La relación entre el aborto y la sanidad pública en España es preocupante, pero en Madrid los datos evidencian la cruzada de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, con la interrupción voluntaria del embarazo.
Atendiendo a las cifras que hace apenas unos días facilitaba el Ministerio de Sanidad, el año pasado esta práctica se desarrolló con más frecuencia en hospitales públicos de lo que lo había hecho en cursos anteriores, aunque el dato sigue lejos de lo deseado por asociaciones de mujeres, formaciones progresistas y otras partes defensoras de que el derecho de la mujer a decidir sea realmente efectivo y no dependa de quién se lo pueda permitir.
En concreto, en 2023 tan solo el 18,55% de los abortos se llevaron a cabo en centros que no fueran de carácter privado, mientras que en consultas de este tipo la cifra supera el 80%.
En Madrid solo el 0,2% de los abortos se hacen por la pública
Pero en la Comunidad de Madrid los datos que manejan los partidos de izquierdas o los sindicatos dejan en un mal lugar a la administración de la Puerta del Sol, y es que solo el 0,2% de los abortos que se acometieron en la capital se realizaron en la sanidad pública.
En números más detallados, la región, tal y como denuncia Comisiones Obreras (CCOO), notificó 20.574 abortos el año pasado, de los cuales solo 56 se realizaron en un hospital de la red del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), mientras que los 20.518 restantes se hicieron en clínicas privadas autorizadas. En la práctica estos últimos suponen un 0,27% del total -en 2022 tampoco fue muy superior (un 0,3%)-.
En Madrid quienes ponen pie en pared por la manera en la que la Consejería gestiona este derecho de las mujeres apuntalan que tan solo siete de los hospitales que conforman la Red del Servicio Madrileño de Salud practicaron estas intervenciones en 2023.
Entre al agente social y Más Madrid -que ha presentado una Proposición No de Ley en la Asamblea para facilitar el acceso al aborto- condenan tanto el hecho expuesto en las líneas anteriores como la demora en los tiempos de espera o la falta de agendas especializadas que permiten la prestación en los plazos adecuados. Y en este cúmulo de razones, el partido que a nivel regional capitanea Manuela Bergerot también lamenta que en muchas ocasiones son los propios hospitales -entendiendo como tal los responsables de estos- los que deciden qué centros son o no objetores de conciencia. Es decir, que no obedece a una decisión individual.
La medida del ministerio para avanzar en la accesibilidad de este derecho
El Ministerio de Sanidad ha adelantado que creará un registro que contenga a los objetores al aborto. Así lo anunciaba la responsable del Ministerio y antigua portavoz de Más Madrid, Mónica García, este lunes durante un desayuno informativo en el que repasaba su primer año al frente del departamento. Por el momento, se trata de un borrador que verá la luz “en los próximos días”, según ha dictado la representante de la cartera sanitaria.
La intención de Sanidad pasa porque “ninguna comunidad se pueda amparar en ese vacío legal para que la interrupción legal del embarazo no se lleve a cabo en la sanidad pública”. De esta manera, García ha reivindicado el “aborto libre y seguro” y ha acompañado que “no hay marcha atrás” en su blindaje.
Muchas voces quieren retraer a España a tiempos pretéritos
“Es un desafío que este derecho se consagre en la Sanidad Pública, que las mujeres puedan ir a su sanidad pública para estos abortos libres y seguros”, pronunciaba durante la mencionada reunión, de Nueva Economía Fórum.
En el desayuno informativo, García también presentaba a Javier Padilla como secretario de Estado de Sanidad a la vez que acusaba que haya “muchas voces” que “quieren retraer a España a tiempos pretéritos” con un asunto que las mujeres “han conquistado”. “Estamos oyendo voces en muchos países (Italia, Argentina o Hungría) e incluso en España que vuelven a poner la batalla política en nuestros cuerpos. No lo vamos a permitir”, dictaba de manera muy contundente la ministra.
PNL de Más Madrid: “En la Comunidad es imposible”
Por otro lado, Más Madrid deja claro en el texto elevado a la Cámara que el aborto “es un derecho reproductivo esencial” y que “las instituciones públicas no tienen la potestad de decidir si las mujeres abortan o no”, sino que las políticas públicas en torno al aborto solo determinan si las mujeres que abortan lo hacen en condiciones de seguridad, salud y libertad o no”.
El partido de Bergerot recuerda en el documento, al que ha tenido acceso ElPlural.com, que este derecho “está reconocido en la legislación española gracias a la conquista de los movimientos feministas”, aunque “sin embargo, como prestación, dista de proveerse en condiciones de equidad, generándose importantes desigualdades entre las ciudadanos de unas regiones u otras, unos estratos sociales y otros, etc”.
El partido afea que en Madrid el aborto en un hospital público “es prácticamente imposible” por lo que se apunta en estas líneas, entre ello los tiempos de espera o la falta de agendas especializadas. Pero el partido tampoco pierde el foco del apartado privado, donde la situación es “gravísima”, dado que las mujeres “no solo tienen que pagar por un servicio básico”, sino que además “tienen que verse sometidas a un acoso y hostigamiento que, pese a haber sido tipificado como delito, sigue siendo el orden del día frente a esas clínicas ante la pasividad de las autoridades”.
Para que el escenario se invierta, la Asamblea emplaza al Gobierno de la Comunidad que tome en consideración la posibilidad de “crear una mesa de seguimiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo que garantice su aplicación y desarrollo”, que “garantice que la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo sea farmacológico o instrumental, sea realizado en los centros sanitarios públicos” o “promover el uso del aborto farmacológico en las semanas de gestación que está indicado, garantizando un acompañamiento y seguimiento de calidad durante el proceso”.
En declaraciones a ElPlural.com
Más Madrid valora la propuesta de Sanidad en declaraciones a ElPlural.com. Loreto Arenillas, diputada, reconoce la decisión del departamento de García como "adecuada", ya que "busca el derecho a la objeción de conciencia con el acceso al aborto seguro". "Asegura que se respete los derechos de quien es objetor a la vez que se garantizar que una mujer puede ser atendida por parte de otros profesionales. Por eso en nuestra iniciativa hemos señalado ambas ideas", refrenda.
En respuesta a este periódico, Arenillas no escatima a la hora de tachar de "abuso" el modo en que gestiona la objeción de conciencia la región. "Es un derecho individual, no institucional", deja claro la parlamentaria, dado que "cuando un hospital se declara objetor se está imponiendo una visión moral única a todo el hospital que vulnera los derechos tanto de los y las trabajadoras que no son objetoras como de las mujeres que quieren ejercer su derecho al aborto".
Respecto a la tasa tan baja de interrupción voluntaria del embarazo en la Comunidad, Arenillas afea al PP haber ejecutado una "campaña clandestina de desmantelamiento de derecho al aborto". "En la Comunidad ni si quiera hay un plan para el abordaje de los embarazos no deseados. Y cuando una mujer tiene que abortar se las deriva a las clínicas acreditadas en lugar de ejercer su derecho en los centros públicos", atesora.
El PP de Madrid ha hecho una campaña clandestina de desmantelamiento del derecho al aborto
Por comunidades autónomas
Por comuniades autónomas, el informe de Sanidad refleja que Cataluña presenta la tasa de abortos más elevada, con 14,92 por cada 1.000 mujeres, seguida de cerca por Baleares (13,99),la Comunidad de Madrid, con una tasa de 13,92. En cambio, Aragón registra la tasa más baja, con 8,4 por cada 1.000 mujeres.