Tras pasar por todas las instancias posibles de lo Penal con resultados frustrantes, el caso de Manuel y Antonio Lapeña, los dos hermanos fusilados en 1936 y enterrados en el Valle de los Caídos, comienza un procedimiento civil tras la presentación mañana de la demanda ante el juzgado de San Lorenzo de El Escorial. Purificación Lapeña, hija y sobrina de ambos no ceja en su empeño de sacarles del mausoleo común y darles sepultura. Comienza pues un nuevo hito en el largo camino de esta mujer que solo desea recuperar los restos de los suyos.
El cauce procesal que habilita a esta petición es el propio Auto de Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2012, emitido a raíz del proceso de la familia de García-Lorca en Granada, que permite acudir a la jurisdicción civil, a través de un expediente de jurisdicción voluntaria por las informaciones para perpetua memoria. El mismo auto, hace mención a la vía Penal, la Contencioso-Administrativa y la vía civil.
Que se autorice la exhumación
Armado con ese equipaje, el abogado de Purificación Lapeña, Eduardo Ranz, reclama es la protocolización de información ad perpetuam memoriam y que se les autorice a recuperar los restos mortales de los hermanos Manuel y Antonio-Ramiro Lapeña Altabás, de modo que el juez dicte orden de entrega de los restos a su nieta y sobrina realizando la debida inscripción de traslado ante el Registro Civil.
Historia muy larga y difícil
El largo calvario jurídico de Purificación comenzó el 20 de noviembre de 2012 cuando se presentó esta demanda ante el juzgado de instrucción de San Lorenzo de El Escorial; continuó tras el sobreseimiento y archivo ya habitual en los casos de desaparecidos forzados del franquismo.
Un fiscal a favor
A continuación, fue desestimado en la Audiencia Provincial, recaló después en el Tribunal Constitucional donde por primera vez, un fiscal, Manuel Miranda, estuvo de acuerdo, pero finalmente se vio abocado al desistimiento. El resultado ante el Tribunal Europeo tampoco fue favorable.
Ahora, la vía civil
El abogado explicó a ELPLURAL.COM que la vía penal “se ha agotado completamente”; sobre la vía contencioso administrativa, el letrado indica que “tiene el problema de abonar tasa judicial, así como un riesgo importante de condena de las costas del abogado del Estado que represente a España. Queda por tanto la vía civil, que es la que vamos a arrancar en San Lorenzo”.
Fusilados al inicio del levantamiento
Manuel Lapeña y su hermano, nacieron en Villarroya de la Sierra (Zaragoza). Poco después del levantamiento militar del 18 de julio de 1936, Manuel fue detenido y fusilado en el barranco de La Bartolina, en Calatayud. Antonio Ramiro se echó al monte, pero pocos meses después se entregó. Le ejecutaron el 20 de octubre de 1936 en la tapia del Cementerio Municipal de Calatayud.
Trasladados al Valle de los Caídos
Cumpliendo la órdenes del ministro de Gobernación de la época, Camilo Alonso Vega, el 3 y el 4 de abril de 1959 los restos de ambos hermanos fueron exhumados y trasladados al Valle de los Caídos donde llegaron el día 8 de ese mes.
Perfectamente localizados
En el Registro de Inhumaciones de la Abadía Benedictina del Valle están perfectamente identificados. Manuel Lapeña Altabás figura con el expediente número 3.746, y Ramiro aparece con el expediente número 3.745, incoado el 27 de noviembre de 1937. Su paradero, por tanto, se conoce desde hace muchos años.
El cauce procesal que habilita a esta petición es el propio Auto de Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2012, emitido a raíz del proceso de la familia de García-Lorca en Granada, que permite acudir a la jurisdicción civil, a través de un expediente de jurisdicción voluntaria por las informaciones para perpetua memoria. El mismo auto, hace mención a la vía Penal, la Contencioso-Administrativa y la vía civil.
Que se autorice la exhumación
Armado con ese equipaje, el abogado de Purificación Lapeña, Eduardo Ranz, reclama es la protocolización de información ad perpetuam memoriam y que se les autorice a recuperar los restos mortales de los hermanos Manuel y Antonio-Ramiro Lapeña Altabás, de modo que el juez dicte orden de entrega de los restos a su nieta y sobrina realizando la debida inscripción de traslado ante el Registro Civil.
Historia muy larga y difícil
El largo calvario jurídico de Purificación comenzó el 20 de noviembre de 2012 cuando se presentó esta demanda ante el juzgado de instrucción de San Lorenzo de El Escorial; continuó tras el sobreseimiento y archivo ya habitual en los casos de desaparecidos forzados del franquismo.
Un fiscal a favor
A continuación, fue desestimado en la Audiencia Provincial, recaló después en el Tribunal Constitucional donde por primera vez, un fiscal, Manuel Miranda, estuvo de acuerdo, pero finalmente se vio abocado al desistimiento. El resultado ante el Tribunal Europeo tampoco fue favorable.
Ahora, la vía civil
El abogado explicó a ELPLURAL.COM que la vía penal “se ha agotado completamente”; sobre la vía contencioso administrativa, el letrado indica que “tiene el problema de abonar tasa judicial, así como un riesgo importante de condena de las costas del abogado del Estado que represente a España. Queda por tanto la vía civil, que es la que vamos a arrancar en San Lorenzo”.
Fusilados al inicio del levantamiento
Manuel Lapeña y su hermano, nacieron en Villarroya de la Sierra (Zaragoza). Poco después del levantamiento militar del 18 de julio de 1936, Manuel fue detenido y fusilado en el barranco de La Bartolina, en Calatayud. Antonio Ramiro se echó al monte, pero pocos meses después se entregó. Le ejecutaron el 20 de octubre de 1936 en la tapia del Cementerio Municipal de Calatayud.
Trasladados al Valle de los Caídos
Cumpliendo la órdenes del ministro de Gobernación de la época, Camilo Alonso Vega, el 3 y el 4 de abril de 1959 los restos de ambos hermanos fueron exhumados y trasladados al Valle de los Caídos donde llegaron el día 8 de ese mes.
Perfectamente localizados
En el Registro de Inhumaciones de la Abadía Benedictina del Valle están perfectamente identificados. Manuel Lapeña Altabás figura con el expediente número 3.746, y Ramiro aparece con el expediente número 3.745, incoado el 27 de noviembre de 1937. Su paradero, por tanto, se conoce desde hace muchos años.