El Ayuntamiento de Barcelona ha apuntado a la responsabilidad del juez tras el suicidio de un hombre de 58 años en el barrio de Sants que estaba a punto de ser desahuciado.

El hombre se ha quitado la vida justo después de que la comitiva judicial llamara a su puerta para cumplir con el lanzamiento, según ha avanzado el diario El País.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha exigido a los jueces que "revisen" los criterios con los que aplican la moratoria antidesahucios y ha añadido que su Gobierno ni "comparte" ni "entiende" la decisión del juez y ha explicado que los servicios sociales municipales intentaron mediar par evitar el desalojo de este vecino de Sants.

Colau ha pedido al PSOE que "desbloquee ya la propuesta de una nova ley de vivienda que frene la especulación, impulse más vivienda pública y ofrezca alternativas a los desahucios en los casos de vulnerabilidad acreditada".

"Inexcusable" que no se parara el desahucio

La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martín, ha considerado "inexcusable" que el juzgado no frenara el desahucio. En declaraciones a la Cadena SER, la edil ha criticado que el juez no haya hecho una "interpretación garantista" de la moratoria prevista para los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad.

La concejala recordó que el hombre presentó dos veces la documentación ante el tribunal, incluyendo el informe de los servicios sociales municipales que acreditaban la vulnerabilidad: "Es incomprensible que con un caso tan claro, con la justificación presentada a tiempo no una sino dos veces, el juzgado haya decidido ignorar estos informes", ha lamentado

El juzgado de primera instancia número 3 de Barcelona desestimó un informe municipal para la suspensión del lanzamiento porque no cumplía con las exigencias que requiere la moratoria de desahucios, según ha explicado una portavoz del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

El Ayuntamiento no aclara si facilitó una solución habitacional

La víctima estaba siendo atendido por los servicios de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona porque no podía pagar el alquiler porque había agotado la prestación por desempleo, según ha confirmado un portavoz, que no ha especificado si se le facilitó alguna solución habitacional.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el inquilino tenía un contrato de alquiler desde 2018, pero dejó de pagar el alquiler en junio de 2020. El propietario del inmueble denunció el impago el pasado mes de enero.