Semana de alto voltaje en el Congreso: examen final a la prórroga de alquileres, debate sobre el aborto y el burka

El mes de abril en términos parlamentarios se cierra con una de esas agendas que concentran varias legislaturas en apenas dos días. Antes de que el próximo viernes arranque de manera oficial la campaña de las elecciones andaluzas, el Gobierno se juega en el Congreso una mano de elevado voltaje político y social. El plato fuerte del menú degustación será para la convalidación del decreto de los alquileres, una prueba que se da prácticamente por imposible con la aritmética actual. Pero, hay vida más allá de vivienda. Sin salirse del carril de los derechos, el Pleno celebrará el debate de totalidad de la reforma constitucional para blindar el aborto como prestación pública, así como la discusión sobre una posible subcomisión que estudie el uso del burka en espacios públicos. Iniciativas a las que acompañarán  la toma en consideración del Consorcio de Inversiones de Cataluña y el paquete de ayudas al transporte por el impacto de la guerra en Irán.

La acumulación de tareas no es baladí, como tampoco lo es la lectura que se extraiga de ellas. Cada votación mide una parte distinta de la aritmética parlamentaria que sostiene a tientas al Ejecutivo. Vivienda, foco de fricciones internas en Moncloa y con Junts en la Carrera de San Jerónimo – especialmente tras la ruptura definitiva del canal con Waterloo -, será el plato fuerte. Sumar se la juega con la prórroga de los alquileres que arrancó al Partido Socialista en un tenso Consejo de Ministros allá por el mes de marzo. Entre las filas magentas, pese a que no tiran la toalla, asumen la derrota con el alivio de – al menos – haber concedido un mínimo oxígeno a los arrendatarios durante este mes de vigencia del real decreto.

La votación, pese a apreciarse la figura de un ‘no’ en el horizonte parlamentario, arroja cierta incertidumbre. Sumar convirtió el terreno de los alquileres en batalla intestina por la resurrección de la izquierda alternativa frente a un PSOE anudado por la pereza. La medida, pactada a regañadientes con los socialistas en Moncloa, incluye no sólo una prórroga extraordinaria de hasta dos años para contratos de vivienda habitual vigentes y cuya limitación está prevista antes del 31 de diciembre de 2027, sino que mantiene en el 2% la frontera de la actualización anual de las rentas. El BOE recoge que la prórroga preserva las condiciones esenciales del contrato, exceptuando los supuestos legalmente previstos.

Una cobertura social que supuso un espaldarazo de credibilidad para la formación magenta en uno de sus momentos más delicados. Desde el partido se ha puesto toda la carne en el asador para desatornillar a los clásicos habituales del ‘no por decreto’ mediante la palanca de la presión social. Una maniobra que no se ha detenido en el mero rifirrafe político, sino que se ha engrasado con una campaña dirigida a los inquilinos para que soliciten la prórroga vía burofax mientras el decreto siguiera en vigor. El Ministerio de Consumo, además, remitió cartas a grandes tenedores recordándoles sus obligaciones ante la normativa. Un intento de reforzar su aplicación antes de una votación que apunta a caída libre hacia el rechazo.

El problema, sin embargo, radica en los números. A la presumible – e incluso asumible – oposición de Partido Popular, se suma también la de Junts. Los neoconvergentes, como sus colegas de la derecha y la ultraderecha estatal, anunciaron su ‘no’ al decreto. Una posición que se contrapone a la amplitud de miras escenificada desde el PNV, a quienes no les termina de convencer la música pero se abren a favorecer su continuad. No obstante, sin los siete votos del grupo que encabeza Míriam Nogueras, la melodía dejará de sonar. La relación entre Sumar y los juntaires está especialmente deteriorada tras los choques directos entre Yolanda Díaz y Carles Puigdemont. Su rechazo supondría un doble varapalo para Moncloa, que cosecharía una nueva derrota parlamentaria fruto de su minoría y perdería el fuego social de una medida de impacto directo en plena crisis de vivienda.

El aborto pone a la derecha contra las cuerdas

El foco de la responsabilidad política cambia de bando con el gran debate de la semana, que se concentrará en la reforma constitucional para garantizar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva. La iniciativa, anuncia tiempo ha por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, plantea la adición de un párrafo al artículo 43 de la Constitución, dedicado a la protección de la salud, para garantizar que todos los poderes públicos blinden la prestación con los servicios necesarios en todo el territorio nacional.

