El clamor por la vivienda ha llegado a las herméticas paredes del Congreso de los Diputados y, con él, las promesas electorales y programáticas. Una semana después de que se pusiera en marcha la acampada en Sol para protestar por la situación del mercado inmobiliario, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha intentado barrer para casa y ha anunciado que también quiere este asunto protagonice una de las primeras decisiones de un eventual Gobierno del Partido Popular. El líder popular se comprometió este sábado, durante su intervención en el Foro La Toja, a aprobar su plan de vivienda durante el primer mes de mandato si llega a La Moncloa.
El programa del PP en relación a la vivienda tiene la construcción como principal objetivo. En enero, el partido presentó una batería de 15 medidas para afrontar lo que entonces cifraba en 700.000 viviendas el déficit existente y que, según sus cálculos, aumentaría en unas 160.000 cada año. La formación popular plantea que la política de vivienda debe actuar fundamentalmente sobre la oferta, frente a un modelo basado en mayores regulaciones, un planteamiento que se concretó durante el verano y septiembre. Feijóo sostiene que su modelo permitiría sentar las bases para construir un millón de viviendas y generar unos 750.000 empleos, movilizando suelo, reduciendo trámites, favoreciendo la colaboración entre administraciones y el sector privado y ofreciendo incentivos fiscales para aumentar tanto la construcción como la compra de vivienda. En definitiva, pocos cambios a la política tradicional del PP en esta materia.
Liberación del suelo, bajadas de impuestos y oferta privada
Uno de los pilares que plantea el PP para su programa sería, precisamente, liberar suelo y acelerar los procedimientos urbanísticos. Entre las propuestas figura aplicar el silencio administrativo positivo (si no se contesta a una reclamación o petición en 90 días, se da automáticamente por aprobada), movilizar suelo disponible con una reducción del precio respecto a la media de mercado y aprobar una nueva Ley de Suelo que aporte mayor seguridad jurídica a los planes urbanísticos. El PP también plantea reducir de diez a cuatro años el periodo necesario para desarrollar determinadas operaciones mediante un denominado Plan Residencial Estratégico. En esencia, este punto consiste en aportar garantías y protección para constructores y promotores, con el residente y el inquilino en un segundo plano.
El segundo gran bloque son los incentivos económicos. En otra medida marca de la casa del PP, Feijóo ha planteado rebajar del 10% al 4% el IVA para jóvenes que compren vivienda nueva, introducir bonificaciones en el IRPF y crear una denominada Hucha Hogar Joven. También contempla avales públicos que puedan alcanzar el 95% o incluso el 100% de la financiación y reducciones fiscales de hasta el 60% en determinados supuestos. Los 'populares' escenifican su argumentación con el ejemplo de un joven con salario medio que empiece a trabajar a los 25 años y quiera comprar una vivienda a los 30. Según sus cálculos, las medidas fiscales podrían representar entre 21.000 y 26.000 euros de ayuda y reducir en unos 50.000 euros la cantidad necesaria para formalizar la compra de una vivienda de 250.000 euros, según estimaciones del propio partido y que dependerán, en todo caso, de las condiciones concretas de cada comprador, de la aplicación efectiva de las medidas y de la situación que atraviese el mercado.
La tercera apuesta del PP es vincular la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos a los resultados que obtengan en materia de vivienda. Los de Feijóo proponen aumentar los recursos para aquellas administraciones que pongan suelo, agilicen licencias y faciliten la construcción. También plantea permitir que los ayuntamientos utilicen remanentes para políticas de vivienda. La lógica por la que se guían es que el Estado no llega a todo ni puede solucionar por sí solo un problema cuyas competencias están ampliamente distribuidas entre las distintas administraciones.
El plan incorpora también medidas dirigidas al mercado del alquiler y a los propietarios, protegiendo especialmente a éstos. En concreto, el PP defiende una mayor seguridad jurídica y se opone a determinadas medidas de control de rentas y prórrogas obligatorias impulsadas por el Gobierno. También incluye una ley contra la ocupación ilegal que, según su propuesta, permitiría desalojos en 48 horas en determinados supuestos y pretende combinar la protección de los propietarios con ayudas para familias vulnerables.
El alquiler, en máximos históricos
El contexto en el que Feijóo formula estas promesas es delicado. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que el precio de la vivienda aumentó un 12,2% interanual en el segundo trimestre de 2026, mientras que la vivienda nueva subió un 7,4% y la de segunda mano, un 12,9%. En términos trimestrales, el incremento general fue del 3,4%. Por todo ello, la presión no se limita a la compra: el alquiler se ha convertido en uno de los principales problemas económicos para los hogares, especialmente en las grandes ciudades y entre los jóvenes. En paralelo, el Estado mantiene un modelo de regulación de las denominadas zonas de mercado residencial tensionado. Durante 2026 se han seguido declarando nuevos ámbitos de este tipo, que permiten aplicar mecanismos específicos de regulación de rentas bajo las condiciones previstas en la Ley de Vivienda.
Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez ha respondido con una estrategia diferente. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 moviliza 7.000 millones de euros en cinco años, con una aportación estatal del 60% y de las comunidades autónomas del 40%. El Ejecutivo sostiene que ya se han movilizado más de 120.000 viviendas de alquiler asequible y que en el primer trimestre de 2026 se licitaron 2.800 nuevas viviendas públicas, el mayor volumen de licitación en 18 años según el propio Gobierno. En cualquier caso, las cifras son insuficientes y la confrontación entre ambos modelos ha quedado especialmente expuesta esta semana.
El Gobierno aprobó dos reales decretos que incluían medidas sobre protección de inquilinos, contratos de alquiler y ampliación de la oferta asequible, pero el Congreso los rechazó el 2 de octubre. Las resoluciones publicadas por el BOE dejaron sin efecto ambos textos. Precisamente ese fracaso parlamentario le ha dado al líder del PP una percha para presentar su programa pero, si el PP llega al Gobierno, tendrá las mismas dificultades que el Gobierno actual en el sentido de que no es lo mismo aprobar un plan y conseguir que sus efectos lleguen rápidamente al mercado. Una parte importante de las propuestas populares requiere cooperación entre administraciones y empresas y en algunos casos incluso cambios legales. Además, aumentar significativamente el parque residencial no es una operación inmediata, sino que lleva años de planificación.
En esta cuestión reside el principal reto del compromiso electoral de Feijóo: los plazos. En un primer mes de Gobierno apenas habría margen para aprobar el marco político y legislativo del programa, activar algunas medidas fiscales y poner en marcha los mecanismos de coordinación, pero el objetivo de un millón de viviendas pertenece, obligatoriamente, a un horizonte mucho más largo. Por ahora, la promesa está formulada: si llega a La Moncloa, Feijóo quiere que la vivienda sea una de las primeras decisiones de su Ejecutivo. Lo que todavía queda por concretar es cómo se convertirán las 15 medidas anunciadas, el objetivo de un millón de casas y los incentivos fiscales en una política capaz de modificar un mercado cuya principal característica hoy es el desequilibrio entre oferta y demanda y unos precios que asfixian a la población, y cómo se podrá luchar contra eso desde un prisma que no tiene la regulación entre sus opciones plausibles.
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