Vox ha conseguido imponer al Partido Popular que la conversación política gire en torno a la prioridad nacional en todos los ámbitos. Este principio, que discrimina a los inmigrantes para el acceso a servicios públicos, ha sido la moneda de cambio de los pactos en Extremadura y Aragón, en los que se ha limitado a las ayudas y la vivienda públicas, aunque Vox quiere que el 'los españoles primero' sea el criterio incluso en la sanidad. Los de Abascal están llevando este debate a todos los espacios políticos del país, y antes de que la ultraderecha tome la delantera en que traspase nuestras fronteras, el PSOE ha dado un paso y lo lleva hasta Bruselas.
La Comisión Europea deberá explicar si la prioridad nacional es compatible con los Tratados de la Unión Europea y la Carta de Derechos Fundamentales. Así se lo ha pedido el eurodiputado socialista, Juan Fernando López Aguilar, en una pregunta en el Parlamento Europeo dirigida al Gobierno comunitario. El que fuera ministro de Justicia español durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, expresó sus dudas sobre el encaje jurídico de la fórmula de PP y Vox en la legislación europea y su compatibilidad con el Derecho de la Unión.
En concreto, la iniciativa habla del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y pide a la Comisión que aclare si el criterio discriminatorio que va implícito en lo que han pactado la derecha y ultraderecha españolas vulnera su artículo 18. En él se establece que "en el ámbito de aplicación de los Tratados, y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en los mismos, se prohibirá toda discriminación por razón de la nacionalidad, y reserva al Parlamento Europeo y al Consejo el derecho a "establecer la regulación necesaria para prohibir dichas discriminaciones".
Asímismo, los socialistas creen que la prioridad nacional vulnera también las normas de "ciudadanía" que recogen los artículos 20 y 21 del TFUE, que establecen los derechos y deberes de los ciudadanos de la Unión en cada país y los equiparan a las "las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado". El principio de esta iniciativa es que la prioridad nacional, tal y como la plantea la mezcla de la xenofobia de Vox y el matiz del arraigo del PP, discriminaría incluso a extranjeros de otros países de la Unión Europea en el acceso a la vivienda pública, ayudas, prestaciones sociales y otros servicios.
Por último, la pregunta de López Aguilar plantea que lo que defienden PP y Vox no sea "compatible" con la Carta de Derechos Fundamentales comunitaria. El eurodiputado pregunta a la Comisión qué "medidas" podría poner en marcha Bruselas para "ganar la plena observancia" del derecho europeo si las derechas españolas consiguen llevar la prioridad nacional del ámbito autonómico al nacional, como pretenden.
De Le Pen a Abascal: la prioridad nacional en Europa
Lo cierto es que no es la primera vez que Bruselas ve cómo un país comunitario recorre la vía de la "prioridad nacional". La ultraderecha española no es la artífice de este término, que proviene de años atrás, cuando la defendía el histórico dirigente ultra francés Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen. Los miembros del Frente Nacional, su partido, pusieron en marcha una campaña para las elecciones legislativas de 1978 para priorizar a los franceses en el trabajo.
El partido difundió un cartel en el que podía leerse: "¡Un millón de parados significa un millón de inmigrantes de más! ¡Francia y los franceses primero!". Es decir, culpaban a los inmigrantes del aumento del desempleo que acechaba al país. Así comenzaba a cobrar fuerza el "les français d'abord", o lo que es lo mismo, "los franceses primero". Sin embargo, con el paso del tiempo la exclusión no solo se limitó a lo laboral y Le Pen empezó a extenderlo también a "preferencia en la contratación, en el alojamiento, etc.".
El término "préférence nationale" se acuñaría oficialmente en 1985. En primer lugar, Le Pen pronunciaba las siguientes palabras en el programa de televisión L'Heure de vérité: "Deben estar de acuerdo conmigo en que sería mejor aumentar las prestaciones reservadas a las mujeres francesas que tienen solo dos hijos, en lugar de incentivar a las mujeres extranjeras a tener tres, cuatro, cinco o seis hijos en nuestro territorio. Por eso, el Frente Nacional propone [...] que los servicios sociales se separen entre ciudadanos franceses y extranjeros".
