El Tribunal Supremo ordenó al Gobierno hace unas semanas hacerse cargo de en torno a un millar de menores migrantes no acompañados que solicitaron asilo después de desembarcar en las costas de las Islas Canarias. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adelantó la reubicación de los menores este lunes, unos días antes de lo previsto. La idea pasa por trasladar a estos niños y jóvenes a la península para aliviar el escenario de colapso insular, donde gobiernan Coalición Canaria y Partido Popular. Sin embargo, el socio de la formación regionalista en el Gobierno autonómico vive un momento de extrema agonía argumental, atenazado por la pinza de Vox con la migración, mientras achica aguas por el polémico veto de los conservadores y los ultraderechistas a los musulmanes en el municipio murciano de Jumilla.
Difícil encrucijada para Génova, inmersa en un juego del equilibrio eterno entre los intentos por abarcar la centralidad a su izquierda y contener las fugas a su derecha. Concretamente hacia Vox, quienes sacan provecho de un debate incendiario que tan sólo beneficia sus intereses electorales. Así lo están reflejando las últimas encuestas, que han detectado un frenazo en las prospecciones del Partido Popular, contrastando con un crecimiento superlativo del ticket que encabeza Santiago Abascal. Una realidad en la que a los populares se les abre otro frente: el reparto de menores no acompañados que solicitaron asilo en España.
Bloqueo Génova
Tras el tirón de orejas del Alto Tribunal al Gobierno de España, éste aceleró los plazos para iniciar cuanto antes el reparto. De ahí que el próximo 26 de agosto esté marcado en rojo en el calendario político. Será el día en el que el Gobierno, si nada se tuerce, aprobará la tabla definitiva con el número de menores migrantes no acompañados que cada comunidad deberá acoger procedentes de Canarias y Ceuta. Cifras que ponen en cuarentena diversas autonomías del Partido Popular. Precisamente son los conservadores los que llevan tiempo postergando este reparto, así como la regularización de migrantes en el Congreso, donde esta iniciativa legislativa popular (ILP) duerme el sueño de los justos de hace más de un año.
La cuestión reside en el “desigual” reparto que censuran en el Partido Popular. Génova puso pegas desde un primer momento al acuerdo del Gobierno con Junts per Catalunya para reducir la ratio de menores migrantes a acoger por dicha región. También en el País Vasco, que según figura en los datos, no tiene la obligación de recibir tutelas nuevas. Ello se debe a que el Gobierno valora positivamente el esfuerzo previo en los últimos años, por lo que concedieron tal “premio” a sendas autonomías.
A las paradójicas contradicciones de Canarias, se le sumaría también las otras islas: las Baleares, bajo el control de la conservadora Marga Prohens. La dirigente del Partido Popular se opone firmemente al reparto, aunque es posible que en meses tenga que recurrir al mecanismo ante las sospechas de que el tráfico de la ruta argelina a su territorio siga creciendo.
El plan del Gobierno
Los traslados de menores migrantes no acompañados desde Canarias a la península, previstos para este lunes, estuvieron a punto de retrasarse por falta de coordinación entre el Ministerio de Migraciones y el de Juventud e Infancia. El Gobierno canario, responsable de su tutela, reclamó más datos sobre fechas y acompañantes, y finalmente envió las órdenes de salida para diez jóvenes, que se desplazarán este lunes.
El plan contempla que, a finales de esta semana, se trasladen otros 15 menores, y mantener un ritmo de dos derivaciones semanales con entre 15 y 20 personas cada una. En el mejor escenario, moviendo a 40 adolescentes por semana, se tardarían unos seis meses en cumplir el mandato del Tribunal Supremo. Actualmente, el Sistema Nacional de Acogida y Protección Internacional (SNAPI) registra 1.050 menores, aunque Canarias tutela a 5.180 en total.
Los primeros trasladados irán a centros estatales distribuidos por todo el país. El Consejo de Ministros aprobó 40 millones de euros para crear 1.200 plazas en la península, priorizando centros pequeños gestionados por ONG. El Ejecutivo optó por este modelo tras el cierre del Creade de Pozuelo de Alarcón por orden del PP, y por la negativa a usar el de Alcalá de Henares, rodeado de polémica.
Pese a las resistencias de Isabel Díaz Ayuso, la Comunidad de Madrid tendrá que acoger a unos 700 menores como parte de la nueva derivación obligatoria que comenzará en septiembre gracias a la reforma de la Ley de Extranjería.
Según el Ministerio de Infancia, la entidad colaboradora Engloba está detectando perfiles de “alta vulnerabilidad” entre los menores dispuestos a viajar a la península. Casi el 90% son malienses que huyen del hambre y de la violencia yihadista en el Sahel. Entre ellos hay niñas y adolescentes para las que se estudian medidas de traslado más rápidas.