El Sindicato de Inquilinas presiona a los diputados con una campaña de cartas masivas exigiendo la prórroga de alquileres

El Congreso de los Diputados votará, el próximo martes 28 de abril, la convalidación del Real Decreto-ley que contiene la prórroga de los alquileres impulsada por el Gobierno de coalición. La lógica parlamentaria anticipa que la medida, impulsada por Sumar, decaerá por los votos contrarios del Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya, pero los magentas no tiran la toalla. El movimiento de la vivienda tampoco, por ello han iniciado una campaña para presionar al conjunto de los diputados a través de una campaña de envío masivo de correos electrónicos.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas de toda España ha lanzado la campaña, que reúne ya en torno a 15.000 cartas, que serán remitidas a los correos de trabajo de los diputados. El Sindicat de Llogateres de Cataluña es el responsable directo de esta iniciativa, dado que el sostenimiento de la prórroga depende directamente, descontando el eterno ‘no’ de PP y Vox, de la derecha catalana. Sin embargo, los de Carles Puigdemont ya anunciaron que no apoyarían la medida en el momento de su anuncio.

Las tiranteces con Sumar durante las negociaciones tampoco han ayudado. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, calificó la deriva política de los independentistas de "racista y clasista" y Junts encontró en estas palabras la excusa perfecta para zanjar las negociaciones y certificar una negativa que ya tenía clara, pero que pretenden justificar con este ataque. Si deciden definitivamente tumbar el Real Decreto-ley 8/2026 los perjudicados serán un millón de contratos y 2,7 millones de personas que potencialmente podían beneficiarse de la prórroga, no la líderesa magenta y su formación.

“Esta norma, que ha estado vigente durante apenas 30 días, evita temporalmente la expulsión de cientos de miles de familias de sus casas. No hace falta ser un experto en la materia para entender la importancia de mantener esta medida”, exponen desde la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. “El decreto de prórrogas de alquiler es un pequeño balón de oxígeno en medio de la crisis de vivienda”, insisten. “Por eso, te pedimos que nos ayude a presionar a los diputados que quieren tumbarlo. Llenemos sus buzones electrónicos exigiendo la prórroga de los alquileres”, zanjan.

¿Qué contiene el decreto?

El arrendatario de una vivienda puede solicitar la prórroga extraordinaria de su alquiler si este finaliza antes de 2027. La extensión del contrato será de un máximo de dos años, tiempo durante el que se mantienen los términos y condiciones ya suscritos por las partes. Además, se establece un tope máximo a la revalorización anual ubicado en el 2%. Estas dos medidas, que ya han solicitado miles de familias, podrían decaer. No obstante, todavía puede solicitarse y, muy probablemente, los tribunales decidirán en a futuro.

Por el momento, se puede solicitar cumpliendo exclusivamente dos requisitos: que la finalización de la prórroga obligatoria o tácita se vaya a producir entre 22-3-2026 y 31-12-2027 y que se envíe una solicitud expresa al arrendador, por escrito y con comprobante de entrega. No obstante, sí que se recogen dos excepciones habituales en otros casos: que el casero comunique su necesidad de ocupar la vivienda, como recoge la propia ley de Arrendamientos Urbanos, o que las partes lleguen a otro acuerdo o celebren un nuevo contrato.

No es necesario que el arrendador hubiese comunicado su intención de no renovar el contrato. Cumplidos estos requisitos y solicitada la prórroga, las condiciones que se establecen son las ya contempladas en el contrato previo. Es decir, ambas partes deben cumplir con sus derechos y obligaciones. El arrendador debe mantener la vivienda en alquiler y en condiciones óptimas de habitabilidad y el inquilino debe pagar la renta mensual. Además, la actualización anual de la renta se limita al 2% durante el periodo de prórroga.