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A escasas horas de que comience la votación clave de vivienda en el Congreso de los Diputados, con dos decretos aprobados este martes en Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a apelar a las distintas fuerzas políticas para aunar fuerzas para que las medidas resulten aprobadas y dar una respuesta urgente y eficaz a la crisis de vivienda y al clamor social que estalló tras el desahucio de Maricarmen, una mujer mayor desalojada de la casa que ha pagado durante siete décadas propiedad de un fondo de inversión y que, cuyas protestas, derivaron en una acampada histórica en la Puerta del Sol y otros puntos del país.
Este jueves, desde la VIII edición del Foro La Toja Vínculo Atlántico, celebrado en A Illa da Toxa, en O Grove (Pontevedra), ha vuelto a lanzar la petición de apoyo a los grupos parlamentarios para dar una respuesta a la “emergencia habitacional”. De esta manera, ha pedido “altura de miras” para convalidar los decretos y, con ello, “dejar a un lado la ideología”. Conocido el rechazo de la oposición del Partido Popular y Vox, los principales socios del Gobierno sí que han referido su voto a favor, especialmente Podemos, recientemente el PNV y aún con la incógnita de decisión de Junts.
“Ese es el objetivo del acuerdo que alcanzamos el martes, fruto del diálogo con los grupos parlamentarios y también dentro del Gobierno a coalición progresista. Lo que le pido al Congreso de los Diputados y también a los grupos parlamentarios es altura de miras para convalidar los decretos en la sesión de mañana viernes. Pido, en definitiva, que dejemos a un lado la ideología, que dejemos a un lado las confrontaciones partidistas y nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad”, ha expresado.
En los últimos días, el líder de La Moncloa ha abogado por unir fuerzas parlamentarias en torno a la respuesta de las instituciones a la crisis de vivienda. Este mismo jueves, a través de sus redes sociales, ha lanzado un vídeo en el que ha defendido que “la política sólo tiene sentido cuando sirve para mejorar la vida de la gente”, reiterando que en manos de los grupos parlamentarios está decidir “a quién protegen: si a las personas que viven en las casas o a las que hacen fortuna con ellas; a los pequeños propietarios o a los fondos buitre”.
“Lo que está en juego está claro: el derecho a la vivienda frente a la especulación”, ha reiterado, precisando así los ejes vertebradores de ambos decretos: prórrogas de alquiler con los contratos vigentes, proteger del desahucio a las familias vulnerables, frenar la especulación de los fondos buitre y dar seguridad a los pequeños propietarios. Todo ello “con incentivos fiscales para que mantengan o bajen los alquileres facilitando que recuperen su vivienda cuando lo necesiten y que tengan que asumir el coste de situaciones de vulnerabilidad”.
En este sentido, el Gobierno de Sánchez ha respondido al clamor social porque “la gente ha salido a la calle exigiendo medidas y ahora nos toca cumplir”: “Nosotros estamos del lado de la gente de a pie”, ha dejado en claro.
Moncloa se mantiene optimista
Desde el conjunto del Ejecutivo de coalición, según ha trasladado su portavoz, Elma Saiz, a menos de 24 horas de la votación parlamentaria, mantienen una postura “razonablemente optimista”, reiterando que es ahora “el momento de que los grupos políticos tengan su análisis y que mañana se produzca esa importante votación”.
Por el momento, ha trascendido el rechazo del Partido Popular y Vox y, en lo que concierne a los socios parlamentarios, Podemos ha confirmado su sí este jueves, al igual que el PNV -que sólo apoyará el primer decreto, no el segundo-, mientras que Junts aún no ha despejado la incógnita del sentido de su voto.
Tras días de presión social, el Gobierno aprobó finalmente dos decretos distintos este martes. El primero, con el grueso de las medidas de la ‘vía Maricarmen’ que cuenta con más posibilidades de ser convalidado, con la prohibición de desahucios hasta 2030, la limitación de la compra de viviendas a fondos buitre hasta 2028 entre otras muchas iniciativas.
El segundo decreto, que se votará por separado y ha sido exigido por Sumar, incluye la regulación automática de los contratos de alquiler, una petición del Sindicato de Inquilinos que lidera la acampada en la Puerta del Sol de Madrid.
