La derecha valiente en España es aquella que, con el único propósito de hacer daño a Pedro Sánchez y debilitar el Gobierno de coalición, ataca al estrato poblacional más débil. Si a la previsión de ganancias elaborada por los analistas de Génova se le añade la posibilidad de arañar unos cuantos votos a los socios reaccionarios de Vox, el Partido Popular (PP) se lanza en una carrera por ver qué formación es más abiertamente racista. El líder de los azules, Alberto Núñez Feijóo, dio esta orden y en Madrid han volado las caretas.
El despliegue xenófobo de las autoridades del PP en la Comunidad de Madrid no es algo novedoso. Desde Alcalá de Henares, con Judith Piquet como alcaldesa contra todo aquel que no sea blanco, los bulos y la campaña contra el reparto de migrantes lleva activa varios meses. Sin embargo, desde que Feijóo tocó la corneta nacionalcatólica se ha agravado el odio contra los menores con necesidad de asilo, desplazándose el campo de batalla hasta Pozuelo de Alarcón, donde el Ayuntamiento de la conservadora Paloma Tejero solo quiere refugiados ucranianos.
La realidad es tan cruda como esa. El Consistorio ha ordenado el cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE), donde se había planteado que pudiesen alojarse 400 menores solicitantes de asilo que le corresponde en el reparto a la Comunidad de Madrid. La justificación dada es la supuesta falta de licencia para el alojamiento, algo que sorprende, dado que desde 2022 se ha recibido allí a migrantes ucranianos, de los que aún quedan en torno a 200 en las instalaciones. Sin embargo, casualidades de la vida, el problema con la licencia ha llegado justo ahora.
En los últimos tres años no se había producido ninguna inspección, pero ante la posibilidad de tener que acoger a menores migrantes menos rubios y blancos de piel, la alcaldesa consideró apropiado ordenar esta actuación. Para Tejero, según justifica este viernes en una entrevista concedida a El Mundo, “no son situaciones comparables”. La líder del Ayuntamiento no conoce la procedencia de los menores que llegarán ni si en sus países se está desarrollando algún conflicto o persecución de las decenas que están cronificadas en África, pero eso importa poco.
Ayuso lidera el levantamiento
Y la jefa tan contenta. La reacción en los diferentes municipios de la Comunidad viene espoleada por la lideresa autonómica del Partido Popular, quien reniega de acoger ningún migrante, incumpliendo así la ley. El Tribunal Supremo ha mandatado al Gobierno central que se haga cargo de la tutela de los miles de solicitantes de asilo atendidos por la red canaria y este respondió la semana pasada con la aprobación de un Real Decreto para reubicar a 3.000 menores procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla por los diferentes territorios nacionales.
400 de estos jóvenes podrían ir a parar al centro de titularidad estatal ubicado en Pozuelo de Alarcón, donde pleno municipal se ha opuesto y ahora ha ordenado el cierre. A la par, el Ejecutivo de Ayuso ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto de reubicación, alegando que “vulnera competencias autonómicas”. La norma se ha recurrido, justifica la Comunidad, por “invadir competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social, por falta de justificación de urgencia y por utilizar un instrumento inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas".
Las competencias de asilo, como ha certificado el Supremo, corresponden al Estado y la norma ha sido aprobada legalmente por el Consejo de Ministros. La urgencia está totalmente justificada por la situación de tensionamiento extremo que están sufriendo las instancias y administraciones Canarias, que no pueden dar una acogida digna y segura a un número tan grandes de solicitantes con los recursos disponibles. Asimismo, el abordaje a través de una ley orgánica negociada ha sido rechazado por el PP a nivel nacional y por las autonomías que gobierna.
Con todo, parece que la única pretensión de la oposición, con especial influencia en Madrid, es seguir avanzando en la estrategia electoral a la que han llamado sus líder. Robar votos a la derecha, comprando tesis racistas, y buscar debilitar a los partidos de Gobierno, renunciando a una negociación legislativa y forzando a la pugna judicial y mediática. Los afectados por este vergonzante teatrillo, niños necesitados de asilo que huyen de la pobreza y la crueldad de sus países, tratados como mera mercancía argumental.