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La promesa de acabar con la influencia que, según Núñez Feijóo, Pedro Sánchez ha querido tener en todos los ámbitos del país podría extenderse también a los consejos de administración de las grandes cotizadas españolas. El Partido Popular plantea en su programa electoral una iniciativa a través de la cual afirma que procederá a revisar los criterios de designación de los responsables de las compañías públicas para que prevalezcan "la experiencia, mérito y capacidad" frente a la afinidad política, además de estudiar las participaciones estatales y vender aquellas que no respondan a un interés público o estratégico acreditado. Un planteamiento que amenaza con poner en cuestión la continuidad de una treintena de consejeros de grandes empresas con trayectorias vinculadas al PSOE, el PSC o las formaciones independentistas catalanas. Un punto de esta hoja de guía por el cual el político gallego asegura comprometerse a cambiar el modelo de selección buscando, aparentemente, establecer una distancia entre la política y estos puestos dentro de los gobiernos corporativos de las grandes compañías españolas.
La propuesta se enmarca en la estrategia del líder popular que persigue el objetivo final de "derogar el sanchismo", podría extenderse más allá de las instituciones políticas y alcanzar también a los órganos de administración de compañías como Indra, Telefónica, Redeia, Enagás o Aena. En estos consejos se encuentran antiguos ministros, diputados, responsables de administraciones autonómicas y dirigentes socialistas o de formaciones independentistas que han accedido a sus puestos desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018.
Entre los ejemplos más destacados figura Maurici Lucena, presidente de Aena y antiguo diputado del PSC, reelegido en abril de 2026. También Beatriz Corredor, exministra de Vivienda con José Luis Rodríguez Zapatero y presidenta de Redeia desde 2020, o Marc Murtra, que asumió la presidencia ejecutiva de Telefónica en enero de 2025 tras dirigir Indra. En esta última compañía permanecen, entre otros, Miguel Sebastián, exministro de Industria, y Juan Moscoso del Prado, antiguo diputado socialista. El recorrido político también alcanza a Enagás, donde se encuentran José Montilla, expresidente de la Generalitat, y José Blanco, exministro de Fomento.
El debate sobre estos nombramientos no es nuevo, ya que Feijóo cuestionó especialmente el relevo de José María Álvarez-Pallete por Murtra en Telefónica, denunciando que, según afirmaba, el Gobierno no podía decidir desde Moncloa quién debía presidir una empresa cotizada. Ahora, su programa introduce una revisión más amplia, aunque no especifica si pretende promover ceses, modificar los procedimientos de selección o reducir directamente la presencia pública en el accionariado.
La aplicación de estas medidas tampoco sería inmediata, pues los consejeros suelen contar con mandatos de cuatro años y sus renovaciones están sujetas a los procedimientos societarios correspondientes. Algunos de los actuales permanecerían en sus puestos hasta 2028 o 2029, mientras que los independientes no pueden equipararse automáticamente a representantes políticos. Además, compañías como Indra o Telefónica cuentan con accionistas privados cuyos derechos también condicionan cualquier modificación.
La presencia de antiguos responsables políticos se extiende también a otras compañías fuera de este grupo, aunque estas a su vez pertenecen a estas grandes firmas. Por ejemplo, en Hispasat, integrada en el entorno empresarial de Indra, destaca Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación entre 2018 y 2021 y actual presidente de la compañía. En CaixaBank figuran Cristina Garmendia, que ocupó la misma cartera ministerial durante el Gobierno de Zapatero, y Teresa Santero, antigua secretaria general de Industria. Fuera del IBEX, Ebro Foods cuenta con Meritxell Batet, expresidenta del Congreso y antigua primera secretaria del PSC, así como con Jordi Xuclà, exdiputado de Convergència y del PDeCAT.




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