España convive desde hace años con una realidad invisible: cientos de miles de personas que sostienen sectores clave de la economía sin papeles ni derechos plenos. El reciente acuerdo entre el PSOE y Podemos para regularizar a más de medio millón de migrantes en situación administrativa irregular pretende sacar a la luz esa España sumergida y afrontar una de las grandes asignaturas pendientes del modelo migratorio. La iniciativa, planteada como una regularización extraordinaria, no surge en el vacío: responde a una realidad social consolidada, largamente documentada por organizaciones sociales, sindicatos y expertos, y a la incapacidad del actual sistema de extranjería para ofrecer vías legales estables a quienes ya forman parte del país.
Las cifras más recientes apuntan a que en España residen en torno a 800.000 personas en situación irregular, una población que ha crecido de forma sostenida durante la última década. Este aumento no se explica únicamente por nuevas llegadas irregulares, sino por un fenómeno menos visible pero estructural: la pérdida de permisos de residencia y trabajo debido a la precariedad laboral, la rigidez administrativa y los largos plazos exigidos para renovar o acceder a la regularización por arraigo. En la práctica, miles de personas entran en un limbo legal del que resulta muy difícil salir.
Quiénes son y de dónde vienen
El perfil de la inmigración irregular en España dista mucho de la imagen homogénea que a menudo domina el debate público. Se trata de un colectivo profundamente diverso, tanto en origen como en trayectorias vitales. Una parte significativa procede de América Latina, especialmente de países como Colombia, Perú, Venezuela u Honduras, donde las crisis económicas y políticas han empujado a miles de personas a emigrar. A ellas se suman personas del Magreb y del África subsahariana, además de un contingente menor de origen asiático.
Muchos de estos migrantes no llegaron de forma irregular. Entraron como turistas, estudiantes o solicitantes de protección internacional, pero quedaron fuera del sistema al no poder renovar sus permisos o al ver rechazadas sus solicitudes. Otros llegaron por rutas irregulares, especialmente a través del Mediterráneo o el Atlántico, y permanecen en España durante años sin una vía clara de regularización.
Distribución territorial y vida cotidiana
La inmigración irregular se concentra principalmente en las grandes áreas urbanas y en determinadas zonas con alta demanda de mano de obra. Madrid y Barcelona encabezan la lista, seguidas por otras ciudades como Valencia, Málaga o Sevilla. En paralelo, provincias agrícolas del litoral mediterráneo y del sur peninsular concentran población migrante vinculada a campañas temporales, mientras que las islas —especialmente Canarias— combinan su papel como territorio de llegada con mercados laborales muy dependientes del turismo y los servicios.
La irregularidad administrativa condiciona profundamente la vida cotidiana de estas personas. El acceso a la vivienda se produce, en muchos casos, a través de alquileres informales, con precios elevados y condiciones precarias. El empadronamiento, clave para acceder a servicios básicos, no siempre está garantizado. Aunque el sistema sanitario español reconoce la atención a personas sin papeles, persisten barreras prácticas y desigualdades territoriales.
La otra cara del mercado laboral español
Lejos de ser una población inactiva o dependiente de ayudas públicas, la mayoría de las personas migrantes en situación irregular trabaja de forma continuada. Su inserción laboral se produce, sin embargo, en los márgenes del mercado, en sectores caracterizados por la precariedad estructural, la temporalidad y una baja capacidad de inspección por parte de la administración. La agricultura intensiva, la hostelería, la construcción, la logística y, de forma muy significativa, el trabajo doméstico y de cuidados concentran buena parte de este empleo invisible.
En el ámbito agrícola, especialmente en zonas del litoral mediterráneo y del sur peninsular, los temporeros migrantes —muchos de ellos en situación irregular— resultan imprescindibles para sostener campañas de recogida que, sin su presencia, serían inviables. Jornadas largas, salarios por debajo de convenio, pagos en efectivo y alojamientos precarios forman parte de una realidad ampliamente documentada. La irregularidad administrativa limita cualquier capacidad de denuncia y convierte la pérdida del empleo en una amenaza inmediata de exclusión total.
La hostelería y el turismo, sectores estratégicos para la economía española, reproducen dinámicas similares. Cocinas, limpieza, reparto y trabajos de temporada absorben mano de obra migrante que acepta condiciones informales ante la imposibilidad de acceder a un contrato legal. En la construcción y la logística —especialmente en el reparto de última milla— proliferan figuras de subcontratación y falsos autónomos que afectan de forma especialmente dura a quienes no tienen papeles.
Pero es en el trabajo doméstico y de cuidados donde la irregularidad adquiere un carácter más estructural y feminizado. Miles de mujeres migrantes sostienen el sistema informal de atención a personas mayores, dependientes o menores, cubriendo un vacío que ni el mercado ni los servicios públicos han logrado resolver. Internas o externas, muchas trabajan sin contrato, con jornadas extensas y disponibilidad permanente, salarios bajos y una alta dependencia de la familia empleadora. La falta de regularización agrava su vulnerabilidad frente a abusos laborales, despidos arbitrarios o situaciones de aislamiento.
Esta inserción laboral precaria no es una anomalía, sino un pilar oculto del funcionamiento económico. La irregularidad permite abaratar costes, flexibilizar despidos y trasladar el riesgo al trabajador, alimentando la economía sumergida. Al mismo tiempo, presiona a la baja las condiciones laborales del conjunto del mercado y erosiona la recaudación fiscal y las cotizaciones a la Seguridad Social.
El impacto de la regularización
El acuerdo entre PSOE y Podemos se apoya en un argumento central: regularizar no crea una realidad nueva, sino que ordena una ya existente. Desde el punto de vista económico, aflorar empleo permitiría aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social y los ingresos fiscales, además de reducir la competencia desleal y mejorar las condiciones laborales en sectores clave. Desde una perspectiva social, la regularización facilitaría el acceso pleno a derechos, reduciría la vulnerabilidad frente a abusos y reforzaría la cohesión social.
Organizaciones sociales y expertos recuerdan que España ya ha llevado a cabo procesos de regularización en el pasado, con resultados positivos tanto en términos económicos como de integración. Sin embargo, advierten de que una medida extraordinaria, por sí sola, no resolverá el problema de fondo si no va acompañada de reformas estructurales del sistema de extranjería.
Un sistema que produce irregularidad
Uno de los principales puntos de crítica es el propio diseño del marco legal. La exigencia de un contrato de trabajo previo para obtener permisos, combinada con años de permanencia acreditada, genera un círculo vicioso: para trabajar se necesitan papeles, pero para conseguir papeles se exige trabajar. A ello se suman plazos largos, tasas administrativas y una burocracia que dificulta la estabilidad administrativa incluso a quienes ya están integrados.
En este contexto, la regularización propuesta aparece como un parche necesario, pero insuficiente. El debate de fondo apunta a la necesidad de abrir vías legales y seguras de migración, adaptar la normativa a la realidad del mercado laboral y garantizar derechos desde el primer momento para evitar que la irregularidad siga reproduciéndose.