La “prioridad nacional” de Vox tiene sobrenombre: “Pactos de señoros”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arropado a la candidata del PSOE para la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, un acto de precampaña en Córdoba. El jefe del Ejecutivo ha centralizado su discurso en los acuerdos entre Partido Popular y Vox para desbloquear los Gobiernos de Extremadura y Andalucía a base de acuerdos que – en sus palabras – suponen una “patada a la Constitución” al violar el principio de no discriminación. Un ataque a donde más duele a una derecha que cimenta su narrativa sobre la defensa a ultranza de la Carta Magna, al margen del impacto directo a la candidatura de Juanma Moreno Bonilla al introducir el trágala “racista” como elemento central de la campaña.
“Tantas lecciones que dan de constitucionalismo el PP y Vox, y lo primero que han hecho nada más llegar es acordar dándole una patada a la Constitución y violando el sagrado principio constitucional, que es el principio de no discriminación. Consejos vendo, que para mí no tengo”, deslizaba pleno de malicia el presidente del Gobierno, en su intervención durante el mitin en Córdoba. Sánchez reivindicó que las “prioridades nacionales” de su Gobierno están a años luz de las de la derecha y la ultraderecha, contraponiendo la España “fracturada, estancada y desconfiada” que se encontró tras derrotar a Mariano Rajoy en la moción de censura, con un país completamente modernizado que incluso lidera indicadores macroeconómicos en Europa.
La “prioridad”, por tanto, del Gobierno y por extensión del Partido Socialista es tener a una España que “apueste por la paz” y dé la espalda a la guerra; pero al mismo tiempo ponga toda la carne en el asador por brindar empleos que “permitan llegar a fin de mes” o que faciliten la atención hospitalaria como “pacientes”, en lugar de como “clientes”. “Es un orgullo ser español”, ha abrochado el jefe del Ejecutivo, que extrapolaba tal satisfacción a los “datos que reflejan la reducción del desequilibrio” y el fortalecimiento de la cohesión territorial, siguiendo la comparativa con el legado del Partido Popular de Mariano Rajoy.
“Nosotros vamos a hablar de prioridades y la prioridad es que España es un progreso justo y no un retroceso como ellos están planteando. Una España digna que progresa, que no deja a nadie atrás y que defiende la paz. Esas son nuestras prioridades”, ha reiterado el presidente del Gobierno, que aprovechaba la situación para recordar la apretada agenda judicial de un Partido Popular asolado por el fantasma de la corrupción. Se transportó a la Audiencia Nacional, que desde hace tres semanas inició el juicio de la Operación Kitchen, y recordó la comparecencia del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que ha catalogado como la “segunda parte de la Gürtel”. “La corrupción en el PP no se crea o desaparece, se transforma como la energía”, ha ironizado.
Moreno Bonilla y Ayuso, “misma melodía”
Hasta el momento, Sánchez pasó de puntillas por el rival en las urnas de Montero, el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla. Pero le llegó la hora, sin salirse del carril de la “prioridad nacional”, para clarificar que sus críticas al pacto de Génova con Vox no son sino una melodía en un tono distinto. Algo que ha extrapolado, asimismo, al modus operandi conservador, incluyendo al jefe del Ejecutivo regional en el mismo saco privatizador que Isabel Díaz Ayuso. A su juicio, el popular sigue la “misma melodía” de recortes que emana desde Sol. “Se puede privatizar el estado del bienestar insultando como hace Ayuso o a la chita callando como hace Moreno Bonilla”, ha subrayado.
Marcó diferencias con la candidatura de Montero, a quien se refería como una “médica con experiencia de gestión”, capaz de fortalecer la Sanidad Pública y “blindar su naturaleza”. “¿Qué mejor candidata que María Jesús Montero?”, se preguntaba el presidente del Gobierno, quien acompasó sus loas a la exvicepresidenta primera con un llamamiento a la movilización para el 17 de mayo y una reivindicación” de la “Andalucía feminista” que haga frente a los “pactos de señoros” entre Feijóo y Abascal. “Nosotros reivindicamos una Andalucía donde no solamente las mujeres, sino muchos hombres, estamos con la causa de la igualdad real y efectiva. Y esta tierra bien lo sabe. El futuro no se espera, se construye”, tocaba a filas el jefe del Ejecutivo, que concluía su intervención enfatizando que la prioridad en la región pasa por defender el patrimonio común que no es sino la “clase trabajadora”. “Defender lo público es hacer grande tu sociedad”, remataba.
17M: la batalla por los servicios públicos
Por su parte, María Jesús Montero ha situado la defensa de los servicios públicos como eje central de su campaña a la Presidencia de la Junta de Andalucía. La candidata del PSOE-A ha presentado las elecciones autonómicas del 17 de mayo como una elección entre dos modelos: reforzar el Estado del bienestar o consolidar, según ha advertido, una Andalucía marcada por la desigualdad y el deterioro de lo público.
En su intervención, Montero ha reivindicado la sanidad, la educación y los servicios sociales como “el patrimonio construido a pulmón por los socialistas” y como la principal garantía de igualdad para las clases medias y trabajadoras. A su juicio, sin estos pilares, las familias tendrían que destinar buena parte de sus ingresos a necesidades básicas. “Si no tuviéramos sanidad y educación pública, estaríamos empobrecidos”, ha señalado.
La dirigente socialista ha acusado al Gobierno de Moreno Bonilla de impulsar un deterioro progresivo del sistema público en beneficio de intereses privados, generando una brecha entre quienes pueden pagar alternativas y quienes dependen exclusivamente de la red pública. Por ello, ha definido el 17M como un “referéndum” sobre el futuro de los servicios públicos y ha llamado a la movilización del electorado progresista.
Entre sus principales propuestas, Montero ha anunciado que su primera medida como presidenta sería garantizar por ley que ningún andaluz espere más de 24 a 48 horas para ser atendido por su médico de familia. La candidata ha defendido que esta iniciativa permitiría recuperar estándares de calidad asistencial que, según ha dicho, ya existieron con gobiernos socialistas.
También ha respondido a las críticas del Ejecutivo autonómico sobre la dificultad de reformar el sistema sanitario: “El lío no es el sistema sanitario, el lío lo tienen las familias”. En esa línea, ha denunciado el aumento de costes, la derivación de recursos a la privada y el cierre de aulas públicas como síntomas de una “privatización encubierta”.
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