Las movilizaciones en las calles de España no cesarán tras la caída de los decretos de vivienda. El pueblo persiste en la lucha con el objetivo de parar el país. Esa es la consigna que se repiten en las organizaciones convocantes y que han traslado ya a los principales sindicatos. El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, así lo hizo saber a última hora de la noche ante los micrófonos de Hora 25 de la Cadena SER. El líder sindical no descarta la convocatoria de una huelga general ni tampoco “ninguna hipótesis”, fijando como meta una “jornada de lucha” que derive en “mejoras para los trabajadores”.
Álvarez precisó durante la entrevista que lo “importante” en el momento actual es poder “confeccionar una plataforma” que aglutine reivindicaciones permita ir hacia una movilización. “Que la convoquemos y la hagamos”, resumió el dirigente de UGT, quien al mismo tiempo evitaba ser rotundo sobre si apoyaría una huelga general. Por el momento, en el sindicato están “valorando” las opciones, pero sí se ha mostrado “partidario” de aprovechar lo que ha definido como un “gran momento” para movilizarse. Con matices, eso sí, pues entiende que el problema de la vivienda no es homogéneo en todo el territorio nacional, estableciendo una clara diferenciación entre las zonas rurales y las grandes ciudades.
“Nosotros somos organizaciones que tenemos cientos de miles de delegados y delegadas en las empresas que son los que pueden activar una huelga general”, subrayó Álvarez, al mismo tiempo que aseguraba que están trabajando para “ver en qué medida damos una respuesta unitaria que tiene que ser de las dos organizaciones sindicales”, en referencia a Comisiones Obreras, quienes tampoco han descartado la convocatoria de un parón nacional.
El hilo conductor de la conversación continuó hasta la votación de los dos decretos sobre vivienda que Partido Popular, Vox y Junts tumbaron este viernes en el Congreso de los Diputados. Álvarez entiende que sendas iniciativas “están lejos de solventar el problema gravísimo de la vivienda”, pero arremetió contra los conservadores por no haber querido afrontar la crisis ni “desde las comunidades autónomas” ni desde “la inmensa mayoría de los ayuntamientos”.
“Han parado todo lo que tiene que ver con la construcción de vivienda. Tienen las competencias, tienen recursos, tienen la posibilidad de poder desarrollarlo. Han boicoteado la ley del suelo en el Congreso de los Diputados que ha impedido que se pudieran desarrollar planes de vivienda”, lamentaba el líder de la UGT, que aprovechó la coyuntura para aludir a la polémica de Feijóo con las bajas laborales. “Escucharle hablar de las enfermedades y las bajas de los trabajadores de nuestro país da náuseas”, remató.
Protestas, pero sin huelga general
Por el momento, los dos grandes sindicatos del país elaboraron un comunicado conjunto tras la caída de los decretos. Tanto CC.OO. como UGT pedían este viernes que los ciudadanos participasen en las protestas convocadas por toda España contra la negativa del Congreso a convalidar los dos textos aprobados en Consejo de Ministros. “La votación instala al país en una situación de bloqueo político y alimenta una indignación social de enorme magnitud. Ante ello, la respuesta que procede es la movilización”, precisan.
Sendas organizaciones aseguran en el escrito que reunirán a sus órganos de dirección para valorar la deriva política y decidir cómo configurar una “estrategia de unidad de acción sindical y de confluencia” con movimientos sociales, vecinales, de inquilinos y demás sindicatos. Al mismo tiempo, censuran el rechazo de PP, Vox, Junts y UPN a los decretos pese a que sus medidas “no resolvían por sí solas la crisis”. Sin embargo, estiman que eran “necesarias e inaplazables”.
Sendas centrales sindicales han apuntado al encarecimiento del acceso a la vivienda como el “principal factor de empobrecimiento y desigualdad en España”, al vulnerar el artículo 47 de la Constitución y neutralizaría las subidas salariales pactadas en convenio y las mejoras del salario mínimo interprofesional (SMI). “Nuestro país crece como nunca, pero su modelo económico extractivista de rentas no permite que la riqueza que se genera se reparta equitativamente. Los grandes beneficios empresariales no se trasladan de manera suficiente a los sueldos, mientras el alza de los precios lastra el poder de compra de millones de personas trabajadoras”, concluyen.
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