El aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la Ley de Amnistía vuelve a poner en movimiento las piezas del bloque que facilitó la investidura de Pedro Sánchez… pero no en la dirección que se esperaba en Moncloa. Al menos por el momento. Partido Socialista y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ponían la liebre a correr, a la espera de la reacción de Junts per Catalunya tras una primera aparición más timorata. Sendas fuerzas progresistas elevaron la presión sobre los neoconvergentes para forzarles a salir de su trinchera e integrarse de nuevo en la mayoría parlamentaria. Sin embargo, las respuestas desde Waterloo no son halagüeñas para el bloque. Mantienen las distancias y responsabilizan a los socialistas de no haber impulsado reformas de calado en la judicatura pese a todo.

En el Gobierno confiaban en que una resolución europea favorable pudiera transformarse en una vía de escape para el rush finale de una legislatura plagada de viento judicial adverso para el PSOE. El cálculo pasaba por que la decisión del TJUE relajara las posiciones de Junts, facilitara el regreso de Carles Puigdemont a España y permitiera recoser la mayoría que mantuvo a Pedro Sánchez en la Moncloa tras el 23J. Una recomposición imprescindible para afrontar las tareas pendientes en la hoja de ruta de Moncloa, especialmente la financiación autonómica y la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado – los primeros y últimos del cuatrienio – que amortiguaran el impacto de la oleada de titulares negativos que acecha al socio mayoritario del Ejecutivo y, en especial, a su líder.

La reacción inicial de Junts, no obstante, ha enfriado en cierta manera las expectativas en Moncloa que, pese a la confianza, sabían que darle la vuelta a la tortilla catalana no sería tan sencillo. Los de Carles Puigdemont no comparten la lectura del Gobierno en relación al fallo de la justicia europea. Es decir, que para los neoconvergentes no supone un punto de inflexión, pues insisten en mantener la presión sobre un PSOE que – dicen – ha incumplido constantemente sus compromisos, al margen de no acometer una renovación profunda del sistema judicial español. Frente a esa posición, socialistas y republicanos han lanzado sus primeras contrarréplicas. Distintos mensajes, pero con un nexo común: reclamar a Junts que mueva ficha y regrese al paraguas de la mayoría de la investidura.

Puente pide un gesto a Puigdemont

De entre la maraña de reacciones destaca la del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. El socialista ha emplazado abiertamente al expresident de la Generalitat a regresar a España tras el fallo del TJUE. El vallisoletano sostiene que Puigdemont debería asumir el riesgo de ser detenido para evidenciar las contradicciones existentes entre la legislación aprobada por las Cortes, la interpretación de los tribunales europeos y la doctrina de ciertos órganos del Poder Judicial español. “Si yo fuera él, me plantaba hoy en España sin ninguna duda. Y que me lleven a prisión”, defendía el ministro durante una entrevista concedida a Las Mañanas de RNE.

Puente considera que este gesto transmitiría un mensaje claro y reforzaría el “liderazgo político” del expresident, forzando a afrontar una situación que considera insostenible para los tribunales españoles. Con todo, reconocía que el Gobierno estaría obligado a cumplir cualquier mandato judicial de detención, pero al mismo tiempo sostenía que el líder de Junts debería tomar una decisión coherente con lo establecido por la legislación española, el Tribunal Constitucional y, ahora también, el TJUE. Tan sólo el Supremo alimentaría la incertidumbre de su situación procesal.  “Si yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido que yo sea libre, pues vamos a ponernos todos colorados de una vez”, señalaba, antes de rematar su argumentación con una referencia al refranero español: “Más vale un minuto colorado que toda la vida amarillo”.

El mensaje del ministro pretende trasladar la presión desde el Ejecutivo hasta el propio Puigdemont. El fallo europeo, según la lectura socialista, refuerza la legitimidad de la amnistía y deja cada vez menos margen para mantener indefinidamente el conflicto en los mismos términos. En Junts, sin embargo, consideran que el problema no está resuelto mientras la norma no se aplique plenamente a todos sus beneficiarios.

