Resulta complicado hacer una valoración general y única del estado en el que se encuentran actualmente los Servicios Sociales en España dadas las diferencias y matices que se observan entre territorios y dependiendo del contexto socioeconómico de cada región. Sin embargo, un año más, el Índice DEC de la Asociación Estatal de directoras y gerentes en Servicios Sociales trata de dibujar una radiografía que revela dónde se registran las mayores deficiencias y cuál es el grado de implicación de la Administración Pública en la prestación de estos servicios.
El Índice DEC se aplicó por primera vez en 2012 y, desde entonces, se ha venido publicando de forma anual, a excepción de 2020, con motivo de la pandemia. Aunque existen otros estudios que miden y valoran la pobreza y la desigualdad, así como otros factores vinculados a las necesidades sociales de la población, el Índice DEC es el único estudio que trata de medir y evaluar el desarrollo de las estructuras y presupuestos de los Servicios Sociales que atienden a las necesidades de más de 8 millones de personas en el país.
En este orden de cosas, según se desprende de los resultados correspondientes a 2024 continúa habiendo un escaso desarrollo y evolución de los Servicios Sociales domiciliarios, que incluyen la ayuda a domicilio y la teleasistencia, así como de los servicios complementarios del domicilio (centros de día), lo que evidencia una necesidad de compromiso económico que permita conseguir los objetivos de desinstitucionalización.
Asimismo, según se arroja del Índice DEC las comunidades donde gozan de mayor excelencia en estos servicios son Castilla y León, País Vasco y Navarra, mientras que la Región de Murcia, Cantabria y la Comunidad de Madrid tienen la calificación de irrelevantes en servicios sociales. No obstante, lo cierto es que todas las comunidades autónomas cuentan en la actualidad con una ley que reconoce derechos subjetivos, 14 tienen un catálogo de servicios que desarrolla esos derechos, 15 tienen integrada la Atención a la Dependencia en sus servicios sociales y 10 tienen una planificación estratégica vigente.
Los Servicios Sociales domiciliarios, en retroceso
En el marco de estos servicios, aquellos que se centran en la atención domiciliaria experimentan una situación compleja que refleja un escaso desarrollo. Por una parte, por lo que hace a la Ayuda a Domicilio su cobertura apenas ha variado desde 2010, pasando del 4,7% al 5,7% en personas mayores de 65 años. Además, su intensidad también es notablemente baja, con una media de 21,2 horas mensuales, solo 4,2 más que en 2010.
En esta línea, si se atiende únicamente a la Ayuda a Domicilio como prestación de derecho incluida en el Catálogo de la Dependencia, su intensidad media es de 35,65 horas/mes: 17,4 horas para los dependientes Grado I, 39,8 para los Grado II y 60,2 para los Grado III, apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes para estos últimos. Según lamentan desde la Asociación Estatal de directoras y gerentes en servicios sociales esto es “claramente insuficiente” ya que, según considera la propia Ley, son personas que necesitan apoyo permanente para todas las actividades básicas de la vida diaria.
Por otra parte, en lo referente a los Centros de Día hay una escasa evolución desde 2010, aunque en el último año ha mostrado por primera vez cierto repunte, pasando de 0,7 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años a 1,10. No obstante, sigue siendo un servicio de cobertura muy limitada. De igual manera, respecto al servicio de Teleasistencia, este es el único que ha mostrado cierta evolución, aumentando su cobertura en 3 puntos. No obstante, según se estableció en el Plan de Choque para la dependencia el objetivo era establecer la teleasistencia como derecho subjetivo para toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio. Sin embargo, en el año 2024 siguen quedando 709.234 personas para alcanzar la cobertura del 100%.
En este mismo orden de cosas, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar la percibe el 41,9% de las personas beneficiarias con un importe medio de 264,11 euros al mes, lo que supone una cuantía insuficiente para los familiares que asumen el cuidado de personas dependientes en sus domicilios.
Aumenta el gasto, pero disminuye su porcentaje sobre el PIB
En lo referente a las partidas destinadas a estos servicios, desde 2014 se ha incrementado el gasto de las Administraciones Públicas en Servicios Sociales. De hecho, en 2023 el incremento fue de 36,1 euros respecto al año anterior, con un gasto en servicios sociales de 548,1 euros. Sin embargo, mientras que el porcentaje del presupuesto destinado a servicios sociales se mantiene igual, el porcentaje de PIB que supone el gasto se ha reducido por tercer año consecutivo hasta situarse en el 1,76%.
Entre otras cosas, lo cierto es que la implicación de las comunidades autónomas en la financiación del sistema ha aumentado 4,84 puntos en los dos últimos años, aunque la tendencia desde 2012 es decreciente ese año era 85,3%, y en 2023 11,07 puntos menos (74,25%).
Brecha entre comunidades
Con todo ello, de manera repetida cada año, se refleja una evidente desigualdad entre comunidades autónomas que dificulta la garantía de derechos básicos dependiendo así de su lugar de residencia.
Así, sin atender a las comunidades con régimen foral, como País Vasco, con 1.203 € de gasto por habitante en servicios sociales, se dan diferencias tan importantes como Extremadura, con 713,7 euros, un 76,1% más que en Madrid, con 405,3 euros. Por su parte, el porcentaje del PIB regional que las Administraciones Públicas de Extremadura destinan a Servicios Sociales (3,03%), triplica el que destinan las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid (0,95%).
Estas diferencias de gasto se manifiestan en una cobertura de prestaciones y servicios muy desigual en los diferentes territorios; con ejemplos como que el número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios de Canarias (2.973) es seis veces superior a Navarra (494), que el porcentaje de personas bajo el umbral de la pobreza que perciben las Rentas Mínimas de Inserción en el País Vasco (58,1%) queda muy lejos que el de Castilla-La Mancha (0,35%), que el porcentaje de plazas residenciales públicas para personas mayores (sobre mayores de 75 años) es tres veces superior en Castilla y León (11,8%) que en Murcia (3,8%), que en Andalucía, con 21,2 servicios de ayuda a domicilio por cada 100 personas mayores de 75 años, se ofrece una cobertura 24 veces mayor que Extremadura (0,9%), o que la cobertura del servicio de teleasistencia es del 34,5% sobre personas mayores de 75 años en Andalucía, es 6,6 veces más que en Canarias (5,2%).