Al igual que muchas de las películas de Cristopher Nolan o Guy Ritchie, los argumentarios de algunos políticos en ocasiones desdibujan tanto las líneas de tiempo que puede volverse complicado entender qué defiende cada cual. Hasta hace unas horas, parecía claro que los populares comprendían que los socialistas intentan convertirse en una mano negra que mueva unos hilos con los que propiciar que los jueces tomen unas decisiones u otras en base a sus intereses. Así, para luchar contra esta lacra, en este tiempo los políticos del PP han venido ensalzando el buen hacer de los magistrados, poniendo en gran valor la independencia con la que trabajan para el bienestar del Estado y la importancia de que esta se preserve, postulándose como cercanos aliados para defenderlos de un presunto intento de interferencia política que, según ellos, les asola.
No obstante, después de meses, e incluso años, cargando contra el PSOE y la izquierda, planteando a estos como un veneno para la separación de poderes y acusándolos de poner en serio peligro la imagen de la Justicia por aludir a la posible existencia de que haya algunos jueces politizados y procesos adulterados, ahora es difícil de discernir quiénes son los políticos verdaderamente comprometidos con el sistema judicial, surgiendo dudas de si todas las críticas emitidas ahora no han sido sino un ejemplo más del oportunismo en el discurso en clave electoral.
El recurso que, según se espera, el fiscal general del Estado presentará ante el Tribunal Constitucional ha provocado que despierte en las filas del Partido Popular un discurso que llega con una antelación inesperada y que choca con los argumentos que habían esgrimido hasta ahora.
Ayuso ve a la Justicia al servicio de Sánchez
No es algo que se plantee a la ligera, sino que existen ejemplos, pues a inicios de esta semana, y sin que nadie en su partido haya mostrado la más mínima intención ya no de corregir sino de expresar desacuerdo con sus palabras, era Isabel Díaz Ayuso la que pasaba a aludir a la existencia de jueces que actúan en base a intereses políticos y de procesos en los tribunales que, lejos de hallar justicia, se tornarían en meras piezas del ajedrez político. “El Gobierno ha decidido que nada ni nadie les puede juzgar y que todo aquel que ose a ser un poder, un contrapoder o un contrapeso propio de una democracia, será perseguido y acuchillado”, expresaba la madrileña en unas declaraciones, a las que añadía otras frases en las que cuestionaba la independencia con la que obran los jueces.
Escasa falta hace señalar o explicar el peso que posee la presidenta de la Comunidad de Madrid en su partido para que sus declaraciones no sean tenidas en cuenta, prácticamente, como una línea de las líneas marcadas en el argumentario de la formación popular. Muy probablemente, sus palabras sean un nuevo acto de los guiones que para Ayuso escribe Miguel Ángel Rodríguez, quien es, precisamente, uno de los principales beneficiados de la última decisión del Tribunal Supremo. Por lo cual estas líneas pronunciadas vuelven a enmarcarse en su característico estilo confrontador que lleva las emociones al extremo, planteando líneas que en ocasiones se tornan contrarias las unas con las otras, haciendo muy difícil al espectador seguir la trama y, por lo cual, consigue desdibujar el fondo. En esta ocasión, esto se ha podido evidenciar en que se ha terminado por tornar a Álvaro García Ortiz como principal protagonista, mientras las investigaciones a Alberto González Amador siguen pareciendo caer a un segundo o tercer plano y ser presas del paso del tiempo.
Las declaraciones que dejaba Ayuso el lunes no solo planteaban la existencia de magistrados que abandonan la imparcialidad propia de su cargo dentro de la Justicia, sino que estarían mostrando, también, posibles dudas en torno a la solidez de los motivos con los que el Tribunal Supremo ha hallado al fiscal general del Estado como culpable de un delito de "revelación de datos reservados" por la filtración del correo electrónico a través del cual González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, reconocía haber cometido un fraude a Hacienda.
No solo ella, sino que Alberto Núñez Feijóo ya mostraba de manera anticipada este lunes una absoluta descofianza sobre la persona que pasará a ostentar el cargo de fiscal general del Estado. Un señalamiento que ejecutaba cuando todavía ni se especulaba con el nombre de Teresa Peramato. De hecho, exponía que el que fuera nombrado sería una figura que ya aseguraba que, a su modo de entender, estará completamente adulterada.
¿Duda la presidenta de Madrid de la solidez de los motivos de la decisión del Supremo?
¿Desconfía Díaz Ayuso del sistema judicial? Mientras el jueves, 20 de noviembre, las filas del PP celebraban la decisión del Supremo y la presentaban como muestra del buen hacer de los magistrados, este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid declaraba con seguridad y rotundidad que el presidente del Gobierno "ha decidido que manda en el Supremo, que le dicta sentencias y que le va a corregir desde el Constitucional... Por tanto, Sánchez es los tres poderes del Estado. Los tres poderes del Estado son Pedro Sánchez".
¿Señala ahora la popular a los jueces del Tribunal Constitucional? En sus palabras, en las que subrayaba que "Sánchez manda en el TC", Ayuso dejaba serias dudas del proceder de los magistrados, no solo apuntando a un posible influencia política sino indicando también que podría haber miembros de esta instancia que enjuicien permitiendo que en sus decisiones tome gran peso la ideología política.
Otro interrogante se surge aquí. Tras años defendiendo el Partido Popular el trabajo de los jueces y su independencia, ¿por qué ahora Ayuso abre este camino en su discurso? Si los magistrados obran con la libertad que ponen en valor desde el PP y que señalan deber ser defendida, si en teoría la sentencia del Tribunal Supremo cuenta con motivos claros y pruebas que no dejen lugar a dudas, el Tribunal Constitucional lo más seguro es que no cambie la decisión de la instancia previa. ¿O acaso Ayuso no ve una clara solidez en haber señalado culpable a García Ortiz? ¿Teme que pueda haber cambios porque no existan pruebas suficientes para condenar García Ortiz? Si las acciones llevadas a cabo por el fiscal general del Estado son, teóricamente, claras y estas le han valido para que el Supremo dicte que ha cometido un delito de "revelación de datos reservados", ¿cómo podría ejercerse tal influencia por parte del Gobierno de España?
El camino que, muy probablemente, García Ortiz seguirá para interponer un recurso ante el TC es legítimo, está marcado por el sistema democrático que ensalza el Partido Popular. Es una vía por la cual los ciudadanos pueden reclamar si consideran que una decisión tomada en los tribunales no ha sido justa, pero que no tendría por qué cambiar si la sentencia marca una serie de aspectos por los cuales la culpabilidad se muestra como clara. Entonces, ¿por qué esta posición ahora de Díaz Ayuso? ¿Por qué hablar de jueces politizados? ¿Por qué dudar de la indepencia de los magistrados y los procesos? ¿No eran esas críticas que se hacían desde las filas de la izquierda? ¿Qué motivos hay para que se dé este cambio de tornas?
Son muchas las dudas que deja esta nueva variante del discurso de Díaz Ayuso. No obstante, mientras el ruido en torno a García Ortiz comienza a bajar, el generado en relación al juicio de González Amador sube un poco, aunque quizás no tanto como permitan las declaraciones que en el atril realiza la presidenta madrileña.