Las 'puertas giratorias' vuelven al Congreso: los socios buscan endurecer el veto a los ex altos cargos

El debate sobre cómo regular la actividad de los grupos de interés en el Congreso continúa abriéndose paso mientras los partidos perfilan sus líneas rojas. Esquerra Republicana y EH Bildu han decidido ir más allá de la propuesta inicial del PSOE y reclaman un veto de cuatro años para que los ex altos cargos del Gobierno, así como los exdiputados y exsenadores, no puedan actuar como representantes de intereses privados ante la Cámara Baja. Su objetivo es frenar de forma más contundente el fenómeno de las llamadas “puertas giratorias”, que a su juicio sigue siendo uno de los puntos oscuros del sistema político español.

La proposición de ley para reformar el Reglamento del Congreso, impulsada por el PSOE, contempla en estos momentos un periodo de incompatibilidad de dos años para quienes hayan ocupado escaños en las Cortes o cargos relevantes en el Ejecutivo. Sin embargo, ERC y Bildu consideran que ese plazo es insuficiente y han registrado una enmienda conjunta para doblarlo. Según explican, un periodo de cuatro años reforzaría “las garantías de integridad y la prevención de conflictos de interés”, y acercaría al Parlamento español a los estándares internacionales en materia de buen gobierno y transparencia.

Las dos formaciones insisten en que existe una demanda ciudadana clara para evitar la utilización del cargo público como trampolín hacia actividades privadas que influyan en la toma de decisiones. Para ellos, endurecer las incompatibilidades es un paso imprescindible para un control más estricto de los lobbies y para garantizar que las relaciones entre instituciones y empresas privadas no se desarrollen en zonas grises.

El PNV quiere más perfiles vetados, no más tiempo

Aunque el PNV no cuestiona el plazo de dos años recogido en el texto socialista, sí reclama que la medida se aplique a un número mayor de cargos públicos. Los nacionalistas vascos proponen ampliar el veto a todo el “personal público susceptible de influencia”, de acuerdo con la definición incluida en la ley de transparencia e integridad de los grupos de interés, que se tramita en paralelo.

En concreto, esa ley considera influenciables a los miembros de gabinetes que prestan asesoramiento directo al Gobierno, al personal directivo público y al conjunto de trabajadores de la Administración General del Estado y del sector público que intervienen en la elaboración normativa, la toma de decisiones o la ejecución de políticas públicas. El PNV quiere que ninguno de ellos pueda ejercer actividades de lobby en el Congreso durante los dos años posteriores a dejar sus funciones.

La propuesta supondría que no solo políticos y altos cargos, sino también asesores y directivos públicos, quedarían temporalmente excluidos de cualquier actividad de influencia parlamentaria, ampliando de manera notable el perímetro de incompatibilidades.

El PP señala a los exdiputados

El Partido Popular también ha registrado una enmienda centrada específicamente en los exdiputados que deseen dedicarse al lobby. Los populares no plantean un aumento del periodo de incompatibilidad, pero sí exigen que quienes ejerzan actividades de representación de intereses relacionadas con el proceso legislativo tengan la obligación de informar de ello al Congreso.

Además, el PP quiere que, durante el tiempo en el que desarrollen esta actividad de influencia, los antiguos parlamentarios no puedan beneficiarse de las prerrogativas que la Mesa del Congreso concede habitualmente a quienes han sido diputados. Se trata de limitar cualquier privilegio que pueda facilitar el acceso a los grupos parlamentarios y diferenciar claramente el estatus de exdiputado del de lobista.

Junts y el tejido asociativo

Junts también ha introducido cambios. Su enmienda subraya que la actividad de influencia que pretende regular el nuevo reglamento debe realizarse “de manera profesional”, es decir, por parte de actores que desarrollen esta labor como actividad remunerada y continuada. Su objetivo es evitar que la normativa atrape en sus obligaciones a cualquier persona o colectivo que tenga un contacto puntual con la institución.

En la misma línea, PNV, ERC, Bildu y el BNG reclaman que las entidades sociales y asociaciones sin ánimo de lucro queden fuera de esta regulación. Consideran que el tejido social debe poder reunirse con los grupos parlamentarios sin necesidad de inscribirse en un registro de lobbies ni asumir las obligaciones que se impondrán a las organizaciones profesionales que buscan influir en el proceso legislativo. Para estas formaciones, equiparar a ONG, plataformas ciudadanas o entidades vecinales con actores empresariales supondría una barrera injustificada para la participación social en el ámbito parlamentario.

A medida que avanza la tramitación, la reforma del Reglamento se perfila como una pieza clave para poner límites a la actividad de lobby en el Congreso, pero también como un campo de batalla entre visiones distintas sobre qué significa transparencia y qué debe considerarse influencia legítima. El debate no ha hecho más que empezar.