Coincidiendo con el mes del Orgullo LGTBIQ +, el Partido Popular se ha erigido como gran defensor de los derechos del colectivo, obviando las veces que la formación se ha situado en contra de los mismos, cuya manifestación se ha podido ver en las calles y en las instituciones, ya en forma de votos.
Hace unas semanas, el vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, exclamaba desde la tribuna del Congreso de los Diputados aquella frase de “Soy del PP y soy maricón”, diciendo sentirse “muy orgulloso” de ambas. Lo hizo en el transcurso de la misma sesión en la que su formación se abstuvo en la votación para penalizar las terapias de conversión de personas homosexuales, bisexuales y transexuales.
Los ‘populares’ justificaron haber tomado esa decisión para “mejorar” el texto en el Senado, donde se sigue tramitando la norma que plantea penas de cárcel para quien aplique estos métodos sobre las personas del colectivo LGTBIQ +.
En el mismo discurso, elogió a presidentes y alcaldes del PP por su labor, según defendió, por los derechos hacia las personas cuya identidad u orientación sexual escapa a lo heteronormativo. Habló por ejemplo de José Luis Martínez-Almeida (Madrid), quien no acude a un solo acto de estos días ni cuelga la bandera del Ayuntamiento, o de María José Catalá (Valencia), porque la ciudad acogía hasta el 4 de julio el evento deportivo Gay Games que los propios colectivos llamaron a boicotear entre acusaciones de lavado de imagen: para ellos, PP y Vox se apropian para mejorar su reputación.
A ello hay que añadir el manifiesto que el pasado 28 de junio emitió el partido conservador en favor del Orgullo, al que calificó como “memoria, presente y futuro”. “Memoria de quienes sufrieron incomprensión, rechazo, violencia o silencio por el simple hecho de ser ellos mismos. Presente de una sociedad española que ha avanzado de manera ejemplar en derechos y convivencia. Y futuro porque aún queda camino por recorrer para erradicar cualquier forma de discriminación o intolerancia”, describieron.
Del matrimonio igualitario, a la Ley Trans
No parece acorde, sin embargo, el discurso con las decisiones que han tomado históricamente en materia de derechos por la diversidad social. Podríamos situar el origen, por hacerlo en algún momento en democracia, en 2005, con la aprobación del matrimonio igualitario que se sacó adelante bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El PP votó en contra de la unión entre personas del mismo sexo y se alió con la Iglesia Católica para capitanear la ofensiva contra una norma que era pionera. Bajo el lema “La familia sí importa”, ‘populares’ y obispos se aliaron para mostrar su disconformidad en las calles contra este progreso.
La respuesta no solo se dio en las calles y en el Congreso, sino que la formación conservadora recurrió la normativa al Tribunal Constitucional entendiendo que “desnaturalizaba” el matrimonio. En aquellos días fueron habituales además los exabruptos de algunos miembros del partido, como el del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, quien aseguró que “la supervivencia de la especie” no estaba garantizada, mientras que algunos ediles y responsables autonómicos compararon el matrimonio entre hombre y hombre o mujer y mujer con el de “un perro y una señora”. Aquel PP llevó al Senado a un psiquiatra, Aquilino Polaino, que defendió que a las personas LGTBI “se les puede ayudar con terapia reparativa”.
En los últimos años, con el discurso del matrimonio igualitario superado, el PP ha puesto pie en pared en los últimos años en los derechos de las personas trans, pronunciándose abiertamente en contra de la conocida como Ley Trans. La norma salió adelante, no sin problemas en el seno del Gobierno, el PSOE y el movimiento feminista, con el rechazo de los ‘populares’ quienes, de nuevo, acudieron al Constitucional para recurrirla. Alberto Núñez Feijóo ha sido muy claro: la derogarán si llegan al Gobierno.
La cruzada en esta línea no es nueva. Ya en 2007 el PP dio portazo a que las personas trans pudieran cambiar su nombre y sexo legal sin necesidad de operarse. Ahora, la ley permite modificar los datos sin necesidad de pasar por tratamiento hormonales ni un diagnóstico psicológico.
A nivel autonómico, con la irrupción de Vox
La entrada de le extrema derecha de Vox en las instituciones ha condicionado la postura del PP en materia de derechos LGTBI. Habrá que ver qué pasa en la práctica, pero de nuevo las dudas están infundadas en Andalucía con el acuerdo entre Juanma Moreno Bonilla y la ultraderecha, dentro del colectivo, que considera que puede haber retrocesos.
La respuesta social se está produciendo. Hace unos días, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, era recibida entre gritos de “hipócrita” en una protesta del Orgullo por sus pactos con Vox. Si bien el PP mantiene que estos derechos son una línea roja que no va a traspasar pese a aliarse con los de Santiago Abascal, la experiencia permite el beneficio de la duda.
En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, las derechas acordaron recortes a le Ley Trans autonómica, eliminando contenidos de diversidad sexual y posibilitando que las terapias de conversión fueran voluntarias, así como una sección específica para libros LGTBI en las bibliotecas.
A veces, ni siquiera les ha hecho falta Vox. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso ejecutó en 2023 un recorte a las leyes LGTBI y Trans de la región. Asimismo, ha eliminado la Subdirección General de Igualdad LGTBI de la Comunidad.
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