El Partido Popular y Vox amenazan con llevar a la justicia, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como punta de lanza, la regularización de personas migrantes impulsada por el Gobierno de España. Ambas formaciones se mostraron, desde su aprobación, claramente contrarias a su articulado y pretenden, ahora, desactivar la medida por la vía judicial, encontrando ambas derechas un punto de acuerdo en plenas negociaciones para la conformación de Gobiernos autonómicos y con las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina.
La responsable madrileña fue, en su momento, la más contundente de todos los dirigentes ‘populares’ frente a la reubicación de menores no acompañados propuesta por el Ejecutivo central y, este jueves, anunció que recurrirá la regulación de personas migrantes prometida por la coalición de Gobierno y firmada con Podemos. La baronesa, que parece querer encabezar la lucha en materia migratoria de su partido ganándole el relato al propio Alberto Núñez Feijóo, hizo este anuncio, precisamente, después de desayunar con él. "Estoy en contra de regularizar sin control y encima a personas con antecedentes penales. Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos. Y por eso, otra vez este Gobierno va a recurrir, en este caso este Real Decreto", argumentaba, asociando, de manera directa y sin tapujos, a la población migrante con antecedentes delictivos y las intenciones del Ejecutivo central con el deterioro deliberado por saturación de los servicios públicos.
A ojos de la lideresa autonómica, esto se corresponde con un "desorden y una ilegalidad". "Intentamos, dentro de nuestras posibilidades, frenar ese disparate, pero lo que tenemos que seguir haciendo es reclamar orden y ley a este gobierno y no permitir ni los asentamientos ilegales, tampoco el reparto ilegal de menores. Todo lo que está intentando hacer el gobierno de Pedro Sánchez es promover la inmigración irregular para multiplicar el desorden", reprochaba. Fue en ese mismo sentido en el que el Partido Popular registró, hace unas semanas, una iniciativa para endurecer las condiciones de regularización de personas migrantes promovidas por el Ejecutivo, que encontró el apoyo de Vox y de Junts per Catalunya.
La ultraderecha apoyó la iniciativa del PP, precisamente, en un contexto marcado por las negociaciones con Vox sobre los Gobiernos autonómicos, con el asunto del endurecimiento de las políticas de inmigración como una de las demandas principales de la formación de Santiago Abascal. En el Congreso, el diputado de la ultraderecha Alberto Asalta tomó la palabra para reiterar los mensajes del 'popular' Rafael Hernando, que ya había agotado el argumentario de la ultraderecha. "Las mafias operan con total impunidad. Entrar ilegalmente en España acaba teniendo recompensa. No es solidaridad, sino irresponsabilidad", clamaba el portavoz, que también lanzaba una pregunta a sus señorías: "¿Se puede garantizar la seguridad nacional cuando se pierde el control efectivo de quien entra?". Tras unos minutos de intervención, Asalta moderó el tono para recordar que "no todos los inmigrantes son criminales y esta comisión no pretende criminalizarles, pero España necesita una política migratoria seria, coherente y firme".
Vox se adscribe al PP... o el PP se adscribe a Vox
Por su parte, la senadora de Vox Paloma Gómez emprendía la senda de la desinformación promovida en las filas de su partido, advirtiendo de que el sistema sanitario ha dejado de ser "ejemplar", como lo ha sido "durante años". "Centros de salud desbordados, listas de espera interminables y profesionales que no pueden más con su vida. Una situación que no es nueva, pero que sí se está agravando", señalaba, en la misma línea que la propia Isabel Díaz Ayuso con el tema de la saturación.
Entre otras cosas, Gómez afirmaba que la regularización extraordinaria planteada por el Gobierno "es un auténtico retroceso y puede convertirse en un problema". "La inmigración, señora ministra, es un fenómeno complejo que requiere control y planificación. No se trata de abrir las puertas sin ton ni son produciendo un efecto llamada y sin tener en cuenta la capacidad de nuestros servicios públicos, que de por sí están desbordados", argumentaba, interpelando directamente a la ministra de Sanidad, Mónica García, quien respondía a su otrora contrincante en la Asamblea de Madrid diciéndole que no permitirá que el "racismo" se apodere de los discursos y contamine la sanidad pública.
Vox vuelve a preguntarme por la sanidad universal. No sé si son más racistas que ineptos o más ineptos que racistas. pic.twitter.com/ILyfdTmHX4
— Mónica García (@Monica_Garcia_G) April 7, 2026
Feijóo, 'menos radical' que Ayuso con la inmigración
Sobre la regularización de migrantes, cabe recordar que Alberto Núñez Feijóo ya se pronunció en contra de la misma, pero no amenazó, en ningún momento, con llevarla a los tribunales, como sí ha hecho la dirigente madrileña. Por ejemplo, en una entrevista concedida a Servimedia el pasado 4 de abril pidió "frenar el disparate" que supone la decisión, entendiendo que su aprobación "va a conllevar presión para los servicios públicos" por el aumento de la población.
En particular, se refirió al ámbito sanitario, ya que producirá, siempre a su juicio, un "efecto llamada" del que se beneficiarán las mafias. “Lo tenemos que decir con tranquilidad y con respeto, pero haciendo honor a la verdad. ¿Cómo no va a influir en los servicios públicos? Si usted le da a un millón de personas la residencia legal partiendo de una situación irregular, automáticamente hay un millón de personas más de población protegida en lo que a sanidad se refiere", espetó.
Actualmente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se encuentra ultimando el proceso de regularización que facilitará la obtención de permisos de residencia y trabajo a más de medio millón de personas migrantes en nuestro país. Después de un acuerdo a finales del pasado mes de enero, el Consejo de Ministros autorizó la tramitación de un real decreto al que se opusieron las derechas para llevar a cabo esta nueva regularización extraordinaria. Ahora, Ayuso, con el respaldo de Vox, amenaza con llevar el caso ante la Justicia, como se ha hecho desde las filas del PP con otras iniciativas del Gobierno que han hecho desfilar por los pasillos del Tribunal Constitucional.