La vía elegida tiene una lectura más que evidente. Los socialistas aceleraron la tramitación del debate para hacerlo coincidir en los prolegómenos de la campaña electoral andaluza, en la que María Jesús Montero busca recuperar el trono de la Junta frente al “privatizador” Moreno Bonilla. La Sanidad Pública y el mensaje contra el deterioro infligido por los dos cuatrienios conservadores son sus principales bazas electorales. De ahí que el PSOE busque con este debate un impacto directo para un PP obligado a retratarse en una cuestión de sensibilidad en la derecha.

Durante el camino, PP y Vox han incorporado piedras a modo de enmiendas a la totalidad, acusando al Ejecutivo de usar la reforma con oportunismo y mediante un procedimiento que describen como fraude de ley. Sin embargo, de nuevo la aritmética, Moncloa se asoma hacia una nueva derrota. Los socialistas contaban con ella, sabedores de que es necesaria una mayoría cualificada para la que es imperativo el apoyo del Partido Popular. Por ello, más allá del resultado, la maniobra del Gobierno es situar el foco en el debate público y en inocular al electorado que son la derecha y la ultraderecha quienes evitan que el aborto sea un derecho constitucional.

Cataluña y el Consorcio de Inversiones

El Congreso también votará la toma en consideración de la creación del Consorcio de Inversiones de Cataluña, uno de los compromisos adquiridos por Salvador Illa con ERC para facilitar su investidura. El organismo aspira a mejorar la ejecución de las inversiones del Estado en Cataluña, con el objetivo de alcanzar el 95%.

La propuesta prevé que el Gobierno central transfiera recursos económicos al consorcio para planificar inversiones y que una sociedad mercantil vinculada al mismo pueda licitar, adjudicar y ejecutar los proyectos. Para ERC, se trata de un instrumento para garantizar que las inversiones comprometidas no se queden en el papel. Para el Govern, es una pieza de estabilidad. Y para Junts, una votación incómoda: rechazar una norma que beneficia a Cataluña puede tener coste ante su electorado.

PP y Vox, por supuesto, se oponen de forma frontal, enmarcando la iniciativa en las cesiones del Gobierno al independentismo. Pero la clave, de nuevo, estará en el voto posconvergente. Con las relaciones entre Junts y Moncloa tocadas desde hace meses, la negociación se está moviendo también desde el Govern catalán.

El burka vuelve al Congreso                                                     

Lejos del fragor del Pleno, la Comisión Constitucional abordará el miércoles la propuesta del PNV para crear una subcomisión de estudio sobre el uso del velo integral femenino en espacios públicos. Los nacionalistas vascos plantean analizar la cuestión con expertos, comparando experiencias normativas de otros países y evaluando su impacto en derechos como la libertad religiosa, la igualdad, la no discriminación, la dignidad de la persona y la seguridad en la identificación.

No es la primera vez que esta cuestión vaga por los pasillos de la Carrera de San Jerónimo, pero sí lo hace con un enfoque diametralmente opuesto. Vox ya movió ficha para prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos. Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro (UPN) secundaron la iniciativa de los ultras, de la que se descabalgaron PSOE, sus socios y la abstención de Coalición Canaria. La mayoría progresista entonces acusó a la extrema derecha de inocular una carga de estigmatización contra la mujer musulmana en un debate de marco mayor. En contraposición, los jeltzales abogan por transportar la cuestión a terrenos menos inflamables y buscan estudiar antes que legislar una regulación edificada con materiales xenófobos.

Ayudas al transporte por la guerra de Irán

La semana se completará con la convalidación del decreto de ayudas a los transportistas, aprobado el pasado 14 de abril para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán. La norma incluye una revisión automática de las tarifas del transporte de mercancías por carretera cuando el precio de los carburantes aumente un 5%, una reivindicación histórica del sector.

El paquete se suma al descuento de 20 céntimos por litro ya incluido en el decreto anticrisis de marzo y añade ayudas directas al transporte ferroviario y marítimo, con dotaciones específicas para locomotoras activas y para servicios de carga pura entre la península, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.