Malestar en el Partido Socialista con la sentencia del Tribunal Supremo que tumba el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado. El entorno del ala socialista en el Gobierno interpreta el dictamen como “ideológico” e incluso lo califica de “clasista”. Se arrogan al extenso currículum de quien fuera ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad social durante el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez. Precisamente, argumentan, contra el criterio del Alto Tribunal, que el “prestigio jurídico” no sólo se obtiene “académicamente” o a través de la carrera judicial, recordando, además que la magistratura es ajena a cualquier evaluación externa. “Demuestra lo que piensa la derecha de la Seguridad Social”, refutan estas mismas voces.

La magistratura copó los titulares en la tarde de este pasado jueves. Primero fue el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al sentar precedente en democracia rechazando la idoneidad de Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado. El segundo varapalo corrió a cargo del Tribunal Supremo, que tumbó el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado tras ser designada el pasado 10 de noviembre. La sentencia del Alto Tribunal fue la gota que colmó el vaso, encapsulado, además, en un momento de tensión entre la derecha judicial, espoleada desde ciertos sectores políticos, y el Gobierno de España.

En cualquier caso, el Supremo argumentó que la que fuera ministra de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones no cumple con uno de los requisitos que exige la ley; ser un “jurista de reconocido prestigio”. Así lo anunciaba la Sala de lo Contencioso-Administrativo en respuesta al recurso planteado por la Fundación Hay Derecho. En la sentencia arguyen que en la Ley Orgánica 13/1980 se estipula que “son dos las condiciones que debe reunir quien asuma la presidencia de este órgano”: experiencia en asuntos de Estado y elevado prestigio a título jurídico. “No hay excepción, ni matización, ni preferencia de la una sobre la otra. Y la razón de ser de ambas es distinta por concurrente: asegurar que quien esté al frente del Consejo de Estado reúna la doble cualificación que quiere el legislador”, sugieren los magistrados.

Malestar en el PSOE

Es precisamente esta justificación a la que se aferran en el Supremo la que ha desatado el enfado entre los socialistas. Voces muy próximas al ala socialista del Gobierno no dan crédito ante la sentencia, a la cual se refieren como “corporativa, clasista y de derechas”. Estas mismas fuentes estiman que el veredicto de los magistrados deslegitima la “actividad política” como campo para adquirir la “experiencia y prestigio jurídico” que, a su juicio, exige la ley. “Niega que se pueda adquirir prestigio jurídico en la actividad funcionarial en un ámbito como el de la Seguridad Social”, resumen con visible indignación altos cargos socialistas.

El golpe de timón del Supremo, precisan las mismas voces consultadas, supone también un rejonazo a las funciones en el ámbito de la Seguridad Social. Dan a entender una cierta “superioridad intelectual y profesional” de según qué campos jurídicos sobre otros de una “manera arbitraria”. Al mismo tiempo, sugieren, no es sino una extensión de la concepción de la “derecha” sobre la Seguridad Social, que lo relevan a una función “de pobres y jubilados” gestionada por “funcionarios de segunda”.

Entienden que la sentencia "niega que se pueda adquirir prestigio jurídico en la actividad funcionarial en un ámbito como la Seguridad Social"

“¿Creen en el Supremo que la Seguridad Social no es un ámbito jurídico?”, se preguntan en el seno socialista. En paralelo ironizan sobre la concepción de los magistrados sobre el “prestigio” en el campo de la Justicia. “¿Valdría, entonces, un experto en derecho canónico que se basa en ideas inventadas sostenidas por creencias sobrenaturales y supersticiones?”, continúan. De descansar su concepto de jurista de relumbrón sobre este perfil, entienden, “por supuesto”, que las “pensiones” no impriman ese componente de autoridad en un candidato.

Por ello, estas voces sostienen que el prestigio no sólo se obtiene por la vía académica o alcanzando la magistratura. Insisten que es un argumento “clasista”, máxime cuando a los jueces “nadie los evalúa”. En este sentido, remarcan que el trabajo diario en un “ámbito jurídico” en el “que se ha sido absolutamente todo” en el prisma profesional debería primar. Al menos en este caso, en el que la candidata a ostentar la Presidencia del Consejo de Estado no sólo fue ministra de Seguridad Social, sino también consejera, funcionara, abogada y presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo.