Atendiendo al contenido del pacto que alcanzaron este jueves el Partido Popular de María Guardiola con Vox en Extremadura para conformar gobierno de coalición, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido a ambas formaciones lideradas por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal que cualquier intento de “desmantelar” la sanidad pública se llevará ante los tribunales por parte del Ejecutivo central.

García ha defendido que el Gobierno “estará vigilante para que no haya ni el más mínimo atisbo de desmantelamiento de la universalidad de nuestra sanidad”, debido a que, en lo que concierne a migración, el pacto entre PP y Vox reza que las personas en situación irregular no podrán acceder a los servicios públicos salvo un supuesto de “urgencia vital”, a lo que se incluye la sanidad pública.

La sanidad pública no se toca y la vamos a defender con uñas y dientes frente al racismo que el PP ha decidido normalizar”, ha avanzado en unas declaraciones difundidas por el Ministerio y que la misma ministra ha compartido en sus redes sociales. Al tiempo, ha reprochado que Génova haya vuelto a “tragar” con la agenda ultra de Vox en Extremadura: “No le está dando un asiento a Vox, le está dando un asiento al racismo, al odio, al machismo, al miedo y a la negación de derechos que este país ha conquistado”, ha ahondado.

En estos términos, García ha lamentado que, lo que se ha confirmado en Extremadura, no es más que el “preámbulo” de lo que vendrá en Andalucía con Juan Manuel Moreno Bonilla si se le presta la oportunidad de gobernar “con la ultraderecha” andaluza tras la cita en las urnas del próximo 17 de mayo. “Por un lado pierde Orbán –en alusión al exprimer ministro de Hungría-, pero el PP cuela sus ideas por la puerta de atrás”, ha zanjado.

 

Sánchez, sobre el pacto: “Traiciona la historia de Extremadura”

García no ha sido la única voz de Moncloa que se ha pronunciado sobre el acuerdo entre PP y Vox. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también lo ha hecho en declaraciones a los medios de comunicación en el marco de la Primera Cumbre España-Brasil celebrada este viernes en Barcelona.

“Históricamente, ha sido una tierra de migrantes. (…) Traiciona la historia de la propia Extremadura”, ha reprochado, señalando así las cuestiones principales del pacto autonómico. De esta manera, ha entrado a valorar el término "desregulación", el cual ha dicho que es sinónimo de "recorte de derecho para los ciudadanos extremeños": "Los derechos no solo se proveen por parte de los gobiernos, sino que también lo hace la sociedad civil o las ONG. Hay una clara intencionalidad de desmantelar esa estructura asociativa que está alejada de PP y Vox". 

Ha enviado así un aviso a Feijóo y Abascal señalando que, aunque “el papel lo aguante todo”, el Gobierno, si así se materializa el pacto tras conformarse el Ejecutivo de Guardiola, “lo va a recurrir con toda la fuerza del Estado de Derecho”.

Cabe remarcar en este punto que los ejes vertebradores del acuerdo entre PP y Vox chocan frontalmente con la razón de ser de la Ley de Extranjería estatal, esencialmente, con el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas. Según las directrices marcadas, también realizarán un profundo examen de las subvenciones públicas a organizaciones vinculadas a la migración, incluso llegando a suprimir ayudas por temor a un “efecto llamada”.

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