La votación registrada en la tarde de este martes en el pleno del Congreso de los Diputados ha tumbado la ley migratoria de PSOE y Junts para la delegación de competencias en materia inmigratoria a Cataluña, con 177 votos en contra de Podemos, Partido Popular (PP), Vox, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, frente a 173 a favor.
El rechazo llega después de que el pasado mes de marzo el Grupo Socialista y la formación de Carles Puigdemont cerraran el acuerdo después de que Junts retirara la iniciativa con la que instaban al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza. Pese a ello, ambas formaciones han tenido al frente el rechazo rotundo de las dos principales fuerzas de derecha, UPN y Podemos, quien ya adelantó la pasada semana que daría su negativa a la ley al considerarla “racista”.
En este sentido, la formación morada defendió que la proposición de ley tiene "intenciones abiertamente racistas", especialmente en la exposición de motivos donde, según sostienen, se desprende la inmigración como un problema y "un riesgo para la convivencia y la cohesión social". Algo que se ha convertido en fuente de debate durante el pleno de este martes, donde tanto el Gobierno de Salvador Illa, como ERC y Bildu han acusado a Podemos de considerar esta ley de racista. Por su parte, la portavoz del Gobierno de Cataluña, Sílvia Paneque, ha sostenido que no ve "ningún elemento" que pueda ser definido como racista en la proposición de ley para el traspaso a Cataluña de las competencias en materia de inmigración. "Lo que podemos certificar es que no hay ningún elemento que pueda ser calificado de racista en la proposición de ley. No entendemos y es poco afortunado el debate que se ha generado al respecto de esta tramitación", ha destacado Paneque.
En líneas similares, el dirigente de ERC, Gabriel Rufián, se ha dirigido a Podemos al admitir que sus críticas era la parte "más difícil", dado que "respeta mucho" a la gente de Podemos y ha llegado a decir que sus líderes es lo "mejor" de la generación de políticos progresistas. Pese a ello, Rufián ha rechazado la postura de la formación morada porque resulta "bastante kafkiano" decir que es una norma racista porque la presenta Junts, obviando que también es el PSOE quien la propone. Así, ha defendido que estas competencias no son para la "derecha catalana, por suerte", sino para una "nación" y ha advertido que el camino que emprende Podemos este martes es "muy peligroso". "Decir que solamente vamos a votar aquellas competencias de las comunidades gobernadas por quienes nos gustan creo que es terriblemente jacobino. No digo que lo sean, ¿eh? Pero, hombre, a veces sí", ha enfatizado.
Discurso similar el sostenido por el diputado de Bildu Jon Iñarritu que ha advertido a Podemos que votar con las "derechas más extremas y centralistas no les ayudan" y ha instado a que, como formación que apoyó la investidura del Gobierno al igual que Junts, se sienta corresponsable de las iniciativas que llegan al Congreso o "aquí no se aprueba nada".
De la gestión de los CIE a las competencias de los Mossos en la frontera
En un principio y pese a haber sido tumbada, la propuesta de PSOE y Junts contemplaba la gestión de la Generalitat de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la devolución de los extranjeros que tengan prohibición de entrada, así como que los Mossos d'Esquadra gestionen junto a la Guardia Civil y la Policía Nacional la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas, para lo que la policía autonómica actuaría en frontera para hacer cumplir la ley en cooperación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, Cataluña se configuraría como "ventanilla única" en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración y expediría el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español. También se contemplaba el incremento del número de Mossos en 1.800 efectivos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes.
Por otra parte, el acuerdo también recogía que fuera la autonomía la que ejerciera la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos, de manera que instruiría y ejecutaría expulsiones que no requisieran devoluciones, y las que sí lo requisieran se resolverían a partir de la propuesta formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad catalana.
Asimismo, la Generalitat también sería la encargada de determinar el contingente de trabajadores extranjeros en la contratación en origen, aplicaría las previsiones de la legislación vigentes en materia lingüística, y serían los Mossos quienes ejercieran la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y explotación de seres humanos. Por último, el Estado transferiría "los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios" para que Cataluña los pudiera ejercer.