El Consejo de Ministros ha acordado presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional por la ley de regulación de precios al mercado del alquiler de Cataluña. Pese a que el Ejecutivo amenazó con la suspensión, la presión de los socios de investidura ha provocado que finalmente todo quede en un recurso judicial que da cierto aire a la Generalitat, a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y a Unidas Podemos, que aboga por la misma vía para reducir el impacto de los precios desorbitados de un mercado que sigue provocando fricciones en el seno del Gobierno.

La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha comentado este martes que se ha solicitado ante el Tribunal Constitucional la impugnación de los artículos 1 y del 6 al 16; las Disposiciones Adicionales de la 1º a la 4ª; la Disposición Transitoria 1ª y la Disposición Final 4ª letra b. Una petición que no ha contentado a sus socios de Gobierno y que Montero entiende necesaria porque la ley actual “vulnera las competencias estatales en esta materia”.

El Gobierno se encuentra trabajando paralelamente en su propia Ley de Vivienda, y avisa de que muchas de los elementos “que ahora se recurren” por problemas de competencias serán estudiados e incorporados en la nueva legislación. Sin embargo, poco tendrá que ver con la regulación catalana: "No me pueden pedir que yo, a nivel nacional, elabore una ley como la catalana cuando estamos diciendo, y lo están diciendo los propios organismos catalanes, que es una ley inconstitucional", ha argumentado Adriana Lastra, portavoz socialista en el Congreso de los Diputados. "No es un capricho, es una obligación", ha sentenciado, poniendo de relieve que el Ejecutivo debe recurrir la norma por la inconstitucionalidad de varios de sus puntos.

El análisis realizado por el lado socialista de la administración central no es compartido por Unidas Podemos. El presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, ha calificado de “error” la decisión de recurrir por la vía judicial, añadiendo que al PSOE se le acaban las “excusas” para abordar una reforma que debe “blindar y extender" la regulación del alquiler con contención de precios. A juicio del dirigente morado, la ley catalana es totalmente constitucional, y este problema no habría tenido lugar si sus socios de Gobierno se hubiesen dado prisa “en regular los precios”. Pese a todo, Asens ha calificado de buena noticia que finalmente no se haya optado por la suspensión de la ley, premiando el esfuerzo realizado por Yolanda Díaz, Ada Colau e Ione Belarra para contener los propósitos iniciales del PSOE.

El bloque de la investidura avisa: “Ya son demasiadas”

"Una decepción mayúscula en el electorado progresista". Con estas duras palabras se ha expresado el líder de Más País en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, al conocer que el Gobierno acabaría recurriendo ante el Constitucional la regulación de los precios del alquiler de Cataluña. “Ya son demasiadas”, ha apostillado.

"Al Gobierno no deberían preocuparle los gritos en Colón, sino la decepción del electorado progresista", ha proseguido Errejón. "Es un poco decepcionante para todos aquellos que confiamos en que habría una nueva ley que regulara los precios del alquiler", ha sentenciado por su parte, el diputado de Compromís, Joan Baldoví.

A juicio de ambos, en una intervención durísima contra el Ejecutivo, el consejo de ministros está poniendo demasiadas excusas a la hora de aportar soluciones a demandas del progresismo que Sánchez prometió cumplir para obtener los votos del bloque de la investidura: la regulación del alquiler, la derogación de la denominada ‘Ley mordaza’ y de la reforma laboral del PP, la extensión del ingreso mínimo vital o la bajada de los precios de la electricidad.

ERC tampoco se fía del PSOE. La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, considera que el recurso es un “error político gravísimo" que evidencia que el Gobierno “intenta torpedear" una ley que no existe en el resto de España y que los socialistas no quieren impulsar. "Ni hace ni deja hacer", ha señalado, apremiando al Ejecutivo para que deje de judicializar medidas que ayudan a la ciudadanía y apueste por una moratoria contra los desahucios que proteja a las personas más vulnerables.