ERC toma posiciones

Regresos al margen, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, emplazaba a Junts a regresar a la mayoría que permitió la investidura de Sánchez. Durante una intervención en el Nueva Economía Fórum, el dirigente republicano pedía aprovechar el tramo final de la legislatura para sacar adelante el nuevo sistema de financiación autonómica, la condonación de la deuda catalana vinculada al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y los Presupuestos Generales del Estado para 2027. El líder de Esquerra advertía de que es “extremadamente frívolo” flirtear con una moción de censura o con una cuestión de confianza sin tener en cuenta el riesgo que, en su opinión, representan PP y Vox para la democracia liberal, la convivencia territorial y los derechos sociales.

El líder de ERC contraponía así la búsqueda de resultados concretos a los “discursos maximalistas”, mientras defendía que la mejor manera de proteger los intereses de Cataluña pasa por construir soluciones y ser útiles para frenar a la extrema derecha. “Conformemos una mayoría que permita conquistar todas estas cuestiones”, reclamaba. Junqueras considera que ninguno de los partidos que respaldaron a Sánchez puede ser prescindible y ha llamado a recomponer el bloque para aprobar la financiación, la quita de la deuda y unas nuevas cuentas públicas.

ERC, no obstante, también lanzaba una advertencia al Gobierno. Junqueras garantiza que su partido trabajará para que la Administración General del Estado tenga “los mejores Presupuestos posibles”, pero ha condicionado ese apoyo a que el Ejecutivo se tome en serio la negociación. “Si la operación Presupuestos es algo más que una campaña publicitaria, ahí estaremos, exigentes y dialogantes, porque nuestro lema nunca ha sido ‘cuanto peor, mejor’”, remataba, parafraseando al expresidente Mariano Rajoy.

Junts culpa al PSOE y rechaza mezclar carpetas

Los neoconvergentes no tardaron en responder a las presiones cerrando filas en torno a su estrategia. Su secretario general, Jordi Turull, acusaba al PSOE de carecer de un verdadero proyecto para España y de orientar sus decisiones únicamente a mantenerse en el poder. “Cuando están en la Moncloa se sienten inquilinos, no propietarios, y no quieren tirar ninguna pared maestra al suelo”, afirmaba en una entrevista en TV3. Según Turull, los socialistas no se atreven a reformar el Poder Judicial ni a afrontar los cambios estructurales que reclama su formación.

El dirigente posconvergente ha vinculado esa falta de reformas con los casos judiciales que afectan a dirigentes y exdirigentes socialistas. A su juicio, el PSOE puede mostrarse ahora más sensible ante las denuncias de lawfare porque algunas de sus figuras también se enfrentan a procedimientos judiciales. Respecto a la amnistía, Turull también cargó contra jueces como Pablo Llarena y Manuel Marchena, a quienes acusaba de practicar “activismo político con toga”. Aprovechando la coyuntura, el número dos de los neoconvergentes negaba que Junts haya retomado las conversaciones con el PSOE tras la sentencia europea.

Dado que no han cumplido con tantas cosas a las que se habían comprometido, hacer según qué comedias no tiene sentido”, indicaba. Junts reivindica además que el aval del TJUE se debe, en parte, a la posición que mantuvo a principios de 2024, cuando se negó inicialmente a apoyar la ley para exigir un mayor blindaje de los investigados por terrorismo, especialmente los miembros de los Comités de Defensa de la República. Turull también ha evitado aclarar cuándo podría comparecer Puigdemont, aunque sostenía que el expresidente “habría salido” públicamente si se hubiera encontrado en Cataluña.

Sobre las propuestas de Junqueras, el secretario general de Junts reclamaba “no mezclar carpetas”. Su formación permitirá que se tramite la ley sobre la condonación de la deuda del FLA, aunque tratará de elevar la cantidad perdonada. También rechaza que la financiación catalana termine diluida en un nuevo modelo general que consolide, en palabras de Turull, “el café para todos”.

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