El programa Al Rojo Vivo de la Sexta ha difundido en exclusiva unas imágenes de la vida del extesorero del PP Luis Bárcenas en la cárcel de Soto del Real. En ellas se le puede ver escribiendo, hablando desde una cabina de teléfono a disposición de los presos, sentado en el patio, jugando a las cartas y al baloncesto, escribiendo en la biblioteca del centro... En una de las secuencias aparece rezando junto a otros presos.

El vídeo, de muy mala calidad, ha sido grabado desde el interior del penal con un teléfono móvil sin que Bárcenas o cualquiera de las personas que aparecen en él. Se trata claramente de un robado.

Según el director y presentador del programa, Antonio García Ferreras, a lo largo del día la cadena iba a emitir diferentes vídeos sobre su vida en la cárcel. Asegura que tenían más imágenes, "muy potentes" y "muy duras" que no van a emitir porque "traspasan determinados límites". Justifica, en cualquier caso, su difusión por el interés público del personaje.

No comparte en absoluto este interés público el abogado de Bárcenas, que en conversación con la redactora de tribunales de la Sexta, Inma Moreno, le ha trasladado su enfado.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"38067","attributes":{"class":"media-image alignleft size-full wp-image-199958","typeof":"foaf:Image","style":"","width":"333","height":"462","alt":"Ficha policial de B\u00e1rcenas en la portada de ABC"}}]]

Cuando ABC publicó su ficha policial el pasado 21 de julio, Javier Gómez de Liaño reclamó al juez Ruz una investigación sobre lo que consideraba una intromisión ilegítima en la intimidad de su cliente. Como poco, al diario de Vocento le puede costar un disgusto ya que la Audiencia Nacional ha remitido la denuncia a un juzgado de Instrucción de Colmenar Viejo para que abra diligencias penales si lo considera oportuno

En su denuncia, el defensor del extesorero afirma que la difusión de esta instantánea, además de constituir la "filtración" de una imagen "estrictamente penitenciaria", supone "la vulneración de los artículos 3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y 4.4.b y 6.3 del Reglamento Penitenciario". Asegura que "los hechos también pueden ser constitutivos de un delito cometido por funcionario público con las garantías constitucionales del artículo 536 del Código Penal", ya que considera que detrás de la difusión de la ficha carcelaria estaría un funcionario.