No es ilegal. Pero no deja de resultar chocante. Alberto Ruiz-Gallardón ha recibido la aprobación del Gobierno, a través de la oficinas del Conflicto de Intereses, para ejercer de abogado… Y esto, menos de medio año después de haber cesado como ministro de Justicia.

Dos años de 'supervisión'
El hecho, como tantas cosas que se ‘anuncian’ a través del Portal de la Transparencia, quedó escondido en su momento. Porque la resolución de la Oficina del Conflicto de Intereses se produjo con fecha del 21 de enero, y entonces se ‘publicitó’ en el Portal.



Según hemos sabido en ELPLURAL.COM puestos en contacto con la Oficina del Conflicto de Intereses, el requisito que debe cumplir un alto cargo es simplemente solicitar “durante los dos años siguientes a su cese el permiso correspondiente”.

Por supuesto, eso implica decir a qué va a dedicarse, porque la oficina correspondiente “evalúa la autorización dependiendo de que en su ejercicio el solicitante vaya a caer en conflicto o no con asuntos que haya conocido durante el ejercicio de su cargo”.

Tres años de ministro ¿y libre de conflicto de intereses para actuar en casos de justicia?
Naturalmente, resulta difícil imaginar que un ministro de Justicia, como es el caso de Ruiz-Gallardón, que ha ocupado el puesto durante tres años, no haya tenido nada que ver con la legislación o los intereses que ahora podría defender.

Lo previsible es que, ahora que cuenta con el ‘permiso’, el exministro se adscriba a algún gran bufete de abogados o al gabinete de alguna gran empresa. El diario Expansión http://www.expansion.com/accesible/2014/10/15/juridico/1413387046.html hablaba hace dos semanas de un listado de hasta diez grandes despachos internacionales que le ofrecerían sueldos rondando los 250.000 euros.

Pero aún más, resulta difícil evaluar el ‘valor añadido’ que una persona como un ministro de Justicia haya podido acumular en ‘su agenda’. Contactos que sumados a su experiencia política le convierten en un ‘socio’ más que deseable. Pero que, precisamente, hacen más inexplicable que en sólo 5 meses se considere que su actuación estará libre de choque de intereses.

El ministro de Justicia, recordamos, no está en estos momentos en el paro. Inmediatamente a dejar su cargo se incorporó como miembro del Consejo Consultivo de Madrid en su calidad de expresidente de la Comunidad. Un cargo por el que percibe 8.000 euros mensuales.