La doble velocidad de la Unidad Central Operativa (UCO) a la hora de investigar según qué casos es más que evidente. Así queda patente en los supuestos de Begoña Gómez y Alberto González Amador, todo a la vez que sobre la primera no se ha encontrado nada punible hasta el momento mientras que el segundo reconoció haber defraudado a la Hacienda Pública. De hecho, fue la presunta filtración del correo en el que su defensa buscaba llegar a un acuerdo con la Fiscalía lo que resultó en la condena al ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Ahora, la brigada se centra en el presunto perjuicio económico que pudiera generarle a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) el desarrollo del software para la cátedra de Gómez, por el que el juez Juan Carlos Peinado la investiga en el marco de la apropiación indebida.

De exculpar a Gómez, a señalarla

El magistrado insiste en esta vía y ha enviado a la UCO una providencia en la que remite “la cuantificación del perjuicio económico sufrido por la realización de la plataforma digital, a fin de que sean tenidos en cuenta a la hora de la elaboración de los informes que están pendientes de ser remitidos al Juzgado” después de que el centro universitario dijera que la cantidad -que cifró en más de 100.000 euros- tenía que ver con la “justificación de los daños y perjuicios que podrían haberse causado”.

Antes de sentirse perjudicada, la Complutense había exculpado a Gómez y señalado que la herramienta “siempre era gratuita”. De hecho, llegó a definir el software como lo “mejor de la cátedra”. En la práctica, este testimonio del exvicerrector de Relaciones Institucionales de la universidad, Juan Carlos Doadrio, implica que la esposa del presidente nunca pudo hacer negocio con este aspecto.

Asimismo, la Fiscalía pidió que se archivara la investigación al no hallar indicios de delito. Entre los argumentos esgrimidos, el ministerio público indicó que “ninguno de los investigados se ha beneficiado económicamente de las actividades de creación del software informático, ni consta que la UCM haya sufrido perjuicio patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas”.

Más de 200 días sin noticas de González Amador

De nuevo el ritmo entre escenarios vuelve a ser distinto. La rapidez de esta y otras investigaciones como la que afecta a Santos Cerdán y otras que en algún momento pudieran haber comprometido al presidente del Gobierno choca con la de la lentitud que la UCO se está tomando con el escenario que rodea a González Amador.

Las acusaciones particulares de PSOE y Más Madrid están perdiendo la paciencia y aumentan la presión para que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil elabore el informe, y solicita al juzgado instructor que impulse el procedimiento, así como que el caso del compañero sentimental de la presidenta adquiera celeridad.

Medio año después de que el Juzgado de Instrucción número 19 lo pidiera, el documento sigue sin aparecer. Hay que remontarse hasta el pasado verano, cuando la Fiscalía Anticorrupción solicitó a la UCO de Antonio Balas un informe que, según las últimas noticias que se tienen de él, no ha empezado a elaborarse.

Todo a la vez que el propio Balas hablaba de los “dragones” a los que se estaban teniendo que enfrentar tanto política como mediáticamente. “En algunos mapas antiguos de rotulaban territorios desconocidos, no explorados o peligrosos con la frase Hic Svnt Dracones, aquí hay dragones; a nosotros siempre nos ha dado igual los dragones que pudiese haber, porque como reza nuestro libro Todos somos uno, la fortaleza del compañerismo, la amistad y la unicidad de acción y propósito lo pueden todo (…) El rigor y la objetividad que plasmáis en vuestro quehacer diario actúa como escudo ante todo aquello que pretende mellar nuestra credibilidad. Perseverad en ello, pues así prevaleceréis”, decía en Navidad.

En otro orden de cosas, ya ha empezado la cuenta atrás para el juicio de González Amador que, si bien no tiene fecha aún, será presuntamente a mediados del año que viene, después de las elecciones generales y de la Comunidad de Madrid. Los abogados de las defensas tienen diez días desde el pasado martes para presentar sus escritos de defensa.

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