Viajan a Bruselas cargados de razón y de deseos de conseguir justicia. Una delegación de víctimas, asociaciones  e instituciones, se presentan este martes y miércoles ante el Parlamento Europeo con el objetivo de conseguir el apoyo de la Eurocámara para que desde Europa se inste a España a la creación de una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo. Si así fuera, el Gobierno de Mariano Rajoy se encontraría ante un nuevo recordatorio internacional de que debe cumplir con sus obligaciones.

El grupo  está formado por representaciones de toda España de víctimas, de asociaciones de Memoria Histórica, de Bebés Robados, miembros de la Plataforma por la Creación de una Comisión de la Verdad, la Fundación Internacional Baltasar Garzón y la Dirección General de Memoria Democrática  de la Junta de Andalucía

Que España cumpla
La delegación entregará a la comisaría de peticiones la documentación de unas 500 víctimas y se reunirá con una serie de europarlamentarios. Lo que esperan es que  sean ellos quienes presenten una declaración ante sus colegas eurodiputados que se resume en la petición  de la creación de una Comisión de la Verdad, que  España cumpla  sus obligaciones internacionales y atienda a las recomendaciones de Naciones Unidas.

Eurodiputados a favor
Los eurodiputados que acudirán a este encuentro son Willy Meller (IU), Raúl Romera (IU), Miguel Angel Martínez (PSOE), Vicente Garcés (PSOE) e Iñaki Irazabalbeita (Aralar). La delegación realizará asimismo una comparecencia con medios informativos y después, una Audiencia pública, dirigida a los miembros del Europarlamento para informarles del contenido de su solicitud.

El voto a favor de Europa
El objetivo es conseguir que los eurodiputados voten favorablemente su propuesta de modo que esta resolución tenga un carácter formal que lleve a  la Comisión Europea a insistir ante el Gobierno del PP en la necesidad de poner al día lo que, visto lo visto, es para el Ejecutivo un asunto espinoso

Una nueva recomendación internacional…
Es decir, que el  Gobierno español se podría encontrar ante la recomendación europea de crear una Comisión de la Verdad.  Hay que considerar que hasta la fecha, la administración ha ido soslayando todas las acciones dirigidas no ya a investigar aquella etapa, sino  siquiera a cumplir las  obligaciones que marca la todavía vigente Ley de Memoria Histórica.

…además de las que ya hizo la ONU
Del mismo modo no parece que el ejecutivo haya dado muestras de reaccionar ante las recomendaciones efectuadas por distintos organismos de Naciones Unidas como el grupo de trabajo de desapariciones forzadas, el comité o el relator que se desplazaron a nuestro país, recogieron la información de centenares de interesados y especialistas y entregaron un informe planteando a España que debe dar respuesta a las víctimas.

Reticencia ante las exhumaciones
No hay que olvidar además, la reticencia de distintas instancias  de facilitar a asociaciones memorialistas y familiares la exhumación de las víctimas de desapariciones forzadas, como se ha visto en el caso del Ayuntamiento de Valencia que durante casi cinco años ha estado negando a unos ancianos la recuperación de los restos de su padre, Teófilo Alcorisa.

A base de presionar
En este caso han hecho falta las presiones del grupo socialista incluso en el Congreso de los Diputados y la denuncia ante el juez del abogado de la familia, Baltasar Garzón para que  la alcaldesa, Rita Barberá, anunciara en el último pleno municipal el permiso para excavar en la fosa que se encuentran en el cementerio de la ciudad.

Disgustos y alguna alegría
Claro que el disgusto de los populares en el poder ante este tema se ha encontrado en ocasiones con el contrapunto de pequeñas alegrías. Como la que el 27 de febrero de 2012 les proporcionó la Sala II del Tribunal Supremo en su sentencia absolutoria hacia el juez Baltasar Garzón por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo.

Con el acuerdo del Supremo
Aquí añadieron los magistrados un párrafo fundamental que se resume en que no se pueden investigar penalmente los crímenes del franquismo, que los delitos están amnistiados y han prescrito y que a esos crímenes no se les pueden aplicar los principios del Derecho Penal Internacional. Decisión muy criticada por muchos juristas nacionales e internacionales.