El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha admitido su "sorpresa" después de que la Audiencia Nacional haya paralizado la instalación del campamento para migrantes en el Puerto de Ceuta y ha mostrado sus dudas de que haya alternativas si finalmente se suspende. “No tengo acceso al escrito que ha presentado el SUP (...) Me gustaría ser prudente, pero en este caso la justicia aún no ha decidido (...) Lo único que le pedimos es que se pronuncie cuanto antes”, ha planteado en el matinal 'La hora de la 1' de Televisión Española.
Puente ha explicado que Transportes otorgó un permiso de uso al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de dos parcelas del puerto de Ceuta "para montar en ellas los campamentos en los que recoger a migrantes que en este momento están o en la Playa del Trampolín o deambulando por las calles y a partir de ahí proceder a filiarlos". “El Gobierno está luchando contra agentes que quieren que esto se enquiste (...) Feijóo está poniendo palos en la rueda constantemente”, ha afeado Puente. “El apoyo a Ceuta es de boquilla (...) Con golpes de pecho propios del fariseísmo más ignorante”, ha rematado.
El ministro ha explicado que en su departamento recibió una notificación de la Audiencia Nacional, a unas 24 horas de trasladar a los inmigrantes al Puerto de Ceuta, en la que se les reclama el expediente administrativo para tomar "una decisión sobre unas medidas cautelarísimas" solicitada por el sindicato SUP. “Me sorprende que se cuestione la aptitud de los puertos para alojar migrantes (...) Hablamos de parcelas de barbecho y perfectamente perimetables”, ha añadido. No obstante, ha anunciado que “se han acondicionado dos parcelas para albergar un campamento en el territorio ceutí”.
En este contexto, el ministro ha recordado que ya se rechazó el uso de polideportivos para alojar a los migrantes y después se acordó habilitar dos parcelas del Puerto de Ceuta, aunque el gobierno de Juan Jesús Vivas después lo descartó, ante una actitud que ha calificado de "profunda deslealtad". “Vivas no ha colaborado en ningún momento con el Gobierno de España (...) “Es muy preocupante que el presidente de Ceuta, que está viendo su ciudad sobrepasada, es el que más dificultades está poniendo para resolverlo”, ha criticado el titular de Transportes.
Pulso institucional por el voto de los nacionalizados
Puente, ha endurecido su discurso ante la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente los efectos electorales de la denominada ‘ley de nietos’, una disposición incorporada a la Ley de Memoria Democrática de 2022 que permitió optar a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles de origen. La resolución del Alto Tribunal no anula las nacionalidades concedidas, pero condiciona temporalmente la inscripción o permanencia en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a la acreditación de los requisitos legales relativos al exilio.
El titular de Transportes sostiene que el Supremo ha intervenido sobre una cuestión que, a su juicio, excedería del ámbito competencial con el que debería haberse abordado la controversia. “El Supremo, sin ser el tribunal competente, toma la decisión sobre una norma, la ley de nietos, que no ha sido impugnada”, ha afirmado.
El ministro considera especialmente relevante que la ley y su instrucción de desarrollo lleven aproximadamente cuatro años en vigor y cuestiona que se alteren ahora sus efectos electorales. Esa interpretación, sin embargo, debe diferenciarse de la fundamentación ofrecida por el propio Tribunal Supremo: los magistrados no han suspendido la Ley de Memoria Democrática ni han privado de nacionalidad a los afectados, sino que han adoptado medidas cautelares respecto de sus efectos sobre el censo electoral a raíz de los recursos planteados por Vox e Iustitia Europa.
El aumento del CERA, en el centro de la controversia
Puente rechaza que exista una voluntad gubernamental de alterar artificialmente el cuerpo electoral. “Es absurdo que el Gobierno quiera inflar el censo”, ha sostenido, y ha contrapuesto esta hipótesis con el histórico de participación de los españoles residentes en el extranjero, que tradicionalmente ha sido reducido.
La cuestión, no obstante, no se limita a la participación efectiva: el debate judicial se centra en la regularidad de las inscripciones y en la necesidad de preservar la integridad del proceso electoral ante el notable crecimiento del CERA. La Oficina del Censo Electoral ha señalado, además, que los ciudadanos nacionalizados eligen el municipio en el que desean figurar y que no existen, en la práctica, inscripciones automáticas por parte de los consulados.
Una controversia jurídica convertida en conflicto político
El ministro interpreta la suspensión del voto como una decisión de naturaleza política y afirma que “la decisión sobre eliminar el voto solo se puede entender como una decisión política”. “Lo del tribunal de suspender el derecho a voto de un número de españoles cuya nacionalidad no niega es inexplicable”, ha manifestado.
Puente ha defendido asimismo que durante la tramitación de la legislación existieron consensos políticos previos que ahora, a su juicio, se estarían quebrando. En ese contexto ha recordado la posición mantenida en el pasado por el líder de la opisición: “Feijóo, cuando estaba en la Xunta, defendió conceder la nacionalidad a los hijos de exiliados”, ha espetado.
El enfrentamiento alcanza al CGPJ
La polémica se ha extendido desde la aplicación de la ley al propio funcionamiento de las instituciones judiciales. Puente ha reivindicado su derecho, como miembro del Gobierno, a expresar públicamente sus discrepancias: “Un ministro tiene el derecho de trasladar a la ciudadanía las cosas en las que cree”. Al mismo tiempo, ha afirmado que la imparcialidad judicial no solo debe existir, sino también proyectarse externamente: “La imparcialidad debe producirse y parecer que se produce”, ha recordado.
Sus declaraciones se producen después de que la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, reclamara respeto hacia la independencia judicial y censurara las descalificaciones procedentes de responsables institucionales. Perelló ha defendido que los jueces deben actuar sin someterse a presiones o injerencias. Puente, por su parte, ha rechazado la idea de que esas apelaciones deban traducirse en silencio político y ha replicado que no está dispuesto a ponerse «una venda y una mordaza» ante actuaciones judiciales que, según su interpretación, pueden tener consecuencias políticas.
“La presidenta del CGPJ quiere que oigamos, veamos y callemos (...) Se nos pide una inegunidad que no tenemos (...) Quienes pretenden gobernar sin someterse a las urnas se están equivocando”, ha vaticinado entre críticas a algunos jueces. “La reforma de la Justicia debería ser un pilar central de la campaña electoral (...) Esto se resolverá en las urnas”, ha vaticinado. Sin embargo, el exalcalde de Valladolid ha subrayado que tiene “una confianza enorme” en la Justicia de este país.
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