tanta opinión" de Teófila Martínez) cuidado con las fotos que sacas con tu móvil a los antidisturbios, cuidado con las fotos que cuelgas de ellos en el Facebook... Sin que participe un juez te pueden caer 600.000 euros de sanción administrativa

Es sin duda una iniciativa de represión ciudadana, impropia de un sistema democrático, restricciones de derechos y persecución de las protestas....y no... Está claro... no es la crisis (ni con esto ni con nada) es la ideología.

Patricia Hernández es diputada socialista en el Congreso

En Twitter es @PatriciaHdezGut