Las comunidades autónomas tienen la obligación legal de elaborar cada año planes específicos contra los incendios forestales. Estos documentos deben incluir medidas de prevención, vigilancia y extinción, llevar un control continuado sobre la totalidad del territorio y hacerse público antes de su aplicación. Así lo recuerda la Fiscalía General del Estado en un informe en el que se advierte a los gobiernos autonómicos de que el incumplimiento de esta norma puede derivar en responsabilidades administrativas e incluso penales, subrayando que la ausencia de estos planes o su aplicación inadecuada está detrás de buena parte de los problemas que cada verano azotan el país. España afronta este año un escenario agravado por temperaturas extremas y una sequía prolongada, factores que multiplican el riesgo de incendios.
El informe, al que ha tenido acceso ElPlural.com, firmado por Antonio Vercher Noguera, señala que “las Comunidades Autónomas, ante el riesgo general de incendios forestales, elaborarán y aprobarán planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales". "Además, dichos programas deberán ser objeto de publicidad previa a su desarrollo, comprenderán la totalidad de las actuaciones a desarrollar y abarcarán la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma correspondiente", añade el escrito.
Verificación y control: los municipios bajo la lupa
Desde 2024, la Fiscalía ha impulsado campañas de verificación en todo el territorio para comprobar si los municipios cuentan con planes de prevención actualizados, identificando las zonas más conflictivas en materia de incendios forestales del país. Según se recoge en el escrito, en los casos en los que se conste de algún incumplimiento, se procederá a formular las denuncias administrativas correspondientes y a considerar esa infracción en la investigación de los incendios forestales ocurridos en los municipios afectados.
El documento también recuerda que esta obligación no es un mero trámite más, sino que, si se diera el caso de una falta de planificación preventiva, puede considerarse un incumplimiento grave, sobre todo si se demuestra que la ausencia de medidas ha facilitado la propagación de un incendio.
La Fiscalía también insta a las administraciones a aprovechar al máximo los avances tecnológicos, detallando la posibilidad de utilizar drones para visualizar e investigar las zonas de mayor riesgo, así como sistemas de vigilancia aérea o teledetección para detectar incendios incipientes. Todas estas herramientas planteadas no saldrán adelante sin la correspondiente intervención humana, que sigue siendo clave, al igual que los especialistas que actúan en el momento en que se produce un incendio forestal fuera de control.
El escrito hace hincapié en que los incendios forestales raramente tienen una sola causa. En un contexto de cambio climático, se multiplican los factores de riesgo y resulta imprescindible anticiparse. Por eso, se advierte de que los planes autonómicos deben ser integrales, abarcar todo el territorio y estar diseñados para actuar en el peor de los escenarios.
Alerta máxima en un verano crítico
Este recordatorio llega, según subraya la Fiscalía, en un momento especialmente delicado. Con varios frentes activos en distintas comunidades y un clima adverso que incrementa el riesgo de propagación, se insiste en que la prevención no es opcional.
El Ministerio Fiscal subraya que el objetivo principal de los planes de prevención de incendios es evitar la ocurrencia de incendios y, en caso de que lleguen a producirse, minimizar sus efectos negativos, protegiendo vidas, propiedades y el medio ambiente. Todo ello, mediante el control en la propagación del fuego y la garantía de una evacuación segura.
En este sentido, el escrito no duda en afirmar que, partiendo de ese principio, la situación que se está viviendo este agosto de 2025 responde, en buena parte, a la ausencia o aplicación deficiente de estos planes.
Finalmente, la Fiscalía de Sala reitera su total disposición hacia los/as fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo, ofreciendo apoyo y orientación sobre esta materia. Recuerda que se han llevado a cabo estudios e investigaciones específicas con ese objetivo, y que su voluntad de colaborar, aclarar y acompañar en la aplicación efectiva de medidas frente a una amenaza que, año tras año, se vuelve más urgente.