El Sindicato de Inquilinas exige al Gobierno que incluya medidas de vivienda en el decreto de respuesta a la guerra

Las consecuencias de la ofensiva ilegal lanzada por Estados Unidos (EEUU) e Israel contra Irán han permeado los mercados y la falta de un final próximo anticipa que el golpe irá más allá de los carburantes. Los efectos de segunda ronda, especialmente en transporte y alimentación, y la avaricia de las empresas, que pretenden utilizar otra coyuntura internacional para justificar subidas en todos los sectores, obligan al Gobierno a aprobar un decreto de respuesta y contención. Los diferentes partidos ya han trasladado a la coalición sus propuestos, igual que los agentes sociales sistémicos, pero el movimiento de vivienda también tiene exigencias.

La Confederación de los Sindicatos de Inquilinas de toda España han movido ficha y exigen al Ejecutivo que también incluya dentro del escudo medidas que aborden la crisis habitacional. Más cuando varios bancos ya han anticipado que aprovecharán la situación para subir el precio de las hipotecas. “La vivienda, siendo el principal factor de empobrecimiento de los hogares españoles, debe contemplarse en el Real Decreto de medidas para hacer frente a la inflación por la guerra de Irán”, aseveran desde la organización, aportando a su vez tres propuestas claras.

1,6 millones de personas pueden verse en la calle si el Gobierno no actúa

“La congelación del precio del alquiler de contratos en vigor”, evitando especulaciones aprovechadas; “una prórroga automática de tres años para los 600.000 contratos que se extingan el este próximo año”, lo que podría derivar en una expulsión masiva de inquilinos; y “la recuperación de la moratoria antidesahucios”, que decayó hace poco más de dos semanas por el voto en contra de Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya, dejando a más de 60.000 familias vulnerables sin alternativa y expuestas a las prácticas de los buitres.

“Los conflictos bélicos en zonas energéticamente estratégicas suponen un movimiento que desencadena una mayor tensión en los alquileres de las ciudades y la entrada en España, como país seguro dentro de la UE, de capitales extranjeros refugiando sus inversiones en el sector inmobiliario”, añaden una variable más que derivaría en el “acaparamiento de inmuebles por parte de los fondos buitre que buscan especular con un bien de primera necesidad”. Tesis que el Ejecutivo progresista no debería de permitir.

Motivos para que el Gobierno actúe

La previsión es que el Gobierno apruebe el decreto el próximo martes, en el marco del Consejo de Ministros, y por el momento no se ha deslizado la posibilidad de incluir medidas habitacionales, pese a la situación extrema a la que se enfrentarán familias que, ya asfixiadas por los alquileres o hipotecas, tengan que asumir subidas en sus rentas o cuotas, a más del encarecimiento del transporte o la cesta de la compra. “La vivienda es el principal gasto que tienen los hogares españoles, destinando más del 50% de los salarios al pago del alquiler”, recuerda el sindicato a la coalición.

Es más, en ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga el porcentaje de rentas de trabajo destinadas al pago de la vivienda puede alcanzar hasta el 71%. Para evitar que este estrangulamiento sea aún más mortal, desde el Sindicato de Inquilinas llaman a “la congelación inmediata de los precios de los alquileres a través de la eliminación de las actualizaciones anuales, actualmente definidas por el Índice de Referencia de Alquileres de Vivienda (IRAV)”.

Además, el vencimiento de 600.000 contratos de alquiler afecta a 1,6 millones de personas en todo el Estado. “Pueden verse en la calle si el Gobierno no actúa de urgencia en un contexto inflacionista”, alerta la Confederación, defendiendo el establecimiento de una “prórroga obligatoria de los contratos de alquiler”, tal y como se hizo en el paquete de medidas para frenar la inflación durante la guerra de Ucrania, medida apoyada por expertos como el secretario general de economistas de Cataluña.

Por último, el sindicato destaca que "es urgente recuperar la moratoria antidesahucios para evitar un pico de expulsiones sin precedentes de familias vulnerables que no tienen alternativa habitacional”. Decenas de miles de procesos de desalojo se están reactivando, a los que hay que sumar los lanzamientos por impago hipotecario que puede propiciar una hipotética subida de los tipos de interés acometida por el Banco Central Europeo (BCE).

“Si la vivienda es el cuarto pilar del estado del bienestar, el Gobierno y los partidos que apoyen este decreto deben responsabilizarse de abordarlo como tal. Sería incomprensible que medidas como limitar el precio de los alquileres o la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler, que sí se tomaron durante la guerra de Ucrania, no se activen de la misma manera en este conflicto”, zanjan desde el Sindicato de Inquilinas. Ahora, le toca decidir a los responsables.