Los fondos buitre ya no están a salvo en Madrid: las acciones contra los especuladores se multiplican

Los fondos buitre, cuyo negocio radica en especular con un bien de primera necesidad a costa de arruinar la vida a miles de personas, no deberían ser acogidos en cualquier país que se precie. Sin embargo, los gobiernos de las diferentes administraciones abren los brazos a sus inversiones crueles, anteponiendo dinero machado a la propia ciudadanía. Cada vez más viviendas se han visto desprovistas de su carácter habitacional, transformadas en un bien de mercado del que arrojar a familias entras, con la inestimable colaboración, por acción u omisión, de la clase política.

La unión de la clase trabajadora en los barrios es, como siempre, la única resistencia que se están encontrando los especuladores. Frente a grandes fortunas, comandos de desokupación, una Justicia cómplice que ignora la mínima protección legal y unas fuerzas del orden que no son más que el brazo ejecutor de la barbarie; tan solo vecinas agrupadas y organizadas, con orgullo y dignidad. La ciudadanía se ha cansado de resistir en silencio, parapetada en sus calles y resistiendo mientras sus amigos y familiares son ajusticiados uno a uno y se han lanzado a la trinchera enemiga.

Sindicatos barriales de la Comunidad de Madrid (Carabanchel, Moratalaz, Tetuán, Villalba, Vallecas, etc.) llevan años realizando, igual que otras localizaciones del país (por ejemplo el Sindicat de Llogateres de Barcelona en el Hotel Moxy), acciones en sedes de fondos buitre, bancos, instituciones públicas, inmobiliarias para denunciar la situación que atraviesan. Una serie de actuaciones que se multiplican igual de rápido que el hartazgo y la desesperación de la gente. La última ha llegado de la mano del Sindicato de Inquilinas, que ha ocupado un famoso hotel de la capital cuyo propietario es un fondo buitre que quiere especular con miles de viviendas.

Centenares de vecinas irrumpieron este jueves en el Hotel Marriot Princesa Plaza, propiedad del fondo buitre Brookfield Asset Management, para protestar por la compra de sus viviendas por parte del fondo. El mensaje es claro: las vecinas no van a aceptar ni subidas de alquileres ni expulsiones de sus viviendas. Los especuladores canadienses pretenden desembarcar en el país haciéndose con 5.300 viviendas, en manos de uno de los grandes fondos buitre, Blackstone, propietario a través de Fidere, por 1.200 millones de euros.

Las afectadas accedieron al hotel con pancartas que rezaban lemas como “fuera buitres de la vivienda pública” o “Casas para vivir, no para Brookfield” y entregaron una carta al director del hotel expresando su preocupación ante la amenaza de incrementos de renta y de no renovación de contratos, lo que desembocará en desahucios. Es más, Fidere ya ha ido haciendo el trabajo sucio al comprador interesado al no renovar contratos a múltiples familias, expulsándolas a la calle. Pero Brookfield se encontrarán a una comunidad organizada.

"Que no se piensen que van a comprar un caramelo, lo que van a encontrar es un problema", trasladan portavoces de las vecinas, distribuidas en 23 bloques. Además, por desgracia, llevan luchando años contra Blackstone, obteniendo más de una victoria. Actualmente se encontraban luchando contra las cláusulas abusivas presentes en los contratos de arrendamiento, cuando se enteraron de la puesta a la venta masiva de sus viviendas. Lo más sangrante de todo es que las 5.300 viviendas fueron públicas o de protección oficial en tiempos pasados.

Es más, entre ellas se encuentra el paquete de 1.860 viviendas públicas que la administración del Partido Popular (PP), capitaneada por Ana Botella, vendió a precio de saldo (68.000 euros cada una) a Blackstone en 2013. En 2026, 13 años después, una nueva compra masiva, por mucho más dinero, amenaza la vida de los mismos madrileños, razón por la que el Sindicato de Inquilinas insiste en exigir a las administraciones públicas, entre ellas el Ministerio de Vivienda, que recuperen las viviendas para el parque público y protegido.

Miles de familias, compuestas por personas mayores, trabajadores, niños y niñas, residen hoy en estas y en el resto de las viviendas que completan las 5.300 que pueden ser objeto de compra. Hogares estables, con contratos de arrendamiento en vigor y arraigo en sus barrios que se convierten en número de una cartera inmobiliaria. La cotidianidad afable de los barrios sustituida por un cotidianidad cruenta y al servicio de las élites. Menos mal que la Constitución blinda el derecho a la vivienda, sino que sería de nosotras.