El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido en un artículo publicado en la revista británica The Economist la negativa de España a respaldar una intervención militar contra Irán y ha reivindicado la posición de su Ejecutivo como una defensa del derecho internacional y de la diplomacia frente a la lógica de la guerra.
El texto combina una argumentación política y económica con una apelación directa a la memoria histórica de la guerra de Irak y a la oposición que aquella intervención generó en la sociedad española.
La guerra de Irak como advertencia
El artículo arranca con una evocación de uno de los momentos más simbólicos de la antesala de la guerra de Irak. Sánchez recuerda la comparecencia del entonces secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en febrero de 2003, cuando mostró un pequeño frasco que supuestamente contenía ántrax para justificar la existencia de armas de destrucción masiva en Irak.
El presidente establece un paralelismo con la posición que adoptó en aquel momento el entonces jefe del Ejecutivo español, José María Aznar. Según recuerda, el dirigente popular aseguró entonces que el régimen de Saddam Hussein poseía ese tipo de armamento, una afirmación que posteriormente no pudo demostrarse y que generó un profundo rechazo social en España.
Sánchez subraya que el apoyo a la intervención militar fue mínimo entre los ciudadanos —cita un respaldo de apenas el 5%— y recuerda las movilizaciones multitudinarias contra aquella guerra. Pese a esa oposición, sostiene, el Gobierno de Aznar terminó implicando a España en el conflicto.
Un balance crítico de la intervención
El artículo presenta la guerra de Irak como un ejemplo de las consecuencias negativas que, a su juicio, puede provocar una intervención militar de gran escala. Sánchez cifra en unas 300.000 las víctimas mortales del conflicto, en su mayoría civiles, y sostiene que aquella guerra contribuyó a aumentar la inestabilidad en Oriente Próximo.
Además, vincula ese episodio con fenómenos posteriores como el incremento del terrorismo internacional, la crisis migratoria que afectó a Europa en la década siguiente y el encarecimiento de los precios que golpeó a millones de hogares. En su opinión, una operación que se presentó como una misión para extender la democracia terminó generando efectos contrarios.
La posición del Gobierno ante el conflicto con Irán
A partir de ese precedente, el presidente explica la posición actual de su Ejecutivo ante la escalada con Irán. El mensaje central del artículo se resume en una idea reiterada a lo largo del texto: el rechazo a una nueva guerra.
Sánchez sostiene que la postura española no responde ni a un distanciamiento de Estados Unidos ni a una simpatía hacia el régimen iraní. De hecho, recalca que su Gobierno ha condenado en repetidas ocasiones la represión ejercida por las autoridades iraníes, especialmente contra las mujeres.
La negativa a apoyar una intervención militar se fundamenta, según expone, en tres argumentos principales: la ilegalidad de la operación sin respaldo internacional, el riesgo que supondría para el orden global basado en normas y el elevado coste humano y económico que podría generar.
Riesgos económicos para Europa
El artículo introduce también una dimensión económica en el análisis. Sánchez advierte de que una escalada militar podría tener consecuencias directas para Europa y cita estimaciones del Banco Central Europeo sobre el impacto que tendría una interrupción parcial del tráfico en el Estrecho de Ormuz.
Según esos cálculos, un bloqueo en esa ruta estratégica para el comercio energético podría reducir en siete décimas el crecimiento del PIB de la eurozona y elevar casi un punto la inflación en un solo año. El presidente añade que esas previsiones ni siquiera contemplan un escenario de conflicto militar abierto.
La decisión sobre las bases militares
Uno de los puntos más relevantes del artículo es la explicación de la decisión del Gobierno español de no autorizar el uso de las bases militares situadas en territorio español para operaciones vinculadas a esta guerra.
Sánchez defiende que se trata de una prerrogativa soberana de España contemplada en los acuerdos bilaterales con Estados Unidos y la presenta como una medida orientada a proteger los intereses del país y a respetar el marco del derecho internacional.
En su argumentación, el presidente insiste en que la relación entre aliados debe basarse en la cooperación, pero no en una “obediencia ciega” ante decisiones que considera arriesgadas.
Diplomacia frente a escalada militar
El artículo concluye con una defensa de la vía diplomática como única salida viable a la crisis. Sánchez explica que su Gobierno está trabajando con socios europeos y con países de la región para promover una desescalada del conflicto, impulsar un alto el fuego y reabrir el camino de la negociación.
El presidente reconoce que esa posición puede ser considerada ingenua por algunos actores internacionales, pero sostiene que la experiencia histórica demuestra que la escalada militar rara vez produce estabilidad o democracia.
En ese sentido, plantea una reflexión más amplia sobre el orden internacional: elegir entre “el imperio de la fuerza” o “la fuerza de las normas”. Según defiende en su artículo, España debe situarse del lado del derecho internacional, la cooperación entre países y la protección de la vida humana como base de la política exterior.
