El Partido Popular ha protagonizado varios aspavientos tras trascender que el Gobierno de Pedro Sánchez baraja 2024 como la fecha en la que se podría comenzar a implementar el sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado. Una iniciativa polémica y que ha generado polvareda, pero ni mucho menos es novedosa. De hecho, el PP ya valoró implementarla.

Corría el año 2012 y la ministra de Fomento era Ana Pastor, a la sazón presidenta del Congreso y actual vicesecretaria general de Política Social del PP. En aquella época el Ejecutivo de Mariano Rajoy afrontaba unos notables problemas de financiación de infraestructuras, y en su presentación de Presupuestos avanzó que, dados los apuros económicos de muchas autopistas en riesgo de quiebra, se valoraría cobrar a los vehículos ligeros que las utilizaran.

El plan de Fomento era, por tanto, aplicar tasas de circulación en las autovías del Estado, hasta ahora gratuitas. El precio sería inferior al de los peajes habituales, pero ayudaría a llenar las arcas del Estado.

Pero ahora…

Han pasado nueves años casi exactos desde aquella propuesta, que nunca llegó a concretarse. La cuestión es: ¿Qué dice ahora el PP con respecto a gravar las carreteras del Estado?

Su postura es diametralmente opuesta ahora que es el PSOE el que lo baraja. A través de su cuenta oficial de Twitter, los de Pablo Casado han censurado que “el Gobierno quiere extender el peaje a todas las carreteras, tras la subida al diesel y al impuesto de matriculación. Para el sanchismo, si te mueves por España en coche eres rico”.

El diputado en el Parlamento de Andalucía y líder del PP en Cádiz, Antonio Saldaña Moreno, ha lamentado "las intenciones del Gobierno de PSOE y Podemos de hacer pagar a los usuarios de autovías y autopistas, algo que ya es una realidad plasmada en el documento de propuestas enviado a la Unión Europea para que España pueda recibir los fondos de recuperación, pese a que Pedro Sánchez y Podemos lo tenían oculto a los españoles”.

"De ninguna de las maneras vamos a permitir que ahora el PSOE quiera volver a poner el peaje que tanto nos costó quitar de la autopista o ponga un peaje en cualquiera de las autovías que rodean a Jerez”, ha espetado.

De hecho, Saldaña ha puesto sobre la mesa articular "un frente común para que este nuevo ataque del PSOE y Podemos al bolsillo de los ciudadanos no afecte ni a Jerez ni a la provincia de Cádiz". 

¿Pacto de Estado?

Este año finaliza el plan de reversión de concesiones de autopistas 2018-2021. En total, el estado recupera la propiedad de 1.097 kilómetros de auto­pis­­ta. En concreto, finalizan las concesiones de: Europistas (AP-1), Aumar (AP-7 y AP-4), Acesa (AP-7, AP-2 y B-23) e Invicat (C-31, C-32 y C-33). Esto supone unos costes añadidos a ello de 478 millones de euros al año que se cargarán a los Presupuestos públicos en un momento muy delicado.

Dado que no se trata de una novedad y que el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, es proclive a concretar la tarea que un día inició su predecesora Pastor, podría existir un acercamiento entre ambos partidos pese a la repudia inicial expresada.