Desde la Primera Cumbre diplomática entre Brasil y España celebrada este viernes en Barcelona, entre otras muchas de las cuestiones que ha abordado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa, ha sido el reciente pacto alcanzado entre el Partido Popular de María Guardiola con Vox en Extremadura en aras de formalizar gobierno de coalición próximamente y después de meses de bloqueo institucional. En este sentido, uno de los puntos en caliente del pacto se refiere al rechazo al reparto de menores migrantes, por el cual se asume la agenda ultraderechista con respecto a los flujos migratorios. Bajo este marco, la postura del jefe del Ejecutivo central ha pasado por recordar que Extremadura es, históricamente, "tierra de migrantes".
Sánchez ha recordado que la preocupación de la España vaciada, como bien sucede en partes de Extremadura, es que sus gentes "salgan de su tierra y no vivan ahí", por ello ha recordado la historia extremeña para traerla a los tiempos presentes: "Históricamente, ha sido una tierra, muy a su pesar, de migrantes a otros puntos como Cataluña y también fuera del país. Esos padres y madres, cuando vieron a sus hijos e hijas partir, lo que deseaban es que esas regiones o países de acogida les reconocieran derechos de ciudadanía", ha ahondado.
Justo este es el punto que el presidente ha señalado que el pacto entre PP y Vox "cuestiona", precisamente los derechos de la ciudadanía: "Traiciona la historia de la propia Extremadura, una tierra de migrantes", ha subrayado. En este punto, ha situado como ejemplo a su vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien él, junto a su familia, tuvo que dejar atrás su tierra para labrarse un futuro.
En clave económica, Sánchez ha señalado como principal consecuencia que Extremadura, con este pacto, ha dado la espalda a las energías renovables. "Entiendo y me parece razonable que un gobierno autonómico quiera que su gente viva en Extremadura, pero para eso hay que crear condiciones. (...) Frenan y se oponen al desarrollo de las energías renovables, que es sinónimo de reindustrialización de proyectos muy importantes que se están poniendo en riesgo por el dogmatismo y negacionismo climático. Recorta oportunidades, presentes y futuras, para los extremeños", ha reprochado.
Así, ha entrado a valorar el término "desregulación", el cual ha dicho que es sinónimo de "recorte de derecho para los ciudadanos extremeños": "Los derechos no solo se proveen por parte de los gobiernos, sino que también lo hace la sociedad civil o las ONG. Hay una clara intencionalidad de desmantelar esa estructura asociativa que está alejada de PP y Vox".
"El papel lo aguanta todo, pero sí les digo a la derecha y ultraderecha, como hemos hecho en otros momentos como con el aborto debilitando el diálogo social regional, que el Gobierno de España, si eso lo llevan a leyes autonómicas, lo va a recurrir con toda la fuerza del Estado de Derecho. Defenderemos los derechos y libertades del puebloo extremeño", ha avanzado en nombre de Moncloa.
Claves del pacto en Extremadura sobre inmigración
El punto que mayor fricción política ha emanado del acuerdo entre PP y Vox en Extremadura, con intermediación directa de Génova y Bambú, se refiere a la cesión de terreno y poder a la ultraderecha, asumiendo así parte de su agenda argumentativa en el ámbito migratorio. El pacto, de esta manera, establece una posición de choque frontal con la política migratoria del Gobierno central, esencialmente en el reparto de menores migrantes vigente entre todas las comunidades autónomas.
En este sentido, la Junta de Guardiola, cuando se conforme tras la investidura, se opondrá por la vía legal, jurídica y política a la aplicación de este sistema en su territorio, tanto si afecta a adultos como menores migrantes. Asimismo, se procederá a una revisión exhaustiva de las subvenciones públicas a organizaciones relacionadas con la inmigración, cuyo fin será reducir o suprimir las cuantías por temor a un “efecto llamada”, así como la eliminación de toda financiación a estas entidades sociales.
Tal y como se ha venido defendiendo desde el ámbito nacional, en Extremadura también se pretende prohibir el uso del burka y niqab en espacios públicos. Un paquete de medidas que confluyen, según defienden ambas formaciones, para dar seguridad y convivencia.