La censura literaria fue uno de los instrumentos preferidos por el franquismo para controlar la producción cultural y limitar la difusión de ideas contrarias a los principios políticos, religiosos y morales del régimen. En definitiva, un arma silenciosa para controlar a la población, un valioso instrumento que no dejaba rastro de sangre y través del cual se buscaba que los ciudadanos españoles llegaran a pensar que su ideología había muerto. Su implantación comenzó durante la Guerra Civil, cuando las autoridades sublevadas pusieron en marcha los primeros organismos encargados de vigilar las publicaciones. En 1937 se creó la Delegación de Prensa y Propaganda y, un año después, la Ley de Prensa de 22 de abril de 1938 consolidó un sistema de intervención estatal sobre los contenidos que podían llegar a las librerías. La depuración de bibliotecas y el control de los libros también formaron parte de las medidas adoptadas por las nuevas autoridades.
Durante los primeros años de la dictadura, los manuscritos debían obtener autorización administrativa antes de su publicación. Los censores examinaban las obras y elaboraban informes en los que valoraban si contenían referencias contrarias a la religión católica, la moral, la Iglesia o el propio régimen. Un filtro que llevaba a que las obras pudieran experimentar prohibiciones completas, eliminación de capítulos y párrafos o modificaciones de determinadas expresiones. La influencia que se llegaba a ejercer sobre las obras era tal que también se exigía, en ocasiones, introducir explicaciones destinadas a condenar comportamientos de personajes considerados inmorales.
La censura no afectó únicamente a escritores vinculados a la oposición política. También alcanzó a autores que abordaban cuestiones sexuales, religiosas o familiares que chocaban con la moral oficial. Además, la literatura republicana y la producción de los escritores exiliados quedaron especialmente perjudicadas por las restricciones de distribución.
Uno de los primeros grandes ejemplos fue La colmena, de Camilo José Cela. El escritor presentó una primera versión de la novela a la censura en enero de 1946, pero fue rechazada en dos ocasiones. Los informes cuestionaban especialmente sus descripciones sexuales y determinados pasajes considerados inmorales. Cela terminó publicándola en Buenos Aires, a través de la editorial Emecé, en 1951. Su circulación en España fue autorizada en 1955, aunque las ediciones aparecidas en Barcelona durante los años siguientes mantuvieron un pie de imprenta mexicano. La primera edición oficialmente impresa en España no llegó hasta 1963.
En 1951, las competencias sobre censura pasaron al recién creado Ministerio de Información y Turismo, que asumió las funciones que hasta entonces dependían de Educación Nacional. Gabriel Arias-Salgado fue uno de los principales responsables de esta etapa. El control continuó durante los años cincuenta, con especial atención a las novelas que ofrecían una visión crítica de la posguerra o cuestionaban las convenciones morales del nacionalcatolicismo.
Entre los títulos afectados estuvo Luciérnagas, de Ana María Matute. La novela, que abordaba la Guerra Civil desde la experiencia de unos jóvenes barceloneses y ofrecía una visión negativa del conflicto y sus consecuencias, fue prohibida en 1953. La autora no pudo publicar la obra íntegra hasta 1993, cuatro décadas después. También Elena Soriano sufrió la prohibición de La playa de los locos, publicada en 1955, pero cuya distribución no pudo realizarse con normalidad hasta 1976.
Otro caso fue Una mujer llega al pueblo, de Mercedes Salisachs. La novela, que había obtenido el Premio Ciudad de Barcelona en 1957, recibió informes muy negativos de los censores y solo consiguió publicarse después de numerosas modificaciones. Algo parecido sucedió con Taller, de Mercedes Ballesteros, que abordaba el aborto y tuvo que eliminar las páginas dedicadas a las cuestiones morales relacionadas con esta práctica para obtener autorización en 1960.
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Fraga y una nueva etapa de la censura
Manuel Fraga Iribarne llegó al Ministerio de Información y Turismo en julio de 1962. Cuatro años después, el 18 de marzo de 1966, se aprobó la Ley de Prensa e Imprenta, que sustituyó el marco establecido en 1938. La norma eliminó formalmente la censura previa obligatoria, pero ni mucho menos supuso establecer una libertad de publicación plena. En su lugar, introdujo mecanismos como que teóricamente permitían a los escritores someterse a consultas voluntariamente. Si bien, las presiones seguían presentes, con sanciones y secuestros de las publicaciones tras haber sido editadas. De esta manera, las consultas voluntarias no eran tal, pues la magnitud de las consecuencias hacían que los escritores se vieran forzados a ofrecer sus textos antes de considerar llevarlos a las librerías.
Ese mismo año se produjo uno de los episodios más significativos de esta transición legislativa. El escritor Isaac Montero había presentado su novela Alrededor de un día de abril a esa censura previa voluntaria, la cual ordenó nada más y nada menos que realizar 90 cortes en el manuscrito. Tras la aprobación de la nueva ley, el autor decidió publicarla por su cuenta, sin aceptar las supresiones exigidas. La respuesta de las autoridades fue el secuestro de los ejemplares en imprenta y la apertura de un procedimiento contra él ante el Tribunal de Orden Público.
La novela se convirtió en el primer título prohibido al amparo de la Ley de Prensa e Imprenta de 1966. El litigio se prolongó durante años, entre recursos judiciales y problemas administrativos, y la obra no llegó finalmente a las librerías hasta mayo de 1981, cuando fue publicada por la editorial Laia. Habían transcurrido casi quince años desde su secuestro.
La nueva legislación tampoco impidió que otras obras sufrieran prohibiciones o mutilaciones. Señas de identidad, de Juan Goytisolo, apareció en México en 1966 y circuló clandestinamente en España. No pudo publicarse legalmente en el país hasta 1976 y, aun entonces, los censores seguían reclamando cortes. En 1969, Concha Alós consiguió publicar La madama después de eliminar páginas consideradas indecorosas e impúdicas. Por su parte, Historias de una historia, de Manuel Andújar, apareció en 1973, pero no pudo recuperarse íntegramente hasta 1980.
La censura después de Franco
La muerte del dictador, el 20 de noviembre de 1975, tampoco supuso la desaparición inmediata de los mecanismos de control editorial. Algunas obras continuaron secuestradas o encontraron obstáculos administrativos durante los primeros años de la Transición. Es el caso de Si te dicen que caí, de Juan Marsé, publicada originalmente en México en 1973. En 1976, ya fallecido Franco, una pequeña tirada fue secuestrada y el libro no pudo circular con normalidad hasta el año siguiente.
También Sobresalto español, de Jesús Torbado, sufrió un secuestro en 1976, pese a que su autor acababa de obtener el Premio Planeta. La novela, que abordaba los últimos días de Franco, permaneció fuera de circulación hasta 1984, cuando apareció una nueva edición bajo el título El fin de los días.
El Archivo General de la Administración conserva expedientes de censura editorial comprendidos entre 1937 y 1983, un fondo documental que permite seguir la evolución de estas prácticas desde los primeros años de la dictadura hasta después de la aprobación de la Constitución de 1978.
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