Pedro Sánchez ha reconocido que está negociando la amnistía. Ha evitado utilizar el término de esta herramienta, ahora mismo sometida a la mesa de debate del Tribunal Constitucional, pero ha reconocido que las conversaciones han empezado. Poco después, ha añadido, insistiendo en que este Ejecutivo seguirá el mismo camino que el adoptado hasta ahora, que los indultos  contribuyeron a la estabilidad y normalización política en Cataluña: "Tenemos la certeza de que fue buena decisión y obedeció al interés general". 

Tras meses de secretismo, discreción y peticiones de calma ante los periodistas, el presidente del Gobierno en funciones, ahora mismo candidato a la reelección en busca de apoyos, ha empezado a perfilar los próximos pasos que adoptará el Ejecutivo para conseguir atraer al ‘sí’ al independentismo catalán, representado por la Junts per Catalunya de Carles Puigdemont y la ERC de Oriol Junqueras.

Hasta el momento, el PSOE había decidido no quemarse demasiado con la amnistía. Era Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, quien, en condición de líder de Sumar, había protagonizado el gran acercamiento a Puigdemont, reuniéndose con el prófugo de la Justicia en Bruselas para escuchar sus demandas. Ferraz, en cambio, decidía en aquel momento evitar un pronunciamiento claro y dejar que fuese Feijóo, entonces candidato a la investidura, quien se quemase a fuego lento ante la evidencia de que no conseguiría armar una mayoría parlamentaria.

Tampoco contestó el presidente al envite lanzado por Oriol Junqueras, quien, a las puertas del Congreso, aprovechando el debate de las lenguas cooficiales, anunció que las negociaciones por la amnistía ya habían empezado. Esta línea sería, desde entonces, recurrente en las ruedas de prensa de ERC: su portavoz en Cataluña, Raquel Sans, llegó a decir que su partido daba por hecha la consecución de esta exigencia y que restaban por abordar sencillamente cuestiones técnicas: “La parte política está solventada”, aseguraba.

Gesto de voluntad tras la problemática Illa

Con estas declaraciones, dejando entrever parte de las negociaciones, Sánchez busca capear los problemas que está sufriendo actualmente su conversación bilateral con el nacionalismo catalán. El propio presidente del Gobierno en funciones ha decidido dejar las negociaciones de la investidura en manos de siete personas cercanas, incluyendo, y he aquí el problema, a Salvador Illa en todas las cuestiones relativas a las decisiones que se adopten en clave catalana.

Los de Puigdemont, no obstante, recuerdan a la perfección sucesos de la hemeroteca cercana como el pacto poselectoral que hizo caer a Xavier Trías en el Ayuntamiento de Barcelona. Un frente amplio, en el que PSC y Comunes llegaron a entenderse con el PP, provocó que el dirigente de Junts tuviese que renunciar a la vara de mando de la Ciudad Condal.

Desde entonces el líder del PSC, Salvador Illa, se ha convertido en enemigo declarado de Junts per Catalunya. Su inclusión en el equipo de personas de máxima confianza que tendrán poder en plaza en las negociaciones no ha gustado a los posconvergentes, que, no obstante, insisten en seguir negociando una hoja de ruta compartida que finalice en un “acuerdo histórico”.

Tras superar el debate de la amnistía, prometen tanto ellos como ERC, llegará el turno de analizar la posibilidad de realizar un referéndum de autodeterminación, algo a lo que, por el momento, se niegan tanto en Ferraz como en Moncloa: “No nos saldremos de la Constitución”, aseguran, tratando de esta forma de tranquilizar a una derecha que tratará de movilizar a la ciudadanía en las calles, en los tribunales y en la Moncloa, si fuese posible.

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