Como ya es costumbre, la semana empieza con el aliento contenido en La Moncloa, donde la mirada está fija en lo que salga de los tribunales. A las citas judiciales que ya están previstas, el Gobierno suma el temor a una nueva sorpresa, que puede llegar desde la Audiencia Provincial de Badajoz con la sentencia al hermano del presidente Pedro Sánchez.
El juicio a David Sánchez quedó visto para sentencia el pasado 9 de junio, después de que la Fiscalía y las defensas pidieran una vez más su absolución y la del resto de acusados, que incluyen al expresidente de la Diputación Miguel Ángel Gallardo, por la ausencia de pruebas sobre el presunto enchufe del hermano de Sánchez en el organismo. El fallo, que se espera para los próximos días, e incluso horas, podría poner patas arriba al Ejecutivo, que enmarca esta causa, dentro de todas las que le rodean, en el discurso del lawfare.
La posibilidad de que haya una condena al hermano del presidente se baraja desde hace semanas en Moncloa, donde se ha creado una suerte de manual con tres formas de abordar la oleada de causas judiciales que afectan al PSOE. Eso sí, la línea general es la de señalar que el calendario de los últimos dos meses ha estado lleno de coincidencias.
Moncloa señala el lawfare en las causas de David Sánchez y Begoña Gómez
El caso de David Sánchez es la gasolina para la teoría de que existe una dinámica judicial, mediática y política para hacer caer al Gobierno, de la que se está aprovechando el Partido Popular. El juicio al hermano del presidente se podría resumir en una denuncia de acusaciones populares de ultraderecha, respaldada en un informe de la UCO, contra un sinfín de testimonios que desmienten que se creara una plaza a medida en la Diputación de Badajoz.
La propia Fiscalía señaló en su informe final las “conjeturas” del PP y del resto de acusaciones, y pidió la absolución de Sánchez y los otros diez encausados al no haber “ninguna prueba” de que se cometieran irregularidades en su acceso al puesto de coordinador de conservatorios, ni tampoco en el nombramiento posterior de su amigo, Luis Carrero. “No hay ninguna prueba de que en ese procedimiento se hayan determinado arbitrariamente estos méritos y que se haya determinado de una forma grosera, arbitraria, en justicia, ilegal; el nombramiento”, expuso la fiscal.
En ese mismo nivel, el del lawfare, Moncloa enmarca otro de los procedimientos de los que se esperan novedades esta semana. Se trata de la causa contra Begoña Gómez, y el motivo es la polémica instrucción dirigida por el juez Juan Carlos Peinado. La Audiencia Provincial de Madrid aborda desde este lunes dos recursos, de la Fiscalía y de la propia defensa de la mujer del presidente del Gobierno. La Sección 23, que ya ha tenido que corregir sobre lo que hacía el magistrado en una veintena de ocasiones durante la instrucción, aborda ahora la decisión de enviar a Gómez, su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, a juicio ante un jurado popular.
De la cautela con Zapatero al rechazo a Ábalos
Al tiempo, existen otros dos frentes judiciales a destacar con un importante matiz diferenciador. La causa abierta contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional, por un lado, ha situado el discurso de Moncloa en la confianza tanto por el relato del exdirigente socialista como por el proceso de la Justicia. Tras las explicaciones brindadas en su primera vista ante el juez José Luis Calama, Zapatero, en una carta pública posterior, pidió “confianza” y defendió su inocencia y haber actuado en todo momento “con decencia y honradez”.
Desde entonces, Moncloa fijó su respaldo en estas declaraciones y en la trayectoria política del exdirigente del Gobierno. Fuentes gubernamentales señalaron el pasado mes de junio que el principal investigado en el ‘caso Plus Ultra’ se puso “voluntariamente a disposición del tribunal una autorización universal para que comprobase la inexistencia de sociedades, cuentas, productos financieros o cualquier activo de su titularidad fuera de España”, por lo que, “frente al ruido, juicios paralelos y condenas anticipadas”, defendieron que las investigaciones judiciales “se desarrollen con garantías y que sean los tribunales quienes determinen los hechos”.
En la otra cara de la moneda, la sentencia firme del ‘caso mascarillas’ por la que el exministro de Transportes José Luis Ábalos fue condenado por el Tribunal Supremo a 24 años de prisión, mientras que su exasesor Koldo García a nueve años, desde el Gobierno asumieron y aceptaron la condena sin ambages. “El que hace, la paga. Se llame Ábalos o se llame Ayuso”, dejó en claro el ministro para la Transformación Digital, Óscar López. “Ni todos los políticos son corruptos, ni todos los jueces son perfectos, ni todos los periodistas son maravillosos”, agregó.
Al tiempo, Moncloa también desgranó en una de sus primeras reacciones tras la condena que rechazaban los comportamientos de los acusados por haber atentado contra “la transparencia, mérito e integridad”. En términos similares, desde Ferraz, reafirmaron su “tolerancia cero con la corrupción, colaboración total con la Justicia y máxima contundencia ante cualquier comportamiento irregular”.
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