El Ministerio de Sanidad ha elaborado un nuevo Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia con el objetivo de simplificar los procedimientos, reducir los tiempos de tramitación en situaciones urgentes y otorgar mayor protagonismo a la enfermería en todo el proceso. El documento, que debía someterse a votación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), ha sido aplazado hasta el 9 de abril debido a la prioridad dada al conflicto por la huelga médica.
La propuesta, que ha adelantado el diario El País, busca sustituir la guía vigente desde la entrada en vigor de la ley de eutanasia en 2021, tras detectarse obstáculos administrativos que, en algunos casos, han dificultado el acceso efectivo a este derecho. Según datos manejados por el Ministerio, aproximadamente un tercio de los solicitantes fallece antes de completar el proceso.
Entre las principales novedades, el texto introduce un procedimiento abreviado para casos considerados urgentes, en los que exista riesgo inminente para la vida o la capacidad del paciente. En estas situaciones, se permitiría acortar plazos - incluido el periodo mínimo de 15 días entre las dos solicitudes requeridas - siempre que el médico lo justifique mediante informe. No obstante, se mantienen las garantías legales, que incluyen la evaluación por un segundo facultativo independiente y la supervisión de una comisión de garantías.
El manual también refuerza el papel de la enfermería, que pasará a actuar como figura de referencia durante todo el proceso. Entre sus funciones se encuentran la información al paciente, el acompañamiento, la preparación del entorno clínico y el apoyo a familiares y cuidadores, especialmente en el duelo.
Otro de los ejes de la propuesta es la reducción de las desigualdades territoriales en el acceso a la eutanasia. Actualmente, existen diferencias significativas entre comunidades autónomas en el número de prestaciones realizadas. Para abordar esta situación, el documento plantea la creación o consolidación de unidades administrativas de apoyo que faciliten la coordinación, la información y la gestión del procedimiento.
Asimismo, se amplían las opciones del paciente una vez concedida la prestación. El nuevo texto contempla la posibilidad de aplazar la eutanasia hasta seis meses y de suspenderla temporalmente en circunstancias excepcionales. Por primera vez, también se incluye un apartado específico sobre la donación de órganos, con protocolos definidos para quienes deseen hacerlo sin interferir en el proceso.
Dos años de trabajo
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha calificado el manual como una herramienta “muy importante” para mejorar la aplicación de la ley. En relación con el reciente caso de Noelia Castillo, ha señalado que su situación no habría cambiado con la nueva normativa y ha subrayado que la paciente ejerció su derecho conforme a la legislación vigente. A su vez, ha lamentado que "organizaciones ultras” la hayan estado “acosando y presionando” hasta el último momento.
En paralelo, continúan los debates legislativos y judiciales en torno a la eutanasia. El Parlamento de Cataluña tramita una iniciativa para acortar los plazos en recursos judiciales, mientras que el Tribunal Supremo prevé abordar en el 19 mayo la cuestión de si los familiares pueden oponerse legalmente a este procedimiento.
Junto al nuevo manual, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) mantiene pendiente la aprobación de la Estrategia de Cuidados Paliativos 2026-2030, una iniciativa que busca consolidar esta atención como un derecho universal, independientemente del lugar de residencia o del tipo de enfermedad del paciente. A diferencia de planes anteriores, el enfoque se desplaza desde los últimos momentos de vida hacia el alivio del sufrimiento como criterio central para activar estos cuidados.
Este cambio se produce en un contexto en el que España ocupa una posición rezagada a nivel internacional. Según el Atlas Mundial de Cuidados Paliativos, elaborado por el Observatorio Atlantes de la Universidad de Navarra con el aval de la Organización Mundial de la Salud, el país se sitúa en el puesto 28 a nivel global y en el penúltimo lugar entre las naciones consideradas avanzadas.
El documento subraya que el 75% de las muertes en España están ya vinculadas a enfermedades crónicas que requieren atención paliativa. Aunque el cáncer representa aproximadamente una cuarta parte de los casos, predominan cada vez más las patologías no oncológicas, como las demencias, las insuficiencias orgánicas o la fragilidad asociada al envejecimiento. Este cambio de perfil, marcado por la multimorbilidad y el deterioro progresivo, refuerza la necesidad de detectar de forma más temprana estas necesidades en todos los niveles asistenciales.
La estrategia también contempla medidas específicas para población pediátrica, con cobertura desde la etapa prenatal, continuidad asistencial en la transición a servicios de adultos y apoyo educativo mediante aulas hospitalarias y atención domiciliaria. Además, el plan plantea garantizar atención continuada las 24 horas durante todo el año, reforzar el uso de la telemedicina y mejorar la coordinación entre hospital y domicilio a través de profesionales de enlace.
Por último, incorpora una perspectiva social al reconocer factores como el sesgo de género en la valoración del dolor, la sobrecarga de las personas cuidadoras - mayoritariamente mujeres - y la necesidad de evitar desigualdades en la atención a mayores en residencias. Asimismo, promueve el desarrollo de “comunidades compasivas” para implicar al entorno social en el acompañamiento al final de la vida.
