El Ministerio de Sanidad ha formalizado su denuncia ante la Comunidad de Madrid por seguir sin registro de objetores de conciencia del aborto, incumpliendo con ello la ley de interrupción voluntaria del embarazo de 2023 y el protocolo votado por su propia consejería.
El registro se corresponde con una herramienta que está contemplada en la normativa mencionada y cuya puesta en marcha queda articulada en un protocolo aprobado el diciembre de 2024 por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que respaldaron todas las administraciones, también las del Partido Popular (PP).
A partir de entonces, las distintas regiones empezaron a redactar los documentos, pero a pesar de ello la presidenta madrileña se revolvió contra su homólogo en el Gobierno central, Pedro Sánchez, requiriera formalmente a la capital regional para que cumpla la ley y cree el registro. “¿Se cree Dios para hablar en nombre de la vida con esa frivolidad?”, reaccionó a las intenciones de Moncloa.
Ayuso habló de “lista negra” y mandó a las mujeres a “abortar a otro lado” durante una sesión de control al Gobierno. Sin embargo, el registro es una herramienta confidencial que la población no puede consultar y cuyo objetivo suele ser meramente para facilitar el trabajo y garantizar la atención de las pacientes.
En la actualidad existe también un registro de objetores de conciencia de la eutanasia, que persigue los mismos fines, principalmente el de asegurar este derecho independientemente de la titularidad del centro sanitario. Sus características son similares: no es público -la defensa de Ayuso en este sentido carece de sentido- y es útil para que los profesionales sepas con qué trabajadores disponen para prestar el servicio. En aquel momento, Madrid no opuso ninguna resistencia.
Sanidad dio un margen de tres meses de plazo para la creación del registro mediante un requerimiento oficial, pero ahora formaliza la denuncia ante los tribunales, algo que ya había anunciado la ministra de Sanidad al advertir que usaría “todas las herramientas” de las que dispusiera para que se cumplieran la ley.
La presidenta de la Comunidad de Madrid acusó a Sánchez de “dinamitar a Constitución” y de dirigirse a ella dando lecciones “en tono machito”. “Soy una mujer libre, lo he sido toda mi vida. He sufrido la pérdida de dos bebés, he sufrido dos veces el drama del aborto. Se lo que es (…) ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno?”.
Ayuso dictó en aquel entonces que el aborto es “legal” en nuestro país, y matizaba que “tiene que ser seguro y poco frecuente” porque en España se producen 106.000; una cifra “atroz y un fracaso como sociedad”.
"No se puede obligar a nadie ni se puede señalar por abortar ni por no querer hacerlo", insistió, pidiendo “respeto y anonimato de los profesionales”, algo que ya se da. "Hemos pasado de las lecciones del franquismo a las del sanchismo", concluyó.
