Lo que para muchos es la vuelta al trabajo tras el verano, para la política española es el regreso a los tribunales. Septiembre abre un calendario judicial cargado de citas con enorme repercusión política: el juicio al fiscal general Álvaro García Ortiz, las nuevas declaraciones en la causa de Begoña Gómez, la sombra del caso Koldo y las derivadas del caso Ayuso. La agenda judicial se convierte así en un tablero paralelo al político, donde cada auto, cada citación y cada filtración se traducen en munición para los partidos.
La frontera entre política y justicia, cada vez más difusa, afronta un mes en el que la pugna se redobla: la derecha pretende rentabilizar las causas que afectan al Gobierno —Hurtado, Peinado y Koldo—, mientras la izquierda busca virar el foco hacia las responsabilidades de la derecha, ya sea con Montoro, con las negligencias derivadas de la DANA o con el polémico caso que rodea al novio de Ayuso. En definitiva, septiembre no es solo el inicio del curso judicial: es también el comienzo de una nueva temporada de confrontación política con los tribunales como escenario.
Un calendario marcado por la política
El arranque solemne del año judicial el 5 de septiembre en el Tribunal Supremo abrirá la puerta a un mes en el que la política tendrá probablemente más peso en los juzgados que en el propio Congreso de los Diputados. La cita, presidida por el rey Felipe VI, servirá de pistoletazo de salida a un calendario donde las causas judiciales con ramificaciones políticas marcarán la agenda informativa.
El fiscal general, Álvaro García Ortiz, afronta un proceso por revelación de secretos, acusado de haber filtrado un correo que contenía datos personales y fiscales comprometidos del entorno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La apertura de juicio oral, que se espera en estas semanas, lo sitúa en una posición inédita: nunca antes un fiscal general en ejercicio había tenido que sentarse en el banquillo. La dimensión del caso excede lo estrictamente jurídico, porque afecta al máximo representante del Ministerio Fiscal, cuestiona la independencia de la institución y abre un flanco que la oposición considera letal para el Gobierno.
A su lado, el siempre polémico juez Juan Carlos Peinado continuará con la instrucción de la causa que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Peinado ha citado a declarar a su asesora Cristina Álvarez el 10 de septiembre y a Gómez el día 11, en el marco de una investigación por presunta malversación relacionada con su cátedra universitaria. El caso, aunque jurídicamente aún en fase embrionaria, ya tiene un impacto político enorme: es la primera vez que un juez imputa a la esposa de un presidente en ejercicio, y el mero hecho de las citaciones ha abierto un debate sobre la instrumentalización de los tribunales en la pugna política.
En paralelo, el caso Koldo, que afecta al exasesor socialista Koldo García Izaguirre por presunta corrupción en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia, sigue proyectando una larga sombra sobre el PSOE. Aunque septiembre no llega con vistas señaladas, el procedimiento mantiene vivo un relato de irregularidades en el entorno del exministro José Luis Ábalos que la oposición se esfuerza en explotar como prueba de la corrupción sistémica en el Gobierno.
Son tres frentes de enorme potencia mediática que Partido Popular y Vox no dudan en presentar como símbolos de un Ejecutivo bajo sospecha. Su estrategia pasa por reforzar la idea de que Pedro Sánchez no solo está debilitado en lo político, sino cercado en lo judicial. Cada nueva diligencia, cada filtración, cada citación se convierte en munición parlamentaria y en titulares que buscan socavar la credibilidad del Gobierno.
La izquierda contraataca: Montoro, la DANA y el novio de Ayuso
Pero septiembre también ofrece munición a la izquierda. El recuerdo del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro regresa con fuerza a la agenda judicial a través de los recursos pendientes sobre su polémica amnistía fiscal. El Tribunal Supremo tiene aún que pronunciarse sobre varias aristas de aquella medida aprobada en 2012, cuestionada por su encaje constitucional y por los efectos que tuvo en la regularización de grandes fortunas. Para el PSOE y sus socios, es una oportunidad de señalar al PP como el partido que favoreció a las élites económicas en plena crisis, reavivando un episodio que conecta directamente con la desigualdad social. El caso Montoro funciona, así, como contrapeso narrativo frente a los procedimientos que afectan al Gobierno.
La DANA que devastó varias comunidades en agosto también tendrá eco en septiembre en clave judicial. Los sindicatos de técnicos y los ayuntamientos afectados preparan demandas y reclamaciones administrativas que podrían apuntar a la falta de previsión en infraestructuras críticas, como cauces de ríos y planes de evacuación. La izquierda, especialmente desde gobiernos autonómicos y municipales, tratará de situar a las administraciones del PP en el foco, acusándolas de negligencia en la gestión del territorio y de haber recortado en prevención climática.
Y, como telón de fondo, continúa vivo el caso del novio de Ayuso, que comenzó con la confesión de delitos fiscales y que después derivó en la investigación contra el fiscal general. Aunque la causa principal ahora se centra en García Ortiz, la izquierda madrileña —PSOE y Más Madrid— insiste en mantener el foco en el propio Alberto González Amador y, por extensión, en la presidenta autonómica. La estrategia consiste en recordar que no es solo la izquierda la que está bajo el microscopio de los tribunales: también el entorno más próximo de Isabel Díaz Ayuso permanece judicialmente señalado. La figura del “novio de Ayuso” se ha convertido en símbolo de un estilo político vulnerable a las sombras de la corrupción, un caso que el progresismo aspira a explotar para equilibrar el tablero mediático.
El hemiciclo volverá a llenarse de diputados, pero los focos estarán en otra parte. Más que en el Congreso, las miradas se dirigirán a los despachos de los jueces, donde se decidirá qué casos sobreviven y cuáles se archivan. Septiembre devuelve a la política su cara más judicial, recordando que en España las urnas nunca están del todo separadas de los estrados.