Las respuestas del Gobierno aventuran cómo será el discurso de Sánchez contra la corrupción

Hace ya más de un mes, cuando comenzaron a aflorar causas judiciales que golpean al Partido Socialista, tanto el Gobierno como sus socios se encomendaron a que el presidente diera explicaciones sobre la corrupción. Este miércoles, tendrá lugar esa comparecencia extraordinaria de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, que el líder del Ejecutivo pidió tras conocerse la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y el estallido del caso de Leire Díez. 

La expectación es máxima, pues será la primera vez que el presidente abordará los casos de corrupción desde la sentencia del Tribunal Supremo en la que el exministro José Luis Ábalos fue condenado a 24 años de prisión, conocida este lunes. Este ha sido el último golpe antes de la comparecencia, en la que Moncloa ya avanza por dónde va a caminar el discurso de Sánchez. 

Los mensajes de Moncloa que anticipan a Sánchez 

El presidente ha defendido este martes la continuidad del Gobierno bajo la legitimidad de los avances sociales que se consigan de aquí a las próximas elecciones, que de momento siguen previstas para 2027. Sobre la corrupción, la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, también este martes, ha dado pistas de que las explicaciones que le pidieron los socios tras la imputación de Zapatero y las investigaciones que apuntan a que el PSOE financió la trama de las cloacas, se refugiarán bajo el paraguas del plan contra la corrupción que el Gobierno anunció hace un año, en una situación muy similar tras la imputación de Santos Cerdán. 

Preguntada por la comparecencia de Sánchez, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha asegurado que “el trabajo del Gobierno está plasmado” en ese plan de quince puntos, de los que, pasado un año, no hay ninguno implementado por completo. Esto dejará lo más relevante del discurso del presidente en cómo se refiere a cada uno de los casos judiciales que le va a echar en cara la oposición, pero también los socios más críticos. 

En el último mes, los contactos con fuentes de Moncloa han dejado un amplio abanico de respuestas que dejan entrever cuál es la posición del Gobierno para cada uno de los casos judiciales. La defensa de la presunción de inocencia y el respeto a la acción de la Justicia, que priman en el caso de Zapatero, se entremezclan con críticas a algunos jueces como Juan Carlos Peinado, que dirige la causa contra Begoña Gómez y que ha querido contraprogramar a Sánchez citando a su esposa a entregar el pasaporte este mismo miércoles por la tarde. Esta y otras ‘coincidencias’ reiteradas en el calendario también han recibido críticas por parte del Ejecutivo. 

Moncloa comparte la condena a Ábalos, pero duda de la de Aldama 

Sobre lo más reciente, la sentencia a Ábalos, las fuentes consultadas por ElPlural.com este lunes fueron muy cautas. Es normal, tratándose del primer exministro condenado por corrupción con el Gobierno del que formó parte todavía en ejercicio, además de la mayor pena de prisión impuesta a un exmiembro del Ejecutivo. “Somos un Gobierno que cree en la transparencia, el mérito y la integridad como principios vertebradores del servicio público”, defendían desde la Moncloa. 

"Por eso”, explicaban, “lamentamos y condenamos sin matices unos comportamientos que claramente han atentado contra esos principios. Y nos comprometemos a seguir trabajando para construir una España ejemplar en la que la corrupción no sea aplaudida ni tolerada”. 

La postura de Sánchez sobre este tema le pondrá en una postura incómoda, al tratarse del primero de los casos de corrupción que apuntan a su Gobierno que ya tiene una sentencia firme. En una línea similar a estas fuentes, Saiz ha aceptado el fallo del Supremo, pero a su lado, el ministro Óscar López tenía algo más que decir: “El que la hace la paga, se llame Ábalos o se llame Ayuso”, ha apuntado. 

Las informaciones conocidas sobre el dinero facturado por el novio de la presidenta de Madrid, Alberto González Amador, en el negocio sanitario, sirven de escudo a la Moncloa, como también lo hace la parte de la sentencia del caso Mascarillas sobre Víctor de Aldama. El Supremo libra al comisionista de la cárcel por colaborar con la Justicia, y le permite quedarse con el dinero cobrado en comisiones. Esto abre la puerta a otros implicados en causas por corrupción a que hagan lo mismo. 

Por ello, en el Gobierno han dado respuestas muy variadas sobre el tema, aunque en general prima la indignación con una sentencia que consideran “aleccionadora”, en palabras de Óscar Puente. En el Consejo de Ministros, Saiz ha evitado entrar en el tema, diciendo que el atenuante por colaboración es un “legítimo ejercicio del poder judicial”. De Sánchez aún no hay respuesta sobre este tema, pero lo más probable es que los socios se lo saquen en el Congreso, ya que ellos sí han sido muy críticos con la decisión del Supremo. 

El “cirujano loco” Peinado ataca al corazón de Sánchez 

En cuanto a los casos que aún esperan juicio, aunque ya han tenido una instrucción que no ha dejado a nadie indiferente, el caso de Begoña Gómez apunta a ser el tema con el que Sánchez será más duro. La imputación a su esposa por parte del juez Peinado fue el motivo por el que, en 2024, llegó a ponerse en el filo de renunciar al Gobierno en aquellos cinco días de reflexión, demostrando que esta es la causa que más duele al presidente, la que va directa a su corazón. 

Peinado ha querido que los últimos coletazos de su instrucción de dos años y medio sean una suerte de traca final, en la que no ha dejado de dar petardazos en las últimas semanas. Este sábado, tras celebrar el lunes anterior la última vistilla antes del juicio oral, el juez ordenó retirarle el pasaporte a Gómez y a la que fue su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, así como la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado. En el caso de la mujer del presidente, Peinado argumentó que uno de los motivos era que sus escoltas la podían ayudar a fugarse de la Justicia. 

“Se constata la persecución, la obsesión y la desproporción de un juez que ha llevado a cabo una instrucción que carece de todo sentido jurídico y que sólo atiende a motivos políticos”, dicen desde Moncloa. Las fuentes recuerdan la actuación de otros jueces que consideran más serios, como José Luis Calama, que instruye la causa contra Zapatero. Tras la declaración del expresidente en la Audiencia Nacional, el pasado miércoles, el juez rechazó retirarle el pasaporte, ya que “su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real”. 

Sin embargo, Peinado no aplica este criterio a Begoña Gómez. Desde el Gobierno no creen en las casualidades, y que los movimientos del juez son una maniobra para “tapar la corrupción de Ayuso”. En ese sentido, señalan también los vínculos del juez con el PP madrileño, con su mujer en el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida y su hija en otro consistorio de la Comunidad. 

No cree el Gobierno que sea coincidencia que este movimiento de Peinado llegue nada más conocerse lo último sobre González Amador, ni tampoco que el juez eligiera este mismo miércoles como fecha para que la mujer de Sánchez vaya a entregarle su pasaporte. “Es como si todos supiéramos que hay un cirujano loco en urgencias desde hace dos años y le dejáramos seguir operando”, apuntan desde Moncloa, preguntados por esto. El presidente también espera la sentencia del caso que implica a su hermano, David Sánchez, por presunto enchufismo en Badajoz, investigación que también ha criticado en numerosas ocasiones el Gobierno. 

Zapatero, Leire, y el respeto a la Justicia 

Y luego están los dos casos que han motivado esta comparecencia, que se han conocido en el último mes, y que están en una fase muy embrionaria. Por un lado, la imputación de Zapatero, que desató la tormenta el pasado 19 de mayo. La pasada semana, Moncloa se apuntó otra fecha histórica, con el primer expresidente que declaraba como imputado ante la Justicia. El exdirigente socialista negó todo lo que se le imputa sobre el rescate de Plus Ultra, una explicación que no convenció al juez, pero que sí se ganó la reiteración de la confianza de Sánchez: “Confiamos en su inocencia, respetamos a la justicia y empatizamos con la situación”, dijo el presidente nada más conocerse, al día siguiente, la imputación en la causa de las hijas de Zapatero. 

Esta es la postura que mantiene Moncloa, de momento, con este caso y con el de Leire Díez. La entrada de la Guardia Civil en la sede del PSOE terminó de abrir la herida de la corrupción en el Gobierno, que desde entonces ha tratado de esquivar las balas. Hay varios nombres sobre la mesa, que la oposición arrojará a la cabeza de Sánchez, pero desde Ferraz también han avanzado cuál será su defensa. 

Sobre Santos Cerdán, acusado de liderar la trama de las cloacas, recuerdan que ya le cesaron el año pasado, cuando se abrió la otra causa que afecta al ex secretario de Organización por el cobro de comisiones. Sobre Leire Díez, desvinculación total de las actividades de la fontanera, que el juez cree que financió el propio PSOE. Sobre la gerente del partido, Ana María Fuentes, respaldo a su gestión y confianza en la Justicia. Aun así, quedan muchas incógnitas por despejar sobre algunos de los que, según lo que figura en el sumario, se reunieron con Leire. Es el caso de la presidenta socialista, Cristina Narbona, citada a declarar testigo, o la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que dio varias versiones contradictorias sobre el tema.