Tras conocerse este lunes la ponencia ofrecida por el Tribunal Constitucional con la que avala la ley de amnistía, pese a aceptar de manera parcial el recurso del Partido Popular, estas mismas filas se han pronunciado al respecto calificando la ponencia de “indecencia” y de un "pago político por siete votos” en el Congreso.
En rueda de prensa después de celebrarse la reunión del comité de dirección de los populares presidida por Alberto Núñez Feijóo, el vicesecretario de Cultura y portavoz nacional del PP, Borja Sémper, se ha referido a la reciente conocida ponencia del Constitucional para expresar el rechazo a la decisión que avala el texto que condona los delitos a los encausados por el ‘procés’ independentista catalán de 2017. "Nosotros dijimos que la norma constitucional o inconstitucional es corrupción política. La amnistía seguimos pensando que es corrupción política, y nos han escuchado ustedes muchas veces hablar de esto", ha declarado Sémper.
La decisión del Constitucional, comunicada a través de la ponencia elaborada por la magistrada Inmaculada Montalbán, se produce al considerar que “el legislador puede hacer todo lo que la constitución no prohíba explícitamente” destacando que “su porqué es jurídicamente indiferente, con indiferencia de cual sea su valor político”. Al hilo de ello, Sémper ha insistido en que “independientemente de lo que dictamine en su día cuando toque el Tribunal Constitucional la ley de amnistía es de una inmoralidad profunda que no va a cambiar nada, ninguna decisión a favor o en contra del Tribunal Constitucional, es un pago político por siete votos sigue siendo una indecencia política, sigue siendo una utilización fraudulenta de la norma política del Congreso para agasajar a sus socios parlamentarios y mantener esos siete votos en el Congreso”.
Por ello, el portavoz de los populares ha insistido en que la resolución del Constitucional no va a hacer cambiar su valoración. “Esta sigue siendo nuestra posición, nosotros dijimos que la norma constitucional o inconstitucional es corrupción política, la amnistía seguimos pensando que es corrupción política”, ha añadido.
Resolución prevista para finales de junio
Con todo y habiéndose publicado la ponencia de la magistrada, la primera gran sentencia del TC sobre la amnistía está programada para finales de junio, de manera que el debate comenzará formalmente en el pleno del 10 de junio, aunque la decisión final se espera en el siguiente, que arranca el día 24.
Será en esa sesión donde se abordarán también las peticiones de paralización de la sentencia presentadas por el Partido Popular, el Senado y tres magistrados del sector conservador del TC - Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel -, quienes reclaman frenar el procedimiento hasta que Luxemburgo resuelva las cuestiones prejudiciales pendientes. Sin embargo, el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ya ha rechazado esta posibilidad, subrayando que la función del tribunal no depende de otros órganos jurisdiccionales europeos.
En esta línea, el PP ha solicitado que Conde-Pumpido se abstenga en el caso, alegando que debería aplicarse el mismo criterio que dejó fuera del debate al magistrado conservador José María Macías, quien había opinado públicamente sobre la ley de amnistía siendo vocal del Consejo General del Poder Judicial. Argumentan que la esposa de Conde-Pumpido también fue vocal de ese mismo órgano.
Por su parte, fuentes del sector progresista del Constitucional ven estas maniobras como intentos dilatorios sin base jurídica y prevén que el pleno rechazará todas las recusaciones para allanar el camino a la sentencia. La mayoría conservadora, por su parte, asume que no tendrá fuerza suficiente para frenar el proceso.
Tras esta primera resolución, el TC bajará el ritmo y no retomará el análisis del resto de recursos hasta después del verano. Entre ellos, se encuentran los presentados por gobiernos autonómicos del PP, el de Emiliano García-Page y varios órganos judiciales, como el Supremo. Las fuentes consultadas indican que el tribunal seguirá resolviendo asuntos vinculados a la amnistía hasta, al menos, 2026.