La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha protagonizado ríos de tinta y horas de tertulias en radio y televisión durante estos dos años de legislatura, muy especialmente, a partir de los cinco días de reflexión del presidente del Gobierno. La policía de los jueces ha sido la encargada de investigar y elaborar informes de la mayoría de las causas mediatizadas que afectan a la clase política de nuestro país, de orilla a orilla. Y muchos de esos avances de investigación han marcado la agenda mediática y política española.
En las últimas horas se ha conocido un informe de la Fiscalía que critica las diligencias de los agentes de la UCO por mantener velocidades distintas en según qué causas judiciales. Celeridad o lentitud. Publicidad o mutismo. Izquierda o derecha. El escrito niega las prematuras conclusiones obtenidas por los agentes de la benemérita ya que “tras efectuar un análisis individualizado de los productos bancarios, se ha constatado que una mayoría significativa de estos carecen de relevancia para la investigación, razón por la cual no ha sido incorporados al cuerpo del informe, recogiendo dicho Cuerpo Policial en su informe solo el análisis efectuado a 10 cuentas de entre las más de 200 que fueron entregadas. Así que ninguna conclusión puede extraerse del mismo”, indica el texto.
ElPlural.com se ha puesto en contacto con fuentes cercanas a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para preguntar al respecto de esta desacreditación por parte del ministerio público, pero han optado por guardar silencio en disonancia a otras casuísticas anteriores en las que sí se pronunciaron.
Dicho informe de la Fiscalía Anticorrupción detalla que la UCO parece no haberse mostrado tan dispuesta a seguir el rastro del dinero en el caso Montoro, exministro de Hacienda durante el mandato de Mariano Rajoy, acusado de liderar una trama urdida para favorecer fiscalmente a empresas, sobre todo gasísticas, con la legislación de su cartera. La fiscal del caso, Carmen García Cerdá, ha apuntado que el informe de la UCO sobre la causa que afecta a la derecha política “tiene un alcance limitado”. Con ello sobre la mesa, Anticorrupción no ve verosímiles las afirmaciones sostenidas por las defensas de los investigados que exculpan a Equipo Económico de los pagos y retribuciones irregulares, comisiones o dádivas a funcionarios.
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No obstante, el informe fiscal apunta que “con independencia que deba completarse el análisis de cuentas bancarias, ya se sabe que sí que hubo pagos efectuados desde Equipo Económico a alguno de los funcionarios implicados, como constata por el modelo tributario 190 aportado a la causa”.
El Tribunal Supremo, máximo y superior órgano jurídico, tardó apenas siete días en adelantar el fallo que condenaba al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aunque más de dos semanas después de ello no se haya publicado la fundamentación jurídica de la sentencia. Sin embargo, la justicia pidió a la UCO que elaborase un informe sobre las actividades de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, hace más de cinco meses. 160 días después, dicho informe no ha sido elaborado ni publicitado. Esto contrasta con la actividad de investigación en causas como la de José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, mucho más apresuradas y depuradas.