Las páginas del BOE que Moncloa escribirá antes de las elecciones o con el Gobierno en funciones

El Gobierno de coalición quiere exprimir los que pueden ser sus últimos días al frente del país. PSOE y Sumar reniegan de dejarse en el tintero muchas leyes que pretendían alumbrar en lo que quedaba de legislatura, antes de que Pedro Sánchez anunciase la disolución de la Cortes Generales y convocase elecciones para el próximo 29 de noviembre. Conocedores de que estas normas no verán la luz si Partido Popular (PP) y Vox llegan a La Moncloa, el Ejecutivo prepara un último atracón legislativo.

Sánchez dejó claro, pocos días después de anunciar el adelanto electoral, que iba a “seguir gobernando” y el Consejo de Ministros es la vía. La Diputación Permanente, que cumple las funciones legislativas hasta que se constituyan nuevas Cortes, será la encargada de validar o tumbar los reales decretos, con la peculiaridad de que el bloque de Gobierno, contando con el PNV, sí que tiene mayoría (35 escaños) frente a la oposición de PP, Vox y Junts (34 escaños). Además, el Gobierno incluso plantea seguir aprobando normas en funciones, hasta que se forme un nuevo Ejecutivo tras las elecciones.

Pensiones, SMI y otras medidas que se aprobarán

La medida más importante que el Gobierno quiere impulsar, clave por el protagonismo de la materia en la campaña electoral, es la revalorización de las pensiones conforme a la inflación de 2026, que afecta a 9,5 millones de personas. La ley establece que esta actualización se produzca de cara a enero, atendiendo al Índice de Precios de Consumo (IPC) medio hasta noviembre, que se prevé en torno al 3,5%, pero no se conocerá hasta diciembre, cuando se publica la estadística y ya habrá una nueva estructura parlamentaria.

Pese a estar contemplado por ley, el Gobierno debe firmar su subida y que las Cortes la aprueben. En consecuencia, el Ejecutivo prevé adelantar la firma de la revalorización y que sea la diputación permanente quien certifique lo dictado. Cabe destacar que, a parte de la revalorización de las pensiones contributivas, lo habitual es que las no contributivas crezcan en mayor medida, igual que las mínimas contributivas, que deben alcanzar un 75% del umbral de pobreza de una persona que vive sola. Además, el también se acelera para reconocer la pensión de viudedad a las parejas de hecho no registradas pero que tengan hijos en común.

Otro aspecto clave es la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que percibe casi un 20% de los trabajadores, en torno a tres millones de personas. El incremento de esta cuantía, que ha servido como vía de aumento para muchos asalariados, debido a los bajos sueldos que pagan las empresas, se prevé que sea superior a la inflación. La desaparecida ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretende despedirse de la cartera con una última medida en favor de lo que menos cobran, que sería apoyada por los sindicatos y rechaza, como siempre, por la patronal.

CCOO y UGT han propuesto un alza del 7% y la CEOE se ha mostrado contraria a que los trabajadores más precarios cobren más de 1.221 euros brutos. Ni una ni la otra parece que vaya a ser la elección. Los informes de los expertos, en los que se ha solido apoyar la responsable de Trabajo, apuntan a un 5% y parece que por ahí irán los tiros. De aprobarse este porcentaje, la cuantía mensual para un SMI percibido en 14 pagas pasaría a ser de 1.282 euros.

Otro de los abordajes que prepara el Gobierno toca a otra pata clave del Estado: los funcionarios. Estos, 3,5 millones de personas, deberían disfrutar de una subida salarial del 4,5% de cara a 2027, parte de acuerdo marco que se firmó con UGT, CCOO y CSIF (un 11% entre 2025 y 2028), además del 0,5% variable de 2026 que se les abona (retroactivamente) si la inflación cierra por encima del 1,5%, algo que ya puede decirse que sucederá. Este acuerdo entre partes no es ley, por lo que debe impulsarse un decreto que así lo recoja, como en anteriores años, y que el legislativo lo convalide.

La Educación es la última arista. El Ejecutivo pretende cerrar la aprobación de los leyes importantes antes de que finalice su mandato. La primera de ellas es aquella que reduce sustancialmente las ratios máximas de niños por profesor en la educación infantil (0-3 años), una de las reivindicaciones de la educadoras en huelga de Madrid y el resto de España. La otra se centra en establecer limitaciones a las FP privadas, que están funcionando como chiringuitos aprobados por el PP, exigiéndoles unos mínimos de calidad y presencialidad, algo similar a lo que se ha intentado con las universidades.