El Consejo Rector de Puertos del Estado ha confirmado este miércoles el cese de su secretario general, Álvaro Sánchez Manzanares, después de que Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, tomase la drástica decisión hace menos de 24 horas. Un día después, el titular del Ministerio ha dado explicaciones sobre su decisión y ha dejado claro que no descarta nuevos ceses. A pesar de garantizar que confía en su equipo y de que no tiene causa para señalar a nadie más, ha reiterado que “en el fuego solo pongo la mano por mí”.

“En este momento no tengo ninguna razón para cesar a ninguna otra persona. Si la tuviera, cosa que ya digo que no me cierro a ella, procederemos a cesar”, ha garantizado, matizando que una decisión de esta índole no puede realizarse “sin justificación”. La caída de Manzanares por “falta de confianza” se ha hecho oficial y las mentiras del que fuera secretario de Puertos del Estado han abierto una peligrosa puerta. No obstante, Puente ha pedido prudencia y ha prometido que se irá “arrojando luz” sobre lo sucedido, tras lo que se tomarán las decisiones pertinentes.

Actualmente se desarrolla una auditoría interna que investiga diferentes secciones del Ministerio de Transporte para esclarecer todo lo sucedido y depurar, si fuese necesario, responsabilidades. “No tengo ninguna información sobre la auditoria, tiene un carácter independiente y está hecha por un departamento del Ministerio que tiene estas competencias”, ha relatado Puente. A falta de que esta, sin fecha, finalice, ha explicado que el cese de Manzanares “no tiene nada que ver con la Auditoría”, dado que esta aún no ha concluido.

“La contestación a la Oficina Antifraude que no respondía a la realidad de los hechos firmada por el secretario” es la causa del cese que se realiza “en el marco de las competencias que tiene Puertos del Estado”. Además, Puente ha trasladado que ni siquiera ha mantenido contacto con el exsecretario, al que le ha comunicado la decisión el propio presidente de la institución. “Dejar claro que nosotros no prejuzgamos la implicación que pueda tener, sino porque en esa respuesta no es honesto con los hechos que han sucedido […] Ha tenido un comportamiento que nos ha hecho perder la confianza”.

Despido del hermano de Koldo

El otro frente que le queda abierto al ministerio de Transportes es el del hermano de Koldo, actual trabajador de la empresa pública Emfesa, también dependiente del ministerio de Puente. El hermano también aparece en la causa, pero por motivos ajenos a su trabajo en la sociedad mercantil estatal, por lo que su despido es algo complicado, dado que mantiene con esta una relación laboral vigente. “Tengo un informe categórico que nos dice que no hay causa de despido”, ha relatado el ministro.

Con esta tesitura, y pese a las denuncias públicas y mediáticas, lo cierto es que el despido va mucho más allá. “En una democracia con 44 años de vigor y un Estatuto de los Trabajadores consolidado lo anormal sería que no habiendo causa de despido lo despidiésemos”, ha justificado. Es más, Puente ha llegado a ejemplificar el caso aludiendo a un trabajador ficticio que roba en su empresa y no puede ser despedido hasta que esto lo sentencie un Tribunal.  

Hasta que no sea condenado, si lo fuese, no se le puede despedir a menos que hubiesen cautelares”, ha zanjado, recordando además que los hechos que se le imputan al hermano de Koldo “no tienen nada que ver con la tarea que realiza en Emfesa”.

Informe de la Agencia Tributaria

Sánchez Manzanares fue uno de los dirigentes de Puertos del Estado partícipe en la adjudicación del primer contrato destinado a la empresa de Koldo, Soluciones de Gestión. El ente público negó conocer al presunto conseguidor Víctor de Aldama, pero la empresa aporta pruebas en las que señala que sí mantuvo una reunión con el ente público, lo que ha recogido el informe. Así lo señala la Agencia Tributaria, que asegura la empresa de Koldo habría aportado en enero de 2021 varias evidencias.

“De forma ordenada y para cada intermediario y operación de compra”, Soluciones de Gestión presenta una serie de “evidencias en forma de pantallazos de WhatsApp y correos electrónicos” que probarían la relación de Aldama "con buena parte de los intermediarios de mascarillas" y pruebas de relaciones con "algunos de los clientes institucionales", explica el informe. Puertos del Estado se ha defendido asegurando que los contratos fueron auditados tanto por la Intervención General del Estado como por el Tribunal de Cuentas, aunque asegura que seguirá colaborando "al máximo posible” con el esclarecimiento